La guerrilla ELN (Ejército de Liberación Nacional) admitió su responsabilidad en el ataque a una escuela policial en Colombia que dejó una veintena de muertos y la justificó como una operación "lícita" dentro de la guerra. No obstante, señaló que pretende continuar los diálogos de paz con el Gobierno, reporta la AFP.
"La operación realizada contra dichas instalaciones y tropas es lícita dentro del derecho de la guerra, no hubo ninguna víctima no combatiente", dijo la dirección nacional de la guerrilla en un comunicado divulgado la madrugada del lunes en su página en internet.
El atentado, con un carro bomba, acabó con la vida de 20 estudiantes de la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional y con el presunto atacante. Esta acción motivó que el presidente de Colombia, Iván Duque, pusiera fin a la mesa de diálogo que se desarrollaba en La Habana.
El ELN dijo en su comunicado que la Escuela Cadetes de la Policía Nacional es una instalación militar y que allí "reciben instrucción y entrenamiento los oficiales que luego realizan inteligencia de combate, conducen operaciones militares, participan activamente en la guerra contrainsurgente y dan trato de guerra a la protesta social".
Según el ELN, el ataque fue una respuesta a actividades militares realizadas por el Gobierno de Duque durante el cese al fuego unilateral de la guerrilla en Navidad y fin de año.
"El presidente no le dio la dimensión necesaria al gesto de paz" y "su respuesta fue realizar ataques militares en contra nuestra, en todo el territorio nacional", dijo el ELN.
"Las Fuerzas Armadas gubernamentales aprovecharon este cese para avanzar las posiciones de sus tropas de operaciones, ganando ubicaciones favorables difíciles de conseguir sin el cese", indicó.
Mencionó que las tropas colombianas bombardearon un campamento suyo el 25 de diciembre, afectando a una familia de campesinos que estaba cerca.
"Es entonces muy desproporcionado que, mientras el Gobierno nos ataca, plantee que nosotros no podamos responder en legítima defensa", consideró.
El grupo ilegal armado dijo que sus campamentos, donde se forman sus efectivos, también son atacados.
"Nosotros no hemos interrumpido, ni aminorado los esfuerzos por la paz, pues tenemos claro que estamos en una guerra, debido a que la clase en el poder ha reiterado que los diálogos deben ser desarrollados en medio del conflicto", detallaron.
La agrupación guevarista insistió en pactar un cese al fuego bilateral "para generar un clima favorable a los esfuerzos por la paz" y propuso "que se respeten determinadas áreas e instalaciones militares estatales" y del ELN, lo que facilitaría el diálogo.
El ELN dijo que les duelen "los muertos de ambas partes" y afirmó que el año pasado dos de sus comandantes fueron liquidados desarmados cuando debían haber sido capturados.
La guerrilla exhortó al presidente Duque a enviar a su delegación para retomar los diálogos en La Habana, "para darle continuidad al Proceso de Paz y a la construcción de los acuerdos que traemos desde el Gobierno anterior; camino de solución política del conflicto".
Duque decidió el viernes reactivar las órdenes de captura contra los negociadores del grupo rebelde y anunció que redoblará la persecución contra lo que describió como una "máquina criminal de secuestros y atentados".
Al mismo tiempo ha exigido al Gobierno cubano que detenga y le entregue a Colombia a "esos criminales para que se haga justicia".
Anfitrión y garante de las frustradas negociaciones de paz, La Habana aseguró el viernes que cumplirá con los compromisos fijados ante la ruptura de las conversaciones que pretendían acabar con un alzamiento armado de más de medio siglo.
Los protocolos comprenderían la intervención de un país amigo para el retorno de la delegación de la guerrilla.
El domingo, miles de personas marcharon en repudio al atentado, vestidos de blanco y agitando banderas de Colombia con consignas como "asesinos cobardes" o "la vida es sagrada".
Con unos 1.800 combatientes y una extensa red de apoyo en ciudades, el ELN opera en una docena de los 32 departamentos colombianos.
Surgida en 1964 bajo el influjo del Che Guevara, esta organización reivindica una política nacionalista y es junto a disidencias de las FARC y bandas narcotraficantes de origen paramilitar, el principal desafío en seguridad que enfrenta Colombia.