La Interpol emitió una circular roja contra Víctor Orlando Cubides, conocido como "Aureliano Carbonell", uno de los negociadores de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Cuba, tras el atentado que perpetró esa guerrilla contra la Policía en Bogotá la semana pasada y que dejó 20 cadetes muertos.
Así lo informó este jueves la oficina del Alto Comisionado para la Paz de Colombia, que detalló en un comunicado que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) "lanzó la alerta internacional contra esta persona por los delitos de homicidio, terrorismo y lesiones", precisó un reporte de EFE.
La circular roja es utilizada por la Interpol para solicitar la detención preventiva con miras a la extradición.
Esta alerta se suma a la emitida en los últimos días contra Israel Ramírez, alias "Pablo Beltrán", líder de la delegación de paz del ELN en Cuba, a quien se le acusa de los delitos de secuestro simple, hurto y hurto calificado, según el Código Penal Colombiano.
Ese grupo insurgente perpetró el jueves pasado un atentado terrorista con una camioneta cargada con 80 kilogramos de explosivos contra la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, en el que murieron 21 personas, incluido el atacante, y 68 más quedaron heridas.
Tras el ataque del jueves pasado, el presidente colombiano, Iván Duque, reactivó las órdenes de captura contra los diez negociadores de paz que se encuentran en La Habana, sede de los diálogos desde mayo del año pasado.
Ante la petición, el Gobierno de la Isla invocó el sábado pasado protocolos diplomáticos y desde entonces el mandatario colombiano ha reiterado en varias oportunidades la importancia de que La Habana entregue a los negociadores.
Esta semana, Beltrán afirmó que el equipo que está en La Habana no tiene vínculos con el atentado y pidió al Gobierno el salvoconducto estipulado en los protocolos de las conversaciones.
Los protocolos establecen que, una vez se anuncie la ruptura de la negociación, habrá un plazo de 15 días para el retorno a Colombia de la delegación de los insurgentes. Así mismo, fija una suspensión de operaciones militares de 72 horas para la inserción de los guerrilleros en sus campamentos en territorio colombiano o para que lleguen a Venezuela.
Beltrán forma parte del Comando Central del ELN (COCE), que además está conformado por Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias "Pablito"; Rafael Sierra Granados, alias "Ramiro Vargas"; Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias "Antonio García", y Nicolás Rodríguez Bautista, alias "Gabino", máximo líder del ELN.
El año pasado, la Interpol emitió circulares rojas contra "Gabino", "Pablito", "Ramiro Vargas" y "Antonio García" por diferentes delitos, entre los que están reclutamiento ilícito, homicidio, hurto y secuestro.
El Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y el ELN iniciaron las negociaciones de paz en febrero de 2017 en Quito, pero fueron trasladadas a La Habana en mayo del año pasado.
Duque, quien asumió el cargo en agosto pasado, ha condicionado la continuidad de los diálogos a que esa guerrilla libere a todos los secuestrados que tiene en su poder y a que abandone todas las actividades criminales.
Chile respaldó el martes la decisión de Colombia de llevar a la justicia a los responsables del ataque a la Escuela de Cadetes de la Policía, pero Noruega anunció su intención de mantener los compromisos pactados frente a una interrupción de las conversaciones, en línea con La Habana.
"Tenemos una buena relación con el Gobierno noruego. Yo lo que le pido a ese Gobierno y a todos los gobiernos es que entiendan que lo que se presentó la semana pasada no es una discrepancia de posiciones, lo que se presentó es un crimen internacional que acabó con las vidas de muchos jóvenes indefensos, desarmados", explicó Duque desde Davos.
El Gobierno de Duque anunció esta semana que no reconoce los protocolos porque jamás se sentó a la mesa de negociación con el ELN ante la negativa del grupo a liberar a las personas que mantiene secuestradas y suspender los ataques.
Pero a juicio de algunos analistas y expertos en derecho internacional, el actual ejecutivo debe respetar los protocolos porque fueron un compromiso de Estado más que de Gobierno.