"La ayuda humanitaria va a entrar sí o sí", dijo este martes el líder opositor venezolano Juan Guaidó en una manifestación en Caracas. Al fijar el 23 de febrero como fecha de ingreso para alimentos y medicamentos, almacenados principalmente en la frontera con Colombia, el presidente interino ha lanzado un desafío al Gobierno de Nicolás Maduro.
El país caribeño atraviesa una situación paradójica. Pese a no haber sufrido en los últimos años ninguna catástrofe natural de gran magnitud ni conflicto armado, las farmacias y hospitales carecen de las medicinas esenciales, lo cual ha provocado un descenso en la esperanza de vida de la población, así como la reaparición de enfermedades ya erradicadas.
De igual modo, la penuria alimentaria se ha traducido en el desabastecimiento sistemático de los mercados, haciendo del arroz y la yuca la dieta mayoritaria de los venezolanos. En una encuesta publicada el año pasado más del 60% de los interrogados reconocía haber perdido cerca de 10 kilos de peso en 2017.
Todo esto siendo tradicionalmente el país uno de los principales exportadores de petróleo del mundo. Aunque en las dos últimas décadas la pésima gestión de la petrolera estatal PDVSA ha implicado un derrumbe en las exportaciones.
El pulso político por la distribución de comida
De ahí que la distribución de comida y medicina se haya convertido en un pulso entre el Gobierno y la oposición.
Recientemente, Nicolás Maduro rechazó el plan de entrega de ayuda internacional como parte de un plan diseñado por Estados Unidos y la derecha con el fin de llevar a cabo un golpe de Estado.
No en balde tras la declaración de Guaidó altos cargos del régimen han intervenido en este sentido. Así, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, dijo que los envíos de alimentos servirían para ocultar el ingreso de tropas estadounidenses. Y la vicepresidenta Delcy Rodríguez no dudó en afirmar que la ayuda internacional era "cancerígena", comparándola con un arma biológica.
Lo cierto es que durante años el Gobierno venezolano ha usado la entrega de alimentos para afianzar su red clientelar en los barrios más empobrecidos. Una distribución que está en manos del Ejército y en la que el desvío de alimentos y la corrupción son frecuentes.
Por tanto, el régimen ve como una seria amenaza la contestación de su monopolio al respecto.
A su vez la oposición tiene un doble objetivo al situar la entrega de la ayuda internacional como centro de la lucha política.
Por una parte, le permite poner a prueba la lealtad al régimen de las Fuerzas Armadas. El 23 de febrero se comprobará hasta qué punto el Ejército sigue unido alrededor de la cúpula en el poder. Un ingreso consecuente de los cargamentos estacionados en los puntos fronterizos significaría un quiebre en la unidad de las tropas y, por ende, una derrota para el Gobierno.
De no ser este el caso, al menos le dará la ocasión a la oposición de presentar a Maduro ante los ojos de la comunidad internacional como un déspota que antepone sus intereses al sufrimiento de la población.
Por otra parte, la oposición busca mantener la movilización contra el régimen. En 2014 y 2017 las olas de protestas masivas, que acarrearon decenas de muertos y miles de heridos y detenidos, terminaron por debilitarse y dejaron a un Maduro mucho más afianzado en el poder.
La iniciativa opositora pretende pues evitar la repetición de semejante escenario. El plazo fijado para el ingreso de la ayuda, el 23 de febrero, supone una fecha no muy lejana que concede a la vez el tiempo necesario para organizar redes de voluntarios dispuestos a desplazarse hasta los puntos fronterizos para hacer entrar los víveres en el país. Según el líder opositor, ya hay cerca 250.000 inscritos.
Una apuesta de alto riesgo
Ahora bien, la decisión de la oposición se asemeja a una apuesta a todo o nada.
Si los camiones con la ayuda logran entrar en Venezuela, el Gobierno dará la impresión de haber perdido el control de las fronteras del país. Algo que podría dar inicio a un proceso de resquebrajamiento en el oficialismo y en el Ejército.
Pero en caso de que solo una parte irrisoria de la ayuda alcanzara superar el cierre de las fronteras, bien podría quedar en tela de juicio la capacidad de la oposición en hacer mella en los cimientos del régimen y ante todo en el Ejército. Un resultado que podría pesar en las filas opositoras y desencadenar una nueva fase de desmovilización.
Además, la oposición tendrá que velar por otro detalle crucial, los términos de la ayuda internacional.
La semana pasada la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia indicó que no participaría en la distribución de los cargamentos de alimentos y medicamentos llegados de EEUU a Venezuela al considerar que los mismos no corresponden a una ayuda humanitaria, es decir protegidos por "los principios de independencia, imparcialidad y neutralidad".
En una columna de opinión publicada por el diario español La Vanguardia, Rafael de Prado Pérez, funcionario internacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y Sergio Ferrero Febrel, exdelegado del CICR en Colombia, explican que "la acción humanitaria está presente en Venezuela desde hace años, a pesar de las dificultades impuestas por el Gobierno de Maduro y el no reconocimiento de una crisis humanitaria al interior".
Incluso, añaden De Prado y Ferrero, suponiendo que una parte del Ejército diese vía libre al ingreso de la ayuda, "resulta difícil vislumbrar cómo, dónde y con qué criterios se canalizaría esta asistencia".
Es decir, más allá de la instrumentalización de la ayuda humanitaria en la que pudiese estar incurriendo la oposición, la distribución de los alimentos y medicamentos supone múltiples e ingentes problemas logísticos y de seguridad que, sin una organización adecuada, pueden dañar la imagen de la oposición como una alternativa viable para enfrentar los enormes problemas que tiene el país.
No es la primera vez que el Gobierno de Maduro rechaza ayuda internacional para atenuar el sufrimiento de la población. En plena crisis del éxodo de venezolanos, el verano pasado, la Declaración de Quito, firmada por 11 países latinoamericanos, exhortaba al régimen venezolano a aceptar la cooperación internacional con el fin de "descomprimir" la crisis que empujaba a decenas de miles de venezolanos a buscar amparo en los países vecinos.
Meses antes Amnistía Internacional (AI) había pedido a las autoridades venezolanas que permitiesen la asistencia internacional para atender la severa escasez de medicamentos y el deterioro del sistema hospitalario.
Por tanto, el 23 de febrero se presenta como una fecha en la que se sabrá si la situación en Venezuela seguirá como hasta ahora o bien si se abre una nueva página en la reciente y convulsa historia del país.