En la madrugada de este sábado 10 de agosto fuerzas de la policía, bajo ordenanza del Gobierno municipal de La Habana Vieja, desalojaron violentamente a los damnificados del derrumbe ocurrido el pasado 22 de julio en la edificación ubicada en Monte 57.
"A las tres de la madrugada nos sorprendió un despliegue policial nunca visto, acordonaron los accesos a la cuadra y también se desplegaron dentro del propio edificio para evitar que vecinos solidarios evitaran el desalojo", relató Leydi Rosalía Fernández Avis, una de las afectadas por el derrumbe, a quien oficiales policiales trataron con violencia.
Según el testimonio de los damnificados, quien lideró el violento desalojo fue la vicepresidenta de Construcción del Gobierno municipal, que incluso rompió varias pertenencias de las víctimas del derrumbe.
El grupo de afectados llevaban 20 días durmiendo en los portales como protesta y en espera de una solución por parte de las autoridades de Vivienda en el territorio.
"Nuestras pertenencias las tiraron encima de un camión y los hombres, esposados, fuimos conducidos en carros patrullas hacia la estación policial conocida como punto 30, y ninguno de nosotros opuso resistencia durante el desalojo", contó el esposo de Fernández Avis, que a pesar de tener a su hija en resguardo ante el evento fue tratado con violencia.
A todos les fueron ocupados los teléfonos celulares, para evitar que trascendieran las pruebas del desalojo, y solo después de que fueran formateados durante la retención en la estación policial, se los devolvieron, y dos de ellos dañados.
"Marlen, la vicepresidenta de Construcción del Gobierno, nos dijo que el desalojo era resultado de que estábamos violando el Artículo 7 de la Ley de Vivienda, pero en todo este tiempo lo único que había hecho acto de presencia para mentirnos y maltratarnos verbalmente", lamentó.
El Artículo 7 de la Ley General de Vivienda establece que "los casos que por mal estado técnico o por motivos de derrumbe, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo determine que existe peligro para los ocupantes de una vivienda, la Dirección Municipal de la Vivienda comunicará a dichos ocupantes la obligación en que están de abandonarla en el término que se disponga, a los efectos de la reparación o demolición del inmueble, según proceda, para lo cual deberán ser reubicados en otra vivienda, si la hubiere, o ubicarlos provisionalmente en albergues habilitados a ese efecto".
Como contravención, dicho Artículo condena que, "en el supuesto de que los ocupantes no cumplieren dicha obligación, la Dirección Municipal de la Vivienda procederá a extraerlos con el auxilio de la Policía Nacional Revolucionaria si fuere necesario".
Sin embargo, lo que han obviado las autoridades municipales de Vivienda y Planificación Física es que la edificación de Monte 57, según consta en los documentos, desde 2015 tenía un diagnóstico técnico de apuntalamiento que no se ejecutó en su debido momento, y finalmente el inmueble colapsó sin que sus residentes pudieran salvar casi nada de sus bienes materiales.
"A las 9:00AM de hoy sábado, después de ocurrido el desalojo y mientras estaban detenidos en la estación de policía, un camión descargó la madera necesaria para apuntalar lo que quedó en pie del edificio, cuatro años después", aseguró un vecino de la cuadra.
Después de dos horas retenidos en la estación policial los vecinos afectados fueron obligados a abordar un ómnibus, y custodiados por policías conducidos al Instituto Tecnológico Villena Revolución, en el municipio Boyeros.
Es una opción "temporal que los funcionarios de Vivienda nos ofrecieron como solución hasta septiembre y bajo la misma advertencia de no llevar allí nuestras pertenencias", recalcó Leydi Rosalía Fernández Avis.
A Yuneisi Ramos, quien habría perdido su domicilio en calle Sol a causa de un incendio hace dos años atrás, y que en calidad de vivienda de tránsito le ofrecieron un espacio en los bajos de la edificación en Monte 57, ahora las autoridades de Vivienda le notificaron que tenía que irse.
Ahora "a ocupar mi domicilio original que ya antes del incendio había sido declarado como peligro de derrumbe", añadió.
"Nosotros ni siquiera estamos pidiendo una casa, sino un local con las condiciones decentes para habitar y remodelar, pero no un albergue, locales que están en peores condiciones que la que teníamos, y mucho menos en una escuela", declaró Fernández Avis en referencia a lo que probablemente les ocurra a los damnificados de Oquendo 358.
Los damnificados de este otro derrumbe, que ocurrió el 25 del pasado mes de julio, se encuentran actualmente albergados, temporalmente, en la Escuela de Ballet ubicada en Zanja y Aramburu, Centro Habana.
Temen que suceda lo mismo que con los afectados del huracán Irma, que serían desalojados violentamente cuando se negaron a abandonar este recinto escolar una vez que comenzó el curso escolar en septiembre de 2017.
"Decidimos regresar, no al portal para evitar otra acción violenta contra nosotros, pero sí estamos aquí arriba, en el derrumbe… pero seguiremos y llevaremos nuestro caso hasta donde sea", concluyó Fernández Avis.
Cientos de familias cubanas malviven en edificaciones en mal estado constructivo en municipios como La Habana Vieja y Centro Habana. En Cuba existe un déficit de 800.000 viviendas y la mayoría de las existentes se encuentra en regular o mal estado.