El Tribunal Supremo de Venezuela ordenó a última hora del miércoles la detención del diputado Germán Ferrer, esposo de la exfiscal general Luisa Ortega, a quien el Gobierno acusa de formar parte de una trama que habría utilizado la Fiscalía para lucrarse mediante la extorsión, reporta EFE.
"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia declara procedente la detención del ciudadano diputado Germán Darío Ferrer", se lee en la sentencia, que da luz verde a la solicitud de detención cursada por el nuevo fiscal general, Tarek Saab.
El Tribunal, al que la oposición acusa de servir a los intereses del Gobierno, dijo que Ferrer no tiene derecho al antejuicio de mérito que debe preceder la apertura de procesos a altos cargos, al tratarse de un caso de "delitos en flagrancia", lo que permite a la Justicia saltarse este paso, establecido para evaluar si existen motivos para enjuiciar a esas figuras públicas.
La Fiscalía dice tener en su poder "documentos originales" firmados por Ferrer y otros acusados que demostrarían que abrieron varias cuentas en Bahamas donde tenían hasta seis millones de dólares.
Ferrer es uno de los antiguos diputados del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que rompieron con el presidente Nicolás Maduro y montaron un grupo parlamentario propio en la Cámara legislativa venezolana.
Su esposa, Luisa Ortega, se rebeló hace meses contra el Gobierno y un Tribunal Supremo al que acusó de servir al Ejecutivo, y fue destituida de su cargo el 5 de agosto por la recién instaurada Asamblea Nacional Constituyente, integrada solo por oficialistas.
La residencia caraqueña de Ferrer y Ortega fue registrada este miércoles por agentes del Servicio de Inteligencia, que se llevaron ordenadores y otros materiales.
El oficialista Diosdado Cabello, uno de los miembros más influyente de la Asamblea Constituyente, acusó a Ferrer y a varios altos cargos del Ministerio Público bajo el mando de Ortega de formar parte de la supuesta red de extorsión.
Según la denuncia de Cabello, en la que se basó Saab para pedir las detenciones, Ferrer y el que fuera fiscal anticorrupción, Pedro Lupera, pedían grandes cantidades de dinero en dólares a cambio de retirar acciones penales contra los extorsionados.
Empresarios que trabajaban en la faja petrolera del Orinoco —donde se encuentran las mayores reservas de petróleo de Venezuela—, alertaron a los denunciantes de que fueron víctimas de estas prácticas, según dijeron Cabello y Saab.
La Fiscalía dirigida por Ortega imputó a varios dirigentes de una empresa petrolera con participación del Estado venezolano al hallar indicios de que inflaron precios a la hora de encargar compras de productos de la compañía.
El esposo de Luisa Ortega negó categóricamente que la firma que figura en los documentos presentados por la Fiscalía para incriminarle sea la suya, y pidió que se compare con su rúbrica para demostrarlo.
"Qué indignación. Mostrando firmas que no he hecho en documentos que no resisten la más mínima prueba. Reto a que comparen lo que él presenta con una firma original mía para desenmascararlo por inmoral", dijo Ferrer al medio local Punto de Corte.
Llamó "cínico y mentiroso" al fiscal Saab, denunció el "neofascismo" del Gobierno venezolano y apeló a "la solidaridad del venezolano de bien".