Cindy trabaja en la avenida Séptima de Cúcuta, Colombia, conocida como la "Calle del Pecado", un lugar donde históricamente se ha comerciado con el cuerpo.
Es solo una adolescente, pero forma parte de los más de tres millones de venezolanos que, calcula Naciones Unidas, han abandonado su país en el que es considerado el mayor éxodo en la historia de Latinoamérica.
Ha sufrido varias deportaciones, pero siempre su "cuidador" (proxeneta) paga su regreso por las trochas. Sueña con cumplir la mayoría de edad para solicitar en Colombia su Carné de Migración.
En los últimos años se ha vuelto común ver a venezolanos trabajando y durmiendo en calles, parques de ciudades, andenes de otros países de la región. Huyen de una inflación de 1.300.000%, el hambre, la corrupción, los altos índice inseguridad, la persecusión por pensar diferente al Gobierno y, ahora, de otro mandato de Nicolás Maduro.
DIARIO DE CUBA visitó Cúcuta. A esa ciudad colombiana ingresan diariamente entre 60.000 y 90.000 venezolanos que, como Cindy, buscan un futuro mejor.
Por las calles de Cúcuta es habitual ver lo mismo a venezolanos profesionales que a amas de casa vendiendo dulces o artesanías elaboradas con bolívares, entre otros productos. Trabajan jornadas de hasta 18 horas para ganarse cinco dólares, lo que equivale casi a un salario mínimo mensual en su país.
Según Migración Colombia, en los dos últimos años más de 1.100.000 venezolanos se han radicado en territorio colombiano. Algunos entraron de forma legal, por el puente internacional Simón Bolívar, entre San Antonio del Táchira (Venezuela) y Cúcuta. Otros se han visto obligados a pagar entre 25 y 40 dólares a los grupos ilegales para cruzar el río Táchira por trochas, en el sector conocido como La Parada.
El motivo principal es evadir el control fronterizo al contrabando de licores, cigarrillos y productos agrícolas, que son sacados de Venezuela y vendidos de manera informal en semáforos o esquinas de las ciudades colombianas.
Son 217 los pasos ilegales existentes en los 2.219 kilómetros de la frontera colombo-venezolana. Estas trochas las controlan la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el grupo armado venezolano Frente Bolivariano de Liberación (FBL). Además, otros grupos colombianos como las Autodefensas Gaitanistas y bandas criminales como Los Rastrojos, que se disputan el tráfico de cocaína, gasolina, ganado vacuno y alimentos.
Según Ariel Ávila, director de la ONG colombiana Paz y Reconciliación, el 15% de la cocaína producida en Colombia se mueve por esa frontera. Por otro lado, las cifras oficiales en Venezuela hablan de que entre un 30 y un 40% de la producción de bienes y productos se ve afectada por el contrabando hacia Colombia, lo que representa 7.000 millones de dólares al año.
Para entender el fenómeno del contrabando el mejor ejemplo es el de la gasolina: un recipiente de 20 litros cuesta hoy en Venezuela 6,5 bolívares soberanos. En Colombia adquiere un valor de 15 dólares, lo que representa al cambio 9.570 bolívares soberanos.
Una niña de la noche
"Te la chupo por tres dólares", es el saludo de Cindy (nombre cambiado) en la "Calle del Pecado". Le respondo "no, gracias", pero ella hace oídos sordos y se queda a mi lado reclamando atención. "Señor, señor, señor".
Su tierna voz cargada de cansancio acaba por despertar mi curiosidad. La miro fijamente: con un exagerado maquillaje, una pequeña falda negra y unos tacones de diez centímetros trata de camuflar su figura infantil.
Decidimos irnos a un "Corrientazo" —un restaurante barato— para evadir a su "cuidador". Es la 1:00am. Cindy me cuenta su historia mientras devora un plato de frijoles, arroz, ensalada de repollo y un pequeño trozo de carne.
A sus 16 años confunde la libertad con sobrevivir. El hambre y la sumisión, dice, son una constante diaria en Venezuela. Como miles de jóvenes de su país, considera que la única salida es huir.
Salió de una pequeña ciudad a cuatro horas de la frontera. Su novio le pintó "pajaritos en el aire", recuerda.
Trabajó durante seis meses 16 horas diarias en una esquina de Cúcuta, vendiendo hayacas y bollos de mazorca. Recibía 1,5 dólares diarios. Una noche, después del trabajo, su novio llegó en compañía de un hombre y la invitó a "divertirse un rato" en la calle Séptima.
Poco recuerda de esa primera vez, solo supo que su compañero la vendió por 20 dólares. Desde esa noche, la "Calle del Pecado" es su mundo. Duerme los días en un cuarto con otras cuatro amigas.
Todos los lunes, día de descanso, se hace fotos y vídeos en una peluquería y se las envía a sus padres y su hermanita menor. Ellos están tranquilos, creen que su hija trabaja en ese establecimiento y reciben con alegría los 15 o 20 dólares semanales que Cindy les envía.
El sexo oral por tres dólares "es una forma de atraer clientes, pero yo cobro entre 15 y 20 dólares por un tirito (relación sexual de no más de 30 minutos)", explica.
Pero "a veces la cosa se pone dura y toca bajar la tarifa", admite. "Acá llegan muchas paisanas con los bolsillos vacíos que van rumbo a otros países, y se ponen a trabajar para conseguir dinero y continuar su viaje. Algunas lo logran, otras no".
Cindy recolecta un promedio diario de 60 dólares, de los cuales su "cuidador" se queda con la mitad.
El mismo proxeneta controla a ocho personas, entre hombres y mujeres, según Cindy. Por las calles cercanas es común ver a médicos, abogados y amas de casa ofreciendo sus servicios.
Los billetes venezolanos se venden por kilo
Al "Peludo", como lo conocen en Cúcuta, los 5.000 millones de bolívares que tiene apilados en un pequeño cuarto de hotel no le alcanzan ni para comprar un confite. "Mire, soy multimillonario", dice burlón.
Entró a Colmbia por una de las trochas el 18 agosto de 2018. Ahora hace billeteras con bolívares que intenta vender en la calle 11 de Cúcuta.
"Hace tres años con esto hubiera comprado una casa, dos autos y una finca de recreo en Venezuela. Pero hoy esta bolsa, que pesa cuatro kilos, la compré por dos dólares", dice mostrando con desprecio la moneda de su país.
En el pequeño puesto callejero del "Peludo" los bolívares sirven para hacer dinosaurios, camiones, aves, bolsos y diademas.
200 kilómetros por un plato de comida
Don Jesús anda lento y tembloroso. Tiene 67 años y se apoya en un bastón. Todos los días cruza la frontera y recorre 200 kilómetros entre ida y regreso para conseguir "un bocado".
Trabajó durante más de 50 años en el campo. Nunca le faltó nada, asegura; la abundancia la producían sus manos. "Me daba para vivir bien y para tomarme mis botellas de ron", dice.
Aunque no entiende términos como "inflación", afirma que la corrupción acabó con su país. "Pero hablar mucho es dañino para la salud", termina Don Jesús la conversación. Toma su ficha y hace la fila para recibir el almuerzo que brinda diariamente, a 6.500 venezolanos, el refugio La Divina Providencia, de la Diócesis de Cúcuta.
La diócesis tiene actualmente ocho refugios en diferentes puntos de la frontera con Venezuela. En ellos se le brinda diariamente alimento y consejos legales y espirituales a alrededor de 9.000 venezolanos.
"Venezuela se ha convertido en una empresa criminal"
Para el magistrado Rafael Antonio Ortega Matos, del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el Exilio, como para muchos otros venezolanos, Nicolás Maduro debería estar en cárcel.
"Fue condenado el 15 de agosto de 2018 por el TSJ legítimo y en el exilio a 18 años y tres meses de prisión, y tiene que resarcirle al Estado 35.000 millones de dólares por el caso Odebrecht", precisa a DIARIO DE CUBA.
Si las elecciones venezolanas hubieran sido legítimas, Maduro no se habría juramentado este 10 de enero para otros seis años de Gobierno "ante el TSJ ilegítimo que está en Venezuela, sino ante la Asamblea Nacional, que es lo que establece la Constitución", añade.
Recuerda que el TSJ que opera en Venezuela "está compuesto por unos magistrados que fueron puestos a dedo por la cúpula del partido de Gobierno".
Sobre el futuro de Venezuela, pone esperanzas en "el Grupo de Lima, la ONU y algunos presidentes de países europeos".
La Unión Europea, el Grupo de Lima (exceptuando a México), Estados Unidos y otros países han desconocido los comicios en los que fue reelecto Maduro por considerarlos "ilegítimos".
"Esta narcodictadura ha acabado con el país y con el pueblo", denuncia Ortega Matos. "En Venezuela han muerto miles de personas porque no hay medicinas, los hospitales no funcionan, el hampa hace de las suyas. A mi forma de ver, Venezuela se ha convertido en una empresa criminal".
El TSJ que funciona actualmente en Venezuela "es totalmente ilegítimo para tomar decisiones", señala Ortega Matos. Estas "son directamente ordenadas por el régimen", advierte. El TSJ en Venezuela "es un apéndice más del Gobierno dictatorial", sentencia.
Sobre la creciente éxodo de venezolanos, recuerda que Venezuela fue durante décadas "el sitio ideal para las personas que huían" de guerras y dictaduras.
"Hoy somos los venezolanos quienes hemos tenido que salir", lamenta. "Algún día espero que regresemos todos, incluidos esos jóvenes que huyeron (…), para construir la Venezuela del futuro".
La solución para Venezuela "no debe apartarse nunca de la Constitución", alerta Ortega Matos. "Se debe llamar a una elección transparente y que el pueblo decida el futuro de su país. Ese es el destino que nos merecemos todos (…) no coger atajos que nos puedan llevar a salidas de hecho", señala el magistrado, quien se opone a una eventual intervención militar extrajera.
"Maduro será condenado en algún momento por usurpación del cargo de presidente", asegura.