Más de ocho familias residentes en el edificio ubicado en San Lázaro #172, Centro Habana, viven a la espera de un derrumbe, mientras las autoridades los "pelotean" desde hace más de seis años.
Relatan los vecinos, quienes ante la impotencia decidieron acudir a la prensa independiente, que en 2010 la edificación fue incluida en un supuesto "proyecto de reubicación de los núcleos familiares en otras viviendas".
"A principios de 2015 reubicaron a una familia. Nos alegramos sin importar que hubieran transcurrido cinco años porque al menos el asunto empezaba a moverse", declaró una residente en el inmueble.
Agregó que, a mediados de ese mismo año, se presentó en el lugar una mujer que dijo ser arquitecta de la Oficina del Historiador de la Ciudad (OHC) y les informó "que se había determinado realizar una reparación capital de la edificación" y que para ello tenían que abandonar el edificio.
"Dijo que después de concluido el trabajo regresaríamos a ocuparlo nuevamente", recordó la vecina. "Pero nos alarmamos porque estos apartamentos están otorgados en usufructo gratuito, lo que significa que el Estado es dueño del inmueble, de las decisiones sobre el mismo, y no teníamos garantía alguna de que al concluir la reparación nos permitieran volver a nuestras viviendas", detalló.
Con esta inquietud, dijo, los habitantes del edificio acudieron a la OHC, donde los atendió Juan Carlos Jiménez, director de la Oficina de Registro de la Propiedad.
Comienza el 'peloteo'
Según la versión de los vecinos, el funcionario dijo desconocer el tema y consideró que era mejor consultar a Perla Rosales, directora adjunta de la OHC.
"Resulta ser, según el propio Jiménez, que nadie sabía quién era la arquitecta que nos visitó y que Perla Rosales tampoco sabía nada de nuestro caso. Sin embargo, nos informó que ya no éramos prioridad", dijo otra vecina, que como el resto de los residentes en el edificio pidió el anonimato.
Los afectados cuestionaron esta decisión alegando que ya había sido reubicada una familia de San Lázaro #172. Jiménez, aseguraron, les respondió que ese caso se había tramitado por otra dirección: Malecón #165.
"Cuando le presentamos pruebas de que esa dirección no existía, Jiménez nos dijo que Perla Rosales le había indicado que 'eso no tenía nada que ver'", relató la vecina.
"Decidimos entonces acudir al gobierno provincial, donde nos recibió un funcionario de Atención a la Población que nos remitió al gobierno municipal de Centro Habana", agregó.
"En el gobierno municipal la vicepresidenta de Construcción nos dijo que teníamos toda la razón, pero nos explicó que la OHC no se subordina a los gobiernos, sino directamente al Consejo de Estado. Que regresáramos al gobierno provincial y pidiéramos una entrevista con su vicepresidente", añadió.
De regreso al gobierno provincial, sus funcionarios dijeron a los representantes del Consejo de Vecinos que no podían darles cita hasta noviembre.
Indignados por "el peloteo", los vecinos de San Lázaro #172 decidieron solicitar, formalmente, una entrevista en el Consejo de Estado, con el gobierno provincial y con la Fiscalía de La Habana Vieja.
Solo recibieron respuesta del Consejo de Estado, que les sugería relatar por escrito el caso.
"Dicho escrito lo enviamos al Consejo de Estado y al periódico Granma", dijo otro residente en el edificio.
"El Granma nos respondió que habían remitido nuestra carta, el 16 de septiembre de 2016, al gobierno provincial. No obstante, el gobierno provincial no respondió. Por su parte, el Consejo de Estado remitió la carta a la Dirección Municipal de Vivienda de Centro Habana, entendiendo que esta entidad tenía competencia en el caso".
Sin solución
Al igual que hizo el gobierno de Centro Habana, la Dirección Municipal de Vivienda les contestó en enero de 2017 que, por las investigaciones realizadas, los vecinos tenían toda la razón, pero que esa entidad no tenía "nivel" para exigir a la OHC.
"Que éramos un caso con razón, pero sin solución", precisó el vecino.
Los integrantes de la comunidad decidieron insistir ante la OHC, donde los recibió nuevamente Juan Carlos Jiménez. Tras todo el "peloteo" anterior, el funcionario les dijo que la edificación de San Lázaro #172 no pertenecía a la OHC. Sin embargo, el decreto 216/2001 del Consejo de Estado dice lo contrario y no existe ninguna derogación.
"Optamos por acudir a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). Allí le contamos todo a la funcionaria que nos atendió. Nos sugirió hacer un escrito detallado; todavía estamos a la espera de una respuesta", dijo otro vecino.
En las cartas que han remitido a las diferentes instituciones del Gobierno, los residentes de San Lázaro #172 relatan un conjunto de irregularidades que contradicen las informaciones dadas por la Oficina del Registro de la Propiedad de la OHC: el otorgamiento de viviendas a núcleos familiares con direcciones inexistentes, como Malecón #165.
Ante este cuestionamiento, Juan Carlos Jiménez "respondió que si estábamos haciendo una acusación de ilegalidad, fuéramos a donde quisiéramos", rememoró la vecina.
"La OHC, en este caso la Oficina de Registro de la Propiedad, se siente impune. Y a Perla Rosales nunca pudimos verla porque, según Jiménez, ella no da entrevistas. Dijo que le escribiéramos directamente a Eusebio Leal que es quien otorga casas", concluyó.
El edificio de San Lázaro #172 está gravemente afectado por las penetraciones del mar. Debido a ello, varias familias han perdido todas sus pertenencias. En este momento se encuentra expuesto a un derrumbe por el hundimiento de los entrepisos y la salud de los residentes está en riesgo por el desbordamiento de una fosa.