El artículo de Dimas Castellanos publicado en este periódico el 2 de agosto es un catálogo de temas de importancia para el futuro del país, que deben ser debatido por la mayor cantidad posible de ciudadanos.
Que el Gobierno cubano haya separado unos tres meses para "consultas" públicas abre una rara oportunidad para que los cubanos se organicen y reúnan para discutir minuciosamente los diversos aspectos del proyecto constitucional, aun cuando el mismo no tenga un origen legítimo. Esa posibilidad de reunión y discusión — para la cual los ciudadanos deben prepararse en aras de sacarle el mayor provecho—puede calificarse de excepcional en las casi seis décadas de dictadura.
Aunque los cubanos en su mayoría no estén acostumbrados a este tipo de intercambio libre, esta es una oportunidad no solo para ejercitar sus derechos a expresar diversas opiniones, sino también para organizarse en grupos de discusión que eventualmente conlleven a acciones colectivas de acuerdo con sus intereses personales. El poder de la dictadura se ha basado tanto en restringir la libertad de expresión como en monopolizar la capacidad de organización de los ciudadanos, manteniéndolos aislados para que no puedan colaborar entre sí ni tengan fuerzas para tratar de influenciar al Gobierno.
A manera de ejemplo, Dimas Castellanos resalta tres temas constitucionales de importancia crítica: el de la naturaleza del socialismo y el comunismo en Cuba, el de la diversidad de creencias y la discriminación, y el que trata sobre la propiedad y la riqueza.
Por supuesto, hay muchos otros temas que pueden y deben debatirse, pero estos tres dan mucha tela por dónde cortar y están íntimamente vinculados con los factores que habrán de determinar la calidad de vida de los cubanos en los próximos años. Pero, ¿qué grado de preparación tienen los ciudadanos en la Isla y los líderes de las organizaciones independientes del Gobierno para participar en los debates y extraerles el máximo beneficio? No es una pregunta retórica. La capacidad de los líderes de los movimientos independientes en Cuba se está poniendo a prueba en estas circunstancias. El desafío consiste en saber aprovechar esta oportunidad inteligentemente. La apatía o indiferencia en participar activa y repetidamente en los debates sería interpretada como evidencia de que muchos de los ciudadanos cubanos, hombres y mujeres, están esencialmente conformes con el régimen y sus modos de manejar los asuntos políticos y económicos.
Debemos tener en cuenta que los debates del anteproyecto de Constitución en la Asamblea Nacional, a pesar de haber sido sumamente pobres y superficiales, dejaron ver contradicciones e incoherencias en el documento y en el proceso de discusión. Y es precisamente en esos puntos donde surgen elementos que dejan ver, por accidente, algunas discrepancias que pueden servir de base para debates mayores y acciones de seguimiento.
Por ejemplo, ¿cómo se habrá de compatibilizar el nombre del Partido Comunista de Cuba con la decisión de eliminar el concepto y hasta la palabra comunismo? Los cubanos deben reflexionar sobre la veracidad anterior de estos conceptos, el por qué fueron importantes durante tantos años, y sobre las razones que de pronto aparecen para justificar tales cambios. Sobre estas líneas es lógico preguntarse qué valor tendrá ahora el papel del Partido en el marco de una nueva constitución y cuál entidad debe dominar sobre la otra. Y en esta misma línea de indagación cabe preguntarse: ¿cómo se eligen los miembros del Partido? ¿No debieran estar los mismos sujetos a los preceptos constitucionales? De manera similar uno puede cuestionarse la validez del respeto por las creencias y extenderlo, como Castellanos sugiere, a los credos ideológicos y políticos. Si la constitución consagra el derecho de cada ciudadano a adoptar libremente el credo de su preferencia, ¿por qué se discrimina al cubano por creer en diversas formas de organización económica, política y social?
Estos tópicos están íntimamente entrelazados con el tercer tema del artículo, el de las relaciones entre la propiedad y la riqueza. Por ejemplo, los cubanos deben comprender y discutir las implicaciones de que el Gobierno decida, central y arbitrariamente, cuántas propiedades debe tener un ciudadano y cuánta riqueza debe acumular. En este contexto, ¿qué saben los cubanos de las propiedades (y su precio) que poseen o usufructan los líderes máximos del gobierno, del Partido o los militares a cargo de empresas estatales? ¿Dónde y cómo puede saberse esa información?
Las oportunidades que le abre al ciudadano el debate o consulta constitucional incluyen la de cuestionarse y cuestionar al Gobierno sobre temas de máximo interés nacional. Desde el comienzo del castrismo en 1959, los dirigentes han gobernado sin la menor preocupación por informarle al pueblo lo más elemental sobre la economía, sus salarios, las relaciones internacionales, las guerras extranjeras y hasta las cuestiones de vida o muerte. Así, el ciudadano actual se ha acostumbrado a ser un mero espectador de los asuntos públicos del país.
Esta situación es tan contra natura que tarde o temprano deberá cambiar por un puro proceso evolutivo. Pero con un aumento de la conciencia ciudadana sobre estos problemas, quizás ayudada por oportunidades de un alto valor estratégico como la que se presenta ahora mediante los debates constitucionales, el estancamiento crónico que ha dominado los asuntos cubanos por tanto años pudiera quebrarse. ¿Tendrán los líderes de la oposición en Cuba la capacidad de maniobrar estratégicamente en este cambio de juego? ¿Podrán organizar a la ciudadanía y conducirla a debates organizados y fructíferos? ¿Podrán los líderes de la oposición en el exilio responder eficazmente a posibles iniciativas castristas de influenciar o reprimir el debate llamado por el propio Gobierno?
Recordemos el viejo refrán de que "la ocasión la pintan calva". Los debates pueden (y deben) extenderse por más de los tres meses indicados. La responsabilidad histórica de todos es grande, pero muy en especial la de los activistas. Fallar en la preparación y organización de los debates sería imperdonable y aplazaría el comienzo de una marcha progresiva hacia una verdadera república de Cuba libre.