Transportistas privados santiagueros demandaron ante funcionarios del Gobierno de su territorio "garantías en su labor", luego de sufrir "persecución, encarcelamientos y decomisos" de parte de las autoridades, quienes los reprimen para supuestamente enfrentar "el robo de combustible".
En una reciente reunión celebrada en Santiago de Cuba, unos 70 transportistas de los municipios La Maya, Palma Soriano y la propia cabecera provincial, reclamaron respeto ante autoridades del Partido Comunista, del Gobierno y de dirigentes e inspectores estatales del sector.
Daniel Perea García, secretario de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) en Santiago de Cuba, precisó en un reporte enviado a DIARIO DE CUBA que en ese encuentro Rogelio Corujo, representante de los transportistas privados, explicó cómo a raíz de las medidas tomadas por las autoridades contra el robo de combustible, el gremio se ha visto afectado seriamente.
La medida, ordenada por el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, ha dado lugar en Santiago de Cuba a "multas desproporcionadas, decomisos de camiones, procesos judiciales en curso y encarcelamientos de choferes", denunció Perea García.
Si bien los funcionarios estatales critican a los choferes privados por subir los precios del pasaje, maltratar a los viajeros y por diversas indisciplinas en la vía, el secretario de la ASIC señaló que el alza de las tarifas de diez hasta 25 pesos en el tramo Palma-Santiago se produjo después de que muchos trabajadores del sector decidieran no salir a trabajar, al verse imposibilitados de justificar la compra del combustible que usan.
Esta situación produjo un aumento de la demanda de pasaje y, con ello, de los precios.
Los choferes argumentaron que no tienen otra manera de mantener los precios bajos que comprar el combustible que les venden "por la izquierda", en el mercado negro.
Además, advirtieron a las autoridades que, en caso de que los obliguen a inscribirse en las terminales para hacer rutas fijas, "podrían decidir ir al paro."
Los dirigentes aceptaron que el experimento en el transporte realizado por el Gobierno cubano en La Habana "había fracasado", y prometieron la venta de combustible a precios asequibles, pero indicaron que para ello primero "había que acabar con las ilegalidades."
Según el reporte, la intención de los choferes no es ir al paro, aunque para seguir operando exigen garantías elementales. Las autoridades no hicieron otro compromiso más allá de prometerles llevar sus preocupaciones a instancias ministeriales.
Una representación de los choferes determinó por ello acudir a la ASIC para estudiar la posibilidad de presentar ante la Organización Internacional del Trabajo su situación, considerando "que su problema, más que administrativo, es netamente político."
En el informe que presentaron incluyen asimismo los casos de los choferes Ramón Álvarez y Gabriel Castro, ambos a la espera de juicio y que podrían sufrir el decomiso de sus medios de transporte, así como el de Eloy Mateo, que por idénticos motivos se encuentra cumpliendo tres años de privación de libertad.