El Consejo de Ministros encabezado por Miguel Díaz-Canel aprobó un incremento salarial en el sector estatal que el propio gobernante presentó como "bastante significativo" y parte de una "estrategia económica basada en el máximo aprovechamiento de las capacidades internas y del potencial humano con que cuenta el país", publicó el diario oficial Granma.
"No es el incremento salarial final al que vamos, pero es bastante significativo para las condiciones en las que estamos", dijo.
"El propósito es —aseguró— que esta decisión comience a aplicarse en el salario correspondiente al mes de julio, para que antes de concluir el verano los trabajadores reciban los primeros beneficios", añadió.
Al respecto, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, precisó que para el sector presupuestado el salario mínimo se incrementa a 400 pesos (16,5 dólares) y el salario medio mensual por trabajador se eleva a 1.067 (45,5 dólares).
Según Gil, dicha medida comprende a 1.470.736 trabajadores de los organismos de la Administración Central del Estado, los órganos locales del Poder Popular, las organizaciones y asociaciones, y tiene un costo estimado anual de 7.050 millones de pesos.
En el caso de la Seguridad Social, que realizó un aumento en noviembre de 2018 a la pensión mínima, esta se mantiene en 242 pesos. El resto de las personas que en ese momento no recibieron ningún aumento y perciben pensiones inferiores a 500 pesos, ahora serán incluidos en las nuevas medidas, en la que estarían involucrados 1.281.523 personas.
"En tanto, la Asistencia Social no tendrá cambios, atendiendo al aumento realizado en noviembre de 2018, cuando la cuantía mínima se fijó en 217 pesos", precisó Granma.
Contribución Especial a la Seguridad Social
La ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, explicó además que se generalizará la aplicación de la Contribución Especial a la Seguridad Social a los trabajadores del sector presupuestado.
"Tendrán un tipo impositivo del 2,5% quienes obtengan ingresos mensuales hasta 500 pesos y de un 5% los que reciban salarios superiores a 500 pesos", puntualizó.
En 2014 se descentralizó la aprobación de los sistemas de pago por rendimiento, se vinculó la formación y distribución del salario al cumplimiento de indicadores y se eliminaron las restricciones administrativas. A causa de esto, el salario medio se incrementó de 600 a 871 pesos al cierre del 2018, dijo el ministro de Economía y Planificación.
A pesar de los "impactos positivos" de esas medidas, el titular admitió que persisten dificultades. A raíz de ello, el Consejo de Ministros aprobó perfeccionar el mecanismo para el pago del salario en el sector empresarial, manteniendo la vinculación con los resultados productivos, lo cual se implementará a partir del 2020, añadió.
Entre los incentivos destacó otorgar la facultad de aprobar los sistemas de pago al director de la empresa; priorizar siempre que sea posible la aplicación del pago a destajo; y mantener como indicador que condiciona el pago por resultados en las empresas el crecimiento de las utilidades antes de impuesto, comparadas con periodos anteriores, sostuvo.
Con el objetivo de evitar el efecto inflacionario de la medida, subrayó, el Ministerio de Finanzas y Precios dispondrá los mecanismos necesarios en toda la economía que permitan atenuar posibles incrementos de precios.
Díaz-Canel pidió "ser racionales en el completamiento de las plantillas. El que se vaya a emplear —apuntó— tiene que ser el que más va a rendir, porque la medida no es para tirar el dinero; es para estimular al que trabaje y aporte más".
"La intención del grupo de medidas es potenciar el desarrollo del país y hacer frente a la compleja situación de los momentos actuales. Todas no se pondrán en marcha de inmediato, pues precisan de más análisis y trabajo", puntualizó el gobernante.
Gil Fernández presentó las medidas como un intento de "dar una mayor respuesta a las necesidades de la población y de la economía, incentivando la activa participación de todos los actores en la búsqueda de soluciones y en el enfrentamiento al cerco económico que impone el Gobierno de los EEUU".
"El propósito es que lo diseñado, además de estimular el ahorro, propicie el desarrollo", añadió
El salario promedio en un empleo estatal, sector que agrupa a la mayoría de la población activa cubana con más de 4.400.000 trabajadores, apenas llega a los 30 dólares mensuales. La dificultad de los trabajadores cubanos para subsistir con los bajos salarios estatales frente a los elevados precios de los productos básicos en la Isla, la mayoría importados, fue uno de los temas más recurrentes durante los "debates" sobre la reforma de la Constitución aprobada en febrero pasado.
Esa queja también fue reconocida durante el último congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC, único sindicato legal) celebrado en abril pasado, en que se abogó por la aplicación de una reforma salarial en la Isla.