El pasado miércoles el tribunal de Arroyo Naranjo, en La Habana, llevó a juicio las denuncias por violencia doméstica hechas por una de las Damas de Blanco, Yanelis Cutiño, contra su expareja y padre de su hija. Mientras que el acusado pudo aportar testigos, a Yanelis le prohibieron presentar testigo. A la salida, un grupo la esperó para someterla a un acto de repudio y, aunque la justicia falló a su favor, la condena de su expareja le ofrece poca protección.
Una mujer como Cutiño es considerada en Cuba como no-persona. Es contrarrevolucionaria, por tanto sus derechos no tienen por qué estar garantizados y, pase lo que pase, su caso no va a ser contemplado por la oficialista Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Según declaraciones suyas, un oficial de Seguridad del Estado instigó los ataques que ella padeciera y le garantizó impunidad al acusado.
Agentes de esas mismas fuerzas represivas desplegados el miércoles alrededor del tribunal de Arroyo Naranjo, golpearon y detuvieron a las Damas de Blanco que pretendían asistir al juicio. Una de ellas, dispuesta a servir como testigo de la acusación, resultó castigada especialmente. Los de la Seguridad llegaron a utilizar como manoplas las esposas. En las puertas del tribunal fue practicado, a escala mayor, el mismo delito que se juzgaba adentro.
Cutiño y al resto de las Damas de Blanco no tendrán dentro de Cuba instancia a la cual apelar. La violencia estimulada del acusado, la del acto de repudio planeado a la salida y la carga de los agentes contra esas mujeres, tienen una misma causa. El sistema judicial que descartó la presentación de testigos no es ajeno a toda esa violencia desplegada. Jueces, agentes, repudiadores y sentenciado ejecutan un instrumento que la dictadura emplea contra las Damas de Blanco y las demás mujeres de la oposición: la violencia de género del Estado.