El Gobierno cubano se quejó el lunes de "las consecuencias negativas que tienen en las relaciones migratorias" las que calificó de "decisiones unilaterales, infundadas y políticamente motivadas" adoptadas por la Administración Trump en septiembre y octubre de 2017, según recogió una nota oficial publicada por la Cancillería cubana.
En una nueva ronda de conversaciones migratorias celebrada en Washington, la delegación del régimen volvió a criticar la suspensión del otorgamiento de visas en el Consulado de EEUU en La Habana. Dijo que la medida "obstaculiza seriamente las relaciones familiares y los intercambios de todo tipo entre ambos pueblos".
Durante la reunión, encabezada por la directora general de EEUU del Ministerio de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal Ferreiro, y por el subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, John Creamer, el régimen reiteró su rechazo a la expulsión de sus funcionarios de la Embajada de Cuba en Washington.
El MINREX califica la decisión como "arbitraria" y lamenta que "ha afectado sensiblemente el funcionamiento de la Misión diplomática, en particular del Consulado y los servicios que este presta a los cubanos residentes en EEUU, así como la atención a los ciudadanos estadounidenses que mantienen interés en viajar" a la Isla.
Después de que salieran a la luz los misteriosos "ataques acústicos" que afectaron la salud de al menos una veintena de diplomáticos estadounidenses en La Habana, la Administración Trump expulsó a 15 diplomáticos cubanos de Washington luego de reducir drásticamente la presencia diplomática estadounidense en la Isla.
En la ronda de conversaciones del lunes, la representación de La Habana también se refirió al "efecto contraproducente que está teniendo para la cooperación en el área migratoria, la decisión de cancelar los viajes de delegaciones oficiales de los EEUU a Cuba".
Reprochó que esto "ha derivado en la posposición de intercambios de interés mutuo previamente programados" y amenazó con "que, de mantenerse, podría profundizar las afectaciones a los intercambios en este y otros ámbitos".
En lo que respecta a la marcha de los acuerdos migratorios vigentes, la delegación del régimen instó al Gobierno de EEUU "a cumplir su obligación de emitir no menos de 20.000 documentos de viaje anuales a ciudadanos cubanos para emigrar a ese país".
Como es habitual en sus demandas, "trasladó una vez más su preocupación por la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano". Considera que "sigue siendo un estímulo a la emigración irregular" y advierte que su "derogación será esencial para alcanzar relaciones migratorias normales entre los dos países".
Ambas representaciones sí coincidieron "en reconocer la repercusión positiva que ha tenido la Declaración Conjunta suscrita el 12 de enero de 2017 y, específicamente, la eliminación de la política de 'pies secos-pies mojados'" y del programa que ofrecía refugio a profesionales médicos cubanos "en la disminución de la emigración irregular de Cuba hacia EEUU".
Según la nota del MINREX, "igualmente, concordaron en la utilidad del intercambio entre Tropas Guardafronteras y el Servicio de Guardacostas celebrado en julio y del encuentro técnico sobre tráfico de personas y fraude migratorio realizado en el mes de septiembre, al que se dará continuidad el 12 de diciembre de 2017".
Según un reporte de Reuters, que cita datos proporcionados por EEUU, la reducción de emigrantes cubanos interceptados en el mar ha sido del 71% en este último año, y de los detenidos en las fronteras terrestres del 64%.
La delegación de Washington demandó a La Habana "mayor cooperación" para recibir a sus ciudadanos con órdenes de deportación.