Al menos 448 personas han muerto, 2.800 han resultado heridas y 595 están desaparecidas durante las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega que cumplieron este jueves 100 días, informó la no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (APNDH).
El secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva, dijo este jueves en una rueda de prensa que la lista de víctimas es "preliminar", ya que han tenido problemas para confirmar casos registrados en zonas de difícil acceso, reportó EFE.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país" durante la crisis, cifró en al menos 295 personas las personas en los primeros 99 días del estallido social.
Leiva indicó a los periodistas que algunas de las 2.800 personas que han resultado heridas quedarán con secuelas por lo que les resta de vida.
Detalló además que el organismo humanitario ha enfrentado "en Laguna de Masaya (Pacífico) y San Pedro de Lóvago (centro) grandes limitaciones" para verificar casos de fallecimiento en medio de la crisis.
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (APNDH) fue fundada en 1986 y es una de las más respetadas del país centroamericano.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta de su historia en tiempos de paz, y la peor desde la década de los años de 1980, también con Ortega siendo presidente.
El Gobierno nicaragüense niega ser el promotor de la violencia y el principal responsable de las muertes, y tilda a los manifestantes de "grupos terroristas" con un plan de "golpe de Estado" que ya ha sido derrotado, según ha dicho la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo.
Un diálogo nacional entre la Alianza y el Gobierno se mantiene suspendido, debido a la fuerte represión, según la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), que actúa como mediadora y testigo.
Las protestas contra Ortega y Murillo se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.