Cuatro demandas colectivas fueron presentadas este lunes en Miami, Florida, contra diversas compañías extranjeras con inversiones en la Isla, incluyendo las hoteleras españolas Iberostar y Barceló.
Esas reclamaciones buscan que tales empresas compensen a ciudadanos estadounidenses o a sus herederos por bienes y propiedades confiscadas por el régimen cubano.
Se trata de cuatro demandas colectivas presentadas el lunes ante el juzgado federal del sur de Florida, con exigencias de compensación posibilitadas tras la entrada en vigor del título III de la ley Helms-Burton, que permite a ciudadanos cubanoamericanos demandar contra entidades que comercien con bienes confiscados.
Las demandas se refieren a hoteles operados por las cadenas españolas Iberostar y Barceló, además de la cadena francesa Accor y la estadounidense Blue Diamond, reportó el diario español ABC.
Las reclamaciones fueron interpuestas contra plataformas de ventas de plazas hoteleras como Trivago y Booking, así como empresas estatales turísticas cubanas y los ciudadanos de la Isla Raúl y Mariela Roe.
Las compañías hoteleras, de momento, están notificadas sobre la existencia de la demanda y tienen un periodo de treinta días para acordar la compensación, según la Helms-Burton.
"Si en ese plazo no llegan a un acuerdo con los demandantes, entonces se incluirán en la demanda", explicó Ana Malave, una de las abogadas del despacho Rivero Mestre, de Florida, que trabaja para los demandantes.
Una de las demandas se refiere a los hoteles que Iberostar opera en Cayo Coco, que fuera propiedad de la familia Angulo Cuevas y por la que sus herederos buscan ahora compensación económica.
En el caso de Barceló, el hotel afectado es el Barceló Solymar, en Varadero, construido en parte sobre la propiedad confiscada a Diego Cosme Trinidad Valdés, y por la que ahora reclama su heredero, Diego Trinidad.
No es la primera demanda que sufren intereses españoles en Cuba tras la entrada en vigor de la Helms-Burton. A mediados de este mes, la familia Sánchez Gil presentó una demanda en España por diez millones de euros contra Meliá por dos hoteles operados en lo que fue su propiedad hasta 1960.
En el caso de Barceló e Iberostar, la demanda todavía no detalla una exigencia de compensación, que se concretará cuando se incluya a las compañías en ella.
Malave explicó que la Helms-Burton "permite exigir que se compense por el precio que tiene la propiedad hoy en día", pero en el caso de que no se acuerde una compensación en el plazo de treinta días, se puede pedir "tres veces ese monto".