Uno murió porque le negaron la entrada a un hospital tras recibir un disparo en la garganta, a otro no le valió suplicar de rodillas por su vida, dos fueron incinerados vivos, el último recibió un disparo en la cabeza. La muerte no hace excepción con los niños en una crisis que ha cobrado más de 285 vidas en Nicaragua.
En la crisis, que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es causada por el Gobierno al reprimir manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega, casi el 8,5% de los muertos son menores de edad y ninguno falleció por accidente, reporta EFE.
Este sábado, miles de personas se concentraron frente a la Plaza de las Victorias, en el centro de Managua, para participar en una manifestación en homenaje a los menores de edad asesinados.
La denominada "Marcha de las Flores", convocada por organismos cívicos, partió de la Plaza de las Victorias con rumbo a la rotonda Jean Paul Genie, en el sureste de Managua, estaba previsto que terminara.
El caso más emblemático de los niños fallecidos es el de Álvaro Conrado. Con 15 años recién cumplidos, el 20 de abril repartía agua entre manifestantes cuando el disparo de un francotirador atravesó su cuello, según testigos. Un hospital ligado a la familia gobernante le negó la atención, tras lo cual murió. "Me duele respirar", fueron sus últimas palabras.
Junior Gaitán, otro quinceañero, rogó de rodillas a un oficial para que no lo matara, dijeron testigos. El "Pollito", como le conocían en Masaya, murió horas después de que el Gobierno celebró el Día del Niño.
Dos semanas después, el 16 de junio, un niño de cinco meses y una niña de dos años fueron quemados vivos junto con cuatro familiares, mientras un grupo de policías rodeaba su casa, según la sobreviviente Cinthia López, vecinos, y vídeos en redes sociales. El Gobierno alegó "causas desconocidas".
A la semana siguiente, un bebé de 14 meses recibió un disparo en la cabeza cuando pasaba junto a su familia entre un grupo de policías. El acta de un hospital estatal clasificó el caso como "sospechas de suicidio".
De las 24 víctimas infantiles, 21 eran varones y tres niñas; nueve tenían 17 años, cuatro tenían 16, seis tenían 15, uno tenía 14, uno tenía 11, una tenía cinco, dos no llegaban a los dos años, según la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI).
Niños sobrevivientes abundan. Uno de 14 años sobrevivió a un disparo que le atravesó el pecho, dos pequeños fueron expulsados a tiros de un parque por policías y 400 escaparon de un albergue amenazado en la ciudad de León.
"Esto es parte de la agresión desmedida que hay, sin discriminación por edad, en el país. Todo el sistema de protección integral para la niñez está desarticulado, entonces no hay un sistema que proteja sus vidas", dijo a EFE la integrante del Consejo de Coordinación de CODENI, Audilia Amaya.
La dirigente de CODENI también lamentó que no haya agentes policiales acusados, a pesar de las evidencias, y que ninguna institución gubernamental relacionada con la protección de la niñez lamente las muertes, ni los casos de adolescentes llevados a cárceles de tortura, o los 43 niños que han quedado huérfanos.
El abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Juan Carlos Arce, calificó la situación, en especial el caso calificado de "suicidio", como "aberrante, absurdo, burdo".
"Tenemos un Estado confabulado para promover impunidad en estos casos", dijo.
Nicaragua lleva más de dos meses en la crisis más sangrienta desde la década de los 80, también con Ortega como presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron tras unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en reclamos de la renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.