En La Habana acaba de celebrarse el II Simposio Internacional Violencia de Género, Prostitución, Turismo Sexual y Trata de Personas Berta Cáceres In Memoriam, con el auspicio del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), dirigido por la sexóloga Mariela Castro Espín. Según ha anunciado el periódico Granma, el evento sirve para fomentar la creación de políticas públicas inclusivas y analizar las brechas de desigualdad, los mecanismos de control y dominación, y la prostitución femenina.
Granma, sin embargo, no ha explicado nunca cómo todo el andamiaje estatal cubano continúa anclado en un patrón binario, un enfoque defensor de la igualdad entre hombres y mujeres de acuerdo a sus genitales externos. Modelo capaz de anular el derecho de los humanos a gozar su identidad sexual, y a disfrutar las múltiples formas de construir el género.
No ha señalado, jamás, la imposibilidad de las estructuras gubernamentales para superar una biopolítica y una ciencia jurídica, incapaces ambas de reconocer los crímenes de odio contra las personas homo y trans; y de penalizar la violencia en todas sus dimensiones. Tampoco ha reconocido el limitado o nulo enfoque sociológico, antropológico y psicológico que sobre el trabajo sexual tienen las leyes implantadas en la Isla.
En Cuba la prensa oficial se refiera a estos temas cuasi por puro compromiso. La violencia simbólica ejercida desde los medios de comunicación afianza los estereotipos patriarcales y sexistas. Es evidente en los programas humorísticos, los videoclips, la mayoría de los dramatizados y el sistema informativo, el cual —por ejemplo— no mencionó que el lamentable atentado en el club de Orlando, Florida, había sucedido en un sitio nocturno frecuentado por un público gay.
La violencia encuentra cuerpo en la fotografía y en numerosos artículos de la prensa plana, reivindicadora de la familia tradicional; en la radio y sus jingles dirigidos al "macho varón masculino" y a la "hembra recipiente reproductivo"; en la omisión y/o sustitución de vocablos por sinónimos más convenientes.
Y si no, que alguien explique, por qué encontraron espacios los discursos homofóbicos y discriminatorios acerca de la perpetuación del matrimonio convencional, luego de la sustitución de la palabra "sexo" por la de "género", en el nuevo Código de Trabajo. Quién se sintió con la autoridad para brindarle a la Ministra de Trabajo y Seguridad Social la oportunidad de expresar públicamente su desacuerdo con la transexualidad.
Que alguien provea una irrefutable (al menos una sola) razón para la negación de las universidades a estudiar el asunto en cuestión más allá del empoderamiento de la mujer. Y otra, sobre la negación de la psiquiatría cubana a apoyar a las y los transexuales con un diagnóstico diferente al de "disforia de género".
Sería conveniente entender, además, por qué durante el segundo ciclo del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humano de las Naciones Unidas, Cuba defendió únicamente sus avances en la materia desde la perspectiva de lo tradicionalmente entendido como varón o hembra.
No hubiese sido en vano que el grupo de activistas del continente recién reunido en La Habana indagase por la ausencia de los diplomáticos del Estado caribeño en el salón de las Naciones Unidas el pasado 21 de noviembre de 2016. Aquella ocasión habría servido para patentizar la intención del Gobierno cubano de avanzar en la elaboración de mecanismos inclusivos. Cuba debió haber votado entonces en contra de la resolución propuesta por Botsuana para frenar el trabajo del experto independiente de la ONU para la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, ese día la legación cubana en Ginebra decidió no ir a trabajar.
De haber asistido, los funcionarios diplomáticos cubanos podrían haber demostrado el compromiso con los Principios de Yogyakarta, y su interés real en cumplir con los postulados plasmados en los objetivos de la Primera Conferencia Nacional del Partido Comunista (PCC). Hoy varios activistas se concentran en la aspiración de alcanzar una ley de matrimonio igualitario. Y puede resultar estratégico soñarlo, por cuanto significaría arrancarle a la Constitución socialista un derecho reservado solamente a la familia heterosexual, la única con el beneficio de garantizarle a otros el acceso al patrimonio y la herencia material.
El contrato social —ha señalado el brillante Alberto Roque Guerra— promulgó un contrato sexual en los nacientes estados laico burgueses, institucionalizando sus esencias patriarcales y la inferioridad de la mujer. En Cuba ni siquiera se habla de las uniones poliamorosas, o del poco acceso de las mujeres lesbianas a las técnicas de inseminación artificial, por no mencionar el derecho a la maternidad y la paternidad independiente, de quienes se asumen públicamente homosexuales.
Más que víctimas, somos sobrevivientes. Y de esa forma deberíamos empezar a plasmar nuestras demandas. Y a exigir desde determinados espacios donde nos pensemos iguales y no mártires. Hay derechos humanos antepuestos a todos los debates. Exigirlos tal vez ayudaría a que las banderas del arcoiris y las drag queens dejaran de existir por un solo día en la calle 23, para integrarse a la cotidianidad del paisaje urbano. Y quizás también de esa forma, alguien vendrá un día a consultarnos sobre el Código de Familia y no a regalarnos pequeñas migajas de una discusión engavetada en algún archivo de la Asamblea Nacional.
A la institución dirigida por Mariela Castro debe reconocérsele el poder de convocatoria. La capacidad para aglutinar organizaciones de diversas partes del orbe, y la intención de proveer de un trasfondo científico a la causa en común. También es justo valorar los avances en cuanto al acceso gratuito y universal a las operaciones de reasignación de sexo. Gracias al CENESEX numerosas personas trans han cambiado sus nombres y fotografías en los documentos de identidad, y reciben atención integral en ese centro. Sin embargo, y contra todo pronóstico, el nuevo carné ha incluido la categoría "sexo". De tal suerte, no solo en las leyes, sino también en la cédula personal, el reconocimiento jurídico continuará siendo de acuerdo a las características morfológicas de los genitales externos.
La transfobia ni siquiera ha sido integrada al discurso público, ni hay espacio en él para los trabajadores enfermos de sida, las mujeres negras, o los militares homosexuales. Las redadas policiales contra la comunidad sexo-género-diversa, lejos de disminuir, aumentan, como también aumentan los precios en los espacios nocturnos de socialización gay. Estos existen casi exclusivamente en la capital del archipiélago, y ¿gracias? a los empresarios privados.
No hace mucho tiempo, el bloguero "Paquito el de Cuba" denunció en su bitácora el mal rato dentro de un auto de patrulla, por el único delito de caminar junto a otro hombre gay por un sitio considerado para homosexuales por las fuerzas del orden de La Habana. No fue el único y no será el último caso, hasta tanto Granma no publique un día la aprobación de una normativa que, al menos desde el punto de vista jurídico, garantice protección y vele por los derechos humanos de una parte importante de la sociedad cubana. E incluso, aun así, todavía estaríamos lejos de un sistema garante de los derechos sexuales y de género.