Al menos cuatro muertos y decenas de heridos. El régimen venezolano no dudó en desplegar su arsenal represivo este fin de semana para impedir que los voluntarios, convocados por la oposición, ingresaran en puntos fronterizos de Brasil y, sobre todo, de Colombia, convoyes de ayuda internacional cargados de medicinas y alimentos.
La entrada de la ayuda internacional ha marcado estas últimas semanas la agenda política en Venezuela. Tras el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino por una parte significativa de la comunidad internacional, el 23 de febrero, el plazo fijado por la oposición para el ingreso de la ayuda, pasó a ser una fecha clave para medir fuerzas con el régimen de Nicolás Maduro.
Al poner la ayuda internacional en el centro de la lucha política, Guaidó perseguía varios objetivos.
El más evidente, tomando en consideración las reticencias del régimen, era dejar ante los ojos de la comunidad internacional el carácter despótico del Gobierno madurista, que antepone sus intereses al sufrimiento de la población.
Otro aspecto importante era mantener la movilización contra el régimen, ya que las olas de protestas masivas que en 2014 y 2017 acarrearon decenas muertos y miles de heridos y detenidos, terminaron por debilitarse, dejando a un Maduro mucho más afianzado en el poder.
De ahí que la convocatoria a miles de voluntarios en los puntos fronterizos para intentar hacer entrar los víveres al país, se presentara también como una continuación de las protestas callejeras.
Por último, permitía poner a prueba la lealtad al régimen de las Fuerzas Armadas, es decir comprobar hasta qué punto el Ejército seguía unido alrededor de la elite en el poder.
Consecuencias políticas
Indiscutiblemente, las imágenes de camiones incendiados y de los voluntarios siendo repelidos con balas y gases lacrimógenos no han hecho sino deteriorar en la escena internacional la ya maltrecha reputación del Gobierno de Maduro.
Los duros enfrentamientos registrados este fin de semana en la frontera colombo-venezolana dan a entender que la oposición ha conseguido mantener la movilización en sus filas y que Guaidó puede contar con una baza activa.
En cambio, pese a las decenas de deserciones de elementos de las Fuerzas Armadas, el Ejército no permitió el ingreso de los cargamentos estacionados en los puntos fronterizos, lo cual significa que, por lo pronto, no ha habido un quiebre en el mando, y que el Gobierno sigue contando con el respaldo de la cúpula militar.
Este último punto es crucial. Aislado internacionalmente y enfrentado a una grave crisis de legitimidad, el régimen de Maduro depende cada vez más del apoyo de los militares para su mantenimiento en el poder.
Por ahora, estos parecen seguir apostando a los privilegios que les concede el régimen chavista. Unos privilegios que incluyen altas partidas presupuestarias y la impunidad en el manejo de actividades ilícitas (soborno y extorsión a los productores del campo, contrabando de gasolina y narcotráfico).
Sin un cambio de postura del Ejército, la situación actual podría encallar durante meses. Algo que le sería funcional al régimen, puesto que el factor tiempo juega en contra de la movilización opositora.
Si las protestas continuasen sin hacer mella en los cimientos del régimen, y ante todo en el Ejército, esto podría desencadenar una nueva fase de desmovilización, como ya ocurrió en 2014 y 2017.
La oposición tiene pues el reto de articular una estrategia política en al menos tres frentes.
El primero consiste en mantener las protestas ciudadanas para continuar la presión sobre el Gobierno de Maduro. Sin un empuje consecuente de las calles el régimen se verá alentado a conservar el actual impasse.
En segundo lugar, por lo visto, el llamado a los militares deberá concretarse con un programa claro y pragmático, poniendo sobre la mesa una serie de ofertas que puedan resultar suficientemente atractivas, si no para el alto mando, al menos para los oficiales intermedios y las tropas.
Algo, por lo demás, difícil de conciliar con la resistencia que suscita, en el seno de la propia oposición, el proyecto de Ley de Amnistía impulsado en la Asamblea Nacional por Guaidó. Pero sin un quiebre del Ejército, resulta poco probable un cambio rápido de la situación.
Rusia y China en la mirilla
El último eje concierne a la escena internacional. Es cierto que la gran mayoría de las democracias occidentales, tanto en Europa como en América Latina, han reconocido a Guaidó como presidente interino y brindado apoyo a la oposición.
Sin embargo, mientras que EEUU mantiene que "todas las opciones están sobre la mesa", dando a entender que no es de excluir una intervención militar, tanto desde el Grupo de Lima como desde la UE insisten en que el objetivo es una transición "democrática y pacífica".
Esta diferencia parece cerrar de antemano una posible vía militar, mediante la intervención extranjera, para solucionar la crisis venezolana. Más aún si se considera que el Gobierno de Maduro cuenta como aliados con dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, China y Rusia, que vetarían cualquier resolución en ese sentido.
Justamente, la oposición tendrá que intentar negociar con China y Rusia, ambos acreedores e inversionistas de peso para Venezuela, para persuadirlos de que un cambio de régimen no afectaría a sus intereses en el país.
Un acercamiento con estas potencias no conduciría a un retiro de su respaldo a Maduro, pero sí podría incidir en una presión efectiva para la convocación de elecciones con garantías de libertad e imparcialidad.
En última instancia, la inestabilidad política y el hundimiento económico de Venezuela no solo representan un obstáculo para el rendimiento de las inversiones chinas y rusas en el país, sino que dibujan en el horizonte la posibilidad de un default del Estado venezolano, lo cual significaría pérdidas ingentes para sus principales acreedores, entre los cuales se encuentran Moscú y Pekín.
El futuro inmediato de Venezuela dependerá en buena medida de la capacidad que mostrará la oposición para articular una estrategia eficaz en todos estos frentes.