A casi cinco meses de ser detenido injustamente durante 72 horas, entre el 10 y el 13 de noviembre pasado, continúo siendo víctima de la violación de uno de mis derechos humanos fundamentales: se me impide viajar al extranjero.
Es una medida punitiva aplicada por la Seguridad del Estado a través del Ministerio del Interior (MININT), bajo la supuesta "categoría" de "regulado". No me ha sido impuesta por un tribunal ni está asociada a delitos cometidos, ni a acusaciones formales. Es una especie de "prerrogativa", semejante a la que tiene la Policía durante la investigación de un crimen.
En Cuba es práctica habitual la aplicación de esta limitación a los periodistas independientes y opositores político. Nadie nos informa que estamos "regulados", ni que se nos investiga por crimen alguno. Nos enteramos cuando decidimos viajar.
Al ignorar las limitaciones que nos han impuesto, ante un eventual plan de viaje realizamos trámites consulares para el visado, lo cual conlleva costos y tiempo de gestión. Luego se reservan pasajes de ida y vuelta, se hacen compromisos y planificaciones con terceros, y se dirige uno al aeropuerto internacional, que puede estar a cientos de kilómetros del domicilio.
Incluso llegas a chequear el pasaje con la aerolínea y pasas a la Aduana. Es el oficial de Inmigración, casi siempre jovencitas con rostros angelicales, quien te mira dos o tres veces comparándote con una fotografía que le sale en la computadora con el estigma "regulado" y te informa:
"Lo sentimos mucho pero usted no puede viajar, se encuentra regulado".
Entonces te pasan a una oficina, te preguntan tonterías y te dejan marchar rápidamente. Al menos fue mi caso en noviembre pasado, cuando intentaba viajar a Perú.
El objetivo de la Seguridad del Estado no es otro que castigar, hacer sentir su fuerza y nuestra falta de derechos. Es un organismo que funciona al margen de la ley y, aunque no portan armas visiblemente, ni arrestan con sus propias manos, tienen el poder de ser acatados por todas las instituciones del MININT.
La Fiscalía General de la República afirma no tener herramientas legales para cuestionar el trabajo de la policía política, sin importar cuántas violaciones constitucionales efectúe contra cualquier ciudadano. Es como un derecho no escrito, heredado de los primeros años en que el país se rigió por una improvisada y mucho más escueta "Carta Fundamental". Lo interpreto de las vagas explicaciones de los fiscales ante mis quejas. Con visible temor y laconismo, intentan argumentar la ausencia de respuestas y soluciones.
Debo recordar que el mismo día en que me detuvieron fui víctima de un registro en mi vivienda. También hubo otro en la de mi amigo José Antonio Herrera. Nos incautaron todos los medios digitales de trabajo y uso personal. En mi caso, por ser periodista independiente, pero con mi amigo nada racional explica el atropello, pues no tiene vinculación política ni con mi actividad. Sin mediar acusación, desmantelaron su negocio como cuentapropista dedicado a grabar memorias con el Paquete Semanal, y dicen que no devolverán lo incautado.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Artículo 13, reconoce que "toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país". Cuba es signataria de ese instrumento y firmante, sin ratificarlo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que recoge la libertad de circulación, o "de viajar", como inalienable.
La Seguridad del Estado, sin embargo, tiene la potestad de regular la libertad de viajar a los ciudadanos que considera "molestos" a los intereses oficiales, de solicitar órdenes de registro a sus domicilios y de ordenar su detención temporal. Estas vejaciones las usa como una forma arbitraria de castigo a falta de delitos reales.
Con el despojo definitivo de bienes, la policía política infringe daños económicos sin que proceda legalmente el decomiso y causa sufrimiento a las familias. Las víctimas somos comúnmente periodistas independientes, disidentes activos y artistas contestatarios.
Así, se pretende mermar la capacidad de protestar y criticar de los ciudadanos, en aras de aparentar una falsa tranquilidad y apoyo al Gobierno.
Increíblemente, Cuba es miembro fundador del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y además pertenece a los siete organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos.