Las negociaciones entre el Gobierno de Daniel Ortega y una alianza opositora con la que buscan superar la crisis que vive Nicaragua desde abril pasado quedaron este viernes en el limbo, tras la decisión del Episcopado nicaragüense de no participar como testigo y acompañante de ese proceso.
Según EFE, la decisión de la Conferencia Episcopal provocó que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la contraparte del Gobierno en la mesa de negociación, anunciara que reconsiderará si sigue o no en la mesa de negociación, que comenzó el 27 de febrero pasado.
En una sesión extraordinaria este viernes, los obispos que integran la Conferencia Episcopal, después de orar y reflexionar, decidieron no aceptar la invitación extendida por los representantes del Gobierno y de la Alianza Cívica para participar como testigos y acompañantes.
"Deseamos que este esfuerzo llegue a buena meta e informamos que hemos respondido a la carta recibida, comunicando a los participantes que no estaremos presentes físicamente en el foro de negociaciones", señaló el Episcopado en un comunicado.
Los obispos matizaron que acompañarán el proceso "como pastores en estos momentos cruciales de nuestra Patria, ejerciendo nuestra misión profética y dedicándonos a la oración y al ministerio de la palabra".
Asimismo, remarcaron que esperan que "estas negociaciones tengan ese espíritu de búsqueda de la verdad y de la justicia".
El martes pasado, el Gobierno y la Alianza Cívica acordaron invitar al cardenal Leopoldo Brenes, en su calidad de presidente de la Conferencia Episcopal, como testigo y acompañante de las negociaciones con las que buscan superar la crisis que estalló en abril pasado y que esperan que culminen "tentativamente" el 28 de este mes.
La invitación a Brenes, también arzobispo de Managua, proponía además nombrar a dos miembros del Episcopado como asesores.
El Episcopado nicaragüense jugó un rol trascendental como mediador y testigo en el diálogo nacional entre el Gobierno y la Alianza Cívica iniciado en mayo pasado, que fue abandonado de forma unilateral por el presidente Ortega dos meses después.
Ante esa decisión, los negociadores de la alianza opositora en pleno anunciaron que reflexionarán sobre su participación durante el fin de semana.
El negociador de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, dijo que buscarán un acercamiento con el Episcopado a fin de que reconsideren su posición, porque su presencia en las negociaciones aseguran la legitimidad y credibilidad que se necesitan en ese foro.
Chamorro, quien es director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), reveló que han "encontrado resistencia en la otra parte" en varios puntos, no solo con el tema de testigos y acompañantes, sino en el de los garantes internacionales, y en la liberación de los "presos políticos".
A su juicio, tras la decisión del Episcopado, "es importante" que el Ejecutivo "dé señales de voluntad política" para continuar con la mesa de negociación.
El jurista José Pallais, también de la alianza opositora, pidió al Gobierno hacer "una reflexión profunda", así como ofrecer "gestos positivos y compromisos reales sobre su voluntad de entrarle a la solución de esta crisis por el camino correcto".
Pallais afirmó que durante las ocho sesiones de la mesa de negociación han pedido al Gobierno la liberación de los detenidos por protestar contra el presidente Ortega en el marco de la crisis, sin éxito.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, agregó, esperaba que el Estado liberara a las mujeres que la oposición califica como "presas políticas" y no lo hizo.
El líder estudiantil Max Jérez aseguró, por su lado, que también han pedido al Gobierno invite a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a que acompañe este proceso y hasta ahora se ha negado.
La delegación del Gobierno, encabezada por el canciller Denis Moncada, no se pronunció sobre la decisión del Episcopado ni sobre esas demandas.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.