"¡Arrástrate como un gusano!", gritaban soldados a Paula Colmenarez Boscán, una estudiante universitaria de Caracas que fue detenida en julio en una manifestación contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
"Me arrestaron decenas de militares. Me manoseaban la entrepierna mientras me trasladaban en una motocicleta. Me cubrieron la cabeza, me golpearon y robaron el celular. Solo me liberaron cuando se hizo viral una foto en la que aparecía siendo arrestada", contó la joven al diario español El País.
Venezuela ha vivido desde el pasado 1 de abril una ola de protestas contra Maduro que se recrudecieron un mes después cuando el presidente convocó la Constituyente.
Las manifestaciones han sido dispersadas por las fuerzas de seguridad, y han dejado hasta el momento más de 120 muertos, numerosos heridos y miles de detenidos.
La ONU denunció este martes el "uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva", así como "torturas", durante las protestas en Venezuela y acusó a las fuerzas de seguridad de ser responsables de la muerte de al menos 46 manifestantes.
Tamara Taraciuk, de Human Rights Watch (HRW), explicó sobre los torturados: "Son mayormente disidentes o críticos. No son solo aquellos líderes opositores conocidos, sino que se trata de ciudadanos de a pie que el Gobierno considera disidentes simplemente por participar en manifestaciones o por estar pasando cerca de una".
Otra de las detenidas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante las protestas, el pasado mes de junio, es Mileidy González, una joven auxiliar de enfermería que estaba caminando en Barquisimeto cerca del lugar de los enfrentamientos.
"En la comandancia policial me ataron por las muñecas, me colgaron y así comenzaron a golpearme una y otra vez. Amenazaron con violarme y sembrarme droga si denunciaba, me destrozaron", relató la auxiliar de enfermería.
Como pruebas le quedan fotos, cicatrices en la piel y una lesión en el bazo.
Tras ser golpeada, la joven estuvo hospitalizada ocho días, pero nunca recibió un informe médico que certificara su condición durante el arresto.
"Ningún doctor se atrevió a dármelo. Ni siquiera quisieron darme una constancia médica en un CDI [Centro de Diagnostico Integral, red de ambulatorios creada por Hugo Chávez]", condenó.
Los policías que la golpearon están en libertad, mientras ella tiene que acudir cada mes ante un tribunal, "imputada por daños violentos y resistencia a la autoridad".
"Si eres policía o militar en Venezuela, lo puedes todo. Ellos te quitan tu libertad y violan tus derechos sin importar si eres inocente", lamentó González.
Gaetano Costa, un politólogo de 42 años y militante del partido Voluntad Popular, "fue detenido y golpeado" durante las protestas, pero no era su primera vez: en las protestas de 2014 "ya había experimentado los excesos de la GNB".
"No estaba solo. Varios manifestantes fueron detenidos ese día. Nos encerraron en una oficina en el interior de una comandancia de la GNB. Allí nos golpearon, amenazaron con desaparecernos, nos apuntaron con armas de fuego y hasta lanzaron dos bombas lacrimógenas. Parecía una cámara de gas nazi. Los militares decían que íbamos presos por guarimberos [opositores]", recordó Costa sobre su detención en mayo de 2014.
Sobre las pocas denuncias de estos casos de violencia, Andrés Colmenarez, director de la ONG Funpaz, señaló: "Son casos excepcionales, por lo general la mayoría no se atreve a ser identificado. En las protestas de 2014 unas 80 personas denunciaron torturas en Lara, este año han sido 20. Eso no nos habla de una disminución de los casos, sino de los ciudadanos que se atrevieron a hacer públicos estos abusos".
"He defendido a dos menores de edad, de 16 y 17 años, detenidos durante una protesta. Ellos comentaron en su audiencia de presentación sobre los maltratos físicos y hasta actos lascivos cometidos contra uno de ellos por fuerzas de seguridad del Estado. Todo eso está registrado en actas. No pasó nada contra sus agresores, unos militares", explicó a El País la abogada Tamara Bechar, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
Según la letrada, la alta impunidad puede influir en que las víctimas no quieran denunciar.
Un joven de 22 años, conocido como Spider-Man, miembro del autoproclamado Movimiento de la Resistencia, no ha denunciado ante la Fiscalía a los militares que le habrían hecho perder su ojo izquierdo en una protesta el pasado 30 de julio.
"Antes me habían golpeado dentro de una comandancia de la policía de Lara, pero seguía protestando porque no tenía miedo. Sería un riesgo delatarlos. Me meterían preso, ellos seguirían libres", afirmó Spider-Man.
Para Tamara Taraciuk es básico que se documenten estos casos, a pesar de que "hoy en día es impensable que se haga justicia en Venezuela porque el poder judicial es un apéndice del Ejecutivo".