Las principales ciudades de Bolivia están bloqueadas parcialmente este jueves en rechazo a la postulación a un cuarto mandato sucesivo del presidente Evo Morales, en el poder desde 2006, mientras activistas de derechos humanos lanzaron llamados a la desobediencia civil.
Según AFP, grupos de activistas bloquearon calles y avenidas con banderas bolivianas y pancartas con la leyenda "Bolivia dijo No" —en referencia al referéndum de 2016 en el que se consultó sobre la reelección de Morales— interrumpiendo el tráfico de vehículos en ocho de las diez mayores ciudades, pese a lo cual el comercio y la banca continuaban con sus labores habituales.
El Ministerio de Gobierno (Interior) calculó que unos 5.000 activistas participan en los bloqueos.
La oposición a Morales subió de tono, luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitara el martes al mandatario para las primarias partidarias de enero, antesala de las elecciones generales de octubre de 2019.
A falta del servicio municipal de transporte en La Paz, que paró por orden del alcalde opositor Luis Revilla, y la circulación irregular de taxis y micros, miles de personas hacían filas en la estación de teleférico de la exclusiva zona sur para transportarse hacia el centro de la ciudad.
Imágenes de televisión mostraron que las protestas fueron más contundentes y masivas en Santa Cruz, en el este del país, cuyo gobernador, Rubén Costas, lidera la oposición a Morales.
Los ministros de Gobierno (Interior), Carlos Romero, y de la Presidencia, Alfredo Rada, minimizaron los bloqueos e incluso señalaron que en el país se trabaja con normalidad.
"Los resultados no son ni mucho menos lo que sus organizadores estaban buscando", afirmó Rada, mientras que Romero declaró que "la situación del país es de normalidad; en todo caso queremos celebrar la vocación de trabajo de la población".
Paralelamente, tres prominentes activistas de derechos humanos coincidieron en llamar a la "desobediencia civil".
"No existe independencia de poderes y el pueblo queda en absoluta indefensión. A partir de ahora emerge el legítimo derecho a la rebelión y a la desobediencia civil", afirmó el exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín.
Rolando Villena, también exdefensor del Pueblo, afirmó que si Morales "no respeta el voto popular, el pueblo está en el derecho a tener todos los mecanismo que están a su alcance para que, mediante la desobediencia civil, se rebele pacíficamente".
En la misma dirección apuntó la octogenaria presidenta de la ONG Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la exmonja católica española Amparo Carvajal.
Con el fallo, el TSE puso "en duda las bases de la democracia" y estableció "un futuro incierto para los bolivianos", advirtió el miércoles la Iglesia católica en un comunicado.
Mientras, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), principal contendor de Morales en las elecciones previstas para octubre de 2019, arengó a desplegar "una batalla democrática que vamos a ganar".
Jefe de un partido de centro, el alcalde paceño Luis Revilla, que apoya la candidatura de Mesa, dijo que "lo que queda ahora es resistir (y) volcarnos a las movilizaciones, para evitar que esta decisión se consuma".
Otro líder opositor, Samuel Doria Medina, derrotado tres veces en las urnas por Morales y que para 2019 retiró su postulación en favor de un candidato único de la oposición, llamó "a la unidad para frenar la dictadura".
Tras el fallo del TSE, que faculta a Morales a ir a primarias, donde no tiene rival, y consecuentemente presentarse en los comicios de octubre de 2019, la oposición se quedó virtualmente sin posibilidades de vetar por la vía legal su candidatura.
Morales perdió en febrero de 2016 un referendo para su reelección, pero logró a fines de 2017 que el Tribunal Constitucional autorice su candidatura para el período 2020-2025, arguyendo que postular es su derecho humano.
