Cuba concluyó el año 2017 con un fondo de viviendas de alrededor de 4.000.000, pero con un déficit que ronda el millón de inmuebles, según datos publicados recientemente por el extinto Instituto Nacional de la Vivienda y que recoge la revista oficial Temas. El número supera la cifra de 883.050 manejada por el Gobierno.
La capital tiene una situación todavía más difícil: sobre un fondo existente de unas 700.000, se calcula un déficit que ya supera las 200.000.
Para la publicación, "las perspectivas no son halagüeñas", teniendo en cuenta que "hace diez años se construían todavía unas 50.000 viviendas anuales" y actualmente solo unas 20.000.
Para colmo solo la mitad de esta última cifra es asumida por el Estado. La responsabilidad de levantar esa otra mitad, el Gobierno la ha depositado sobre los hombros de las familias.
A ello se suma que este año el huracán Irma derrumbó unas 30.000 viviendas, se llevó 25.000 techos y afectó de una forma u otra unas 160.000 viviendas.
En la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, las autoridades admitieron que del total de daños al fondo habitacional provocado por el meteoro solo el 22% había sido solucionado.
El medio dice que "desde 1959 deben haberse construido más de 2.000.000 de unidades habitacionales", pero lo cierto es que el régimen de La Habana ha incumplido sus planes invariablemente tanto en materia de nuevas construcciones como de restauración.
La revista cita otros factores como el "incremento de la demanda": "la población ha pasado de 7.700.000 a 11.200.000 millones de habitantes, el tamaño de la familia se ha reducido de casi cinco integrantes a 2,8 en el último censo (con lo que las familias han pasado de 1,6 a 3,9 millones), el mantenimiento del fondo construido ha sido mínimo y los movimientos migratorios internos han sido considerables".
Señala que Cuba tenía "un modelo en el que el Estado se atribuía casi exclusivamente la responsabilidad de la solución de los problemas habitacionales, la población era mayoritariamente arrendataria, no disponía ni de suelo, ni de proyecto ni de materiales para construir o reparar por cuenta propia y solo podía permutar su vivienda".
Ahora, "hemos pasado a una situación en la que la población es mayoritariamente propietaria de su vivienda, utilizándola no solo como residencia sino como fuente de ingresos o lugar de trabajo, el Estado solo construye para algunos grupos sociales priorizados (…) y las familias son las responsables de construir su vivienda".
Para Temas, "la exhortación a que las familias resuelvan sus problemas de vivienda por la autoconstrucción y que para ello utilicen materiales de producción local es sin duda una vía de solución oportuna, pero adecuada para las zonas rurales y los asentamientos pequeños".
Considera "un optimismo infundado" que "las 50 ciudades cubanas —y, en particular, La Habana— que representan la mitad de las viviendas del país puedan resolver sus problemas de vivienda por esfuerzo propio y con materiales locales".
"Este enfoque castiga particularmente a la capital del país que no solo está recibiendo un 10% del plan nacional de construcción de vivienda aunque alberga a un 20% de la población, sino que impide un eficaz enfrentamiento a las acumuladas carencias de rehabilitación y que se expresa trágicamente en los frecuentes derrumbes de edificios", sostiene.
En opinión del medio oficial, "los problemas no son solo de escasez de recursos materiales sino que se originan en enfoques excesivamente rígidos y esquemáticos".
A modo de preguntas sin respuestas, Temas propone una serie de cuestiones como la constitución de un Ministerio de la Vivienda y el urbanismo "para superar la actual fragmentación institucional" y una actualización en 2018 de los instrumentos jurídicos y tributarios "que logren controlar el excluyente mercado inmobiliario".
También la agilización y simplificación en 2018 de los trámites de la vivienda y en particular los relacionados con los créditos y los subsidios, asuntos que suscitan frecuentes críticas dentro de la población.
La publicación apuesta por la constitución en 2018 de "empresas —estatales, cooperativas o privadas— que construyan vivienda de alquiler para las parejas jóvenes o grupos vulnerables que no pueden acceder a una vivienda a precio de mercado".
Asimismo, "el libre ejercicio de la profesión de arquitecto, que permita asegurar la calidad y seguridad de las construcciones y recuperar la práctica de convocar concursos en la realización de proyectos arquitectónicos importantes".
Entre otras, considera significativo que se impulsen "las brigadas —estatales, cooperativas o privadas— de construcción y reparación de edificaciones altas para las ciudades principales del país" e "insertar nuevas edificaciones en la trama urbana existente para ahorrar suelo y compactar y hacer eficiente el funcionamiento de las ciudades".
Temas se pregunta si se logrará en 2018 "superar los enfoques esquemáticos y diversificar la oferta tanto tipológica como en la incorporación de nuevos agentes productivos y fomentar distintas formas de tenencia".
¿Se promulgarán en 2018 las cada vez más necesarias Ley del suelo y Ley inmobiliaria?, se pegunta por último.