La firma legal Rivero Mestre de Miami presentó el lunes una demanda colectiva contra varios grupos hoteleros controlados por La Habana en busca de indemnización para ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades fueron confiscadas por el Gobierno de Fidel Castro tras 1959 y explotadas por la cadena española Meliá.
De acuerdo con un reporte de Martí Noticias, entre las entidades demandadas se encuentran el Grupo Hotelero Gran Caribe, Corporación de Comercio y Turismo Internacional Cubanacán SA, Grupo de Turismo Gaviota SA y Corporación CIMEX SA, entre otras.
El pleito se establece bajo el amparo del Título III de la Ley Helms-Burton, que permite a ciudadanos estadounidenses reclamaciones a entidades extranjeras que hayan traficado con propiedades confiscadas por el régimen cubano.
"La Ley también le brinda derecho a un demandante que haya sufrido pérdidas cuantiosas contra un demandado que haya recibido notificación por adelantado acerca de la demanda", subrayó una nota de prensa de los abogados.
El Nuevo Herald precisó que algunos de los demandantes son miembros de la familia Mata, que piden compensación por el uso del hotel San Carlos, ahora administrado bajo el nombre Meliá San Carlos, en una empresa mixta entre Meliá y la cadena cubana Gran Caribe. El hotel fue confiscado sin compensación a la familia, una de las más adineradas en Cienfuegos, en diciembre de 1962. También perdió dos fincas y varias casas.
El diario aclaró que Meliá no aparece todavía en la demanda, pero recibió una notificación el lunes en la que se le informa que, de no pagar compensación a los dueños originales, sería incluida en la demanda colectiva, la primera de su tipo presentada hasta ahora bajo la Helms-Burton.
Uno de los abogados del caso, Andrés Rivero, dijo que su oficina solicitaría la evaluación de un experto, pero que el valor actual del San Carlos, un edificio histórico en el centro de Cienfuegos recién renovado por Meliá y reinaugurado en 2018, estaría en el orden de "varios millones de dólares".
En abril pasado, descendientes del terrateniente Rafael Lucas Sánchez Hill también anunciaron demandas en tribunales de EEUU contra la cadena española Melia Hotels International por la explotación de los hoteles Sol Río de Luna y Mares y Paradisus Río de Oro, construidos sobre un terreno de 40.000 hectáreas en Holguín que le fue confiscado a la familia.
Tras la puesta en vigor del Título III de la Helms-Burton, el pasado 2 de mayo, Meliá aseguró que la medida no suponía "ninguna alteración sustancial" de su actividad en Cuba y que "opera legítimamente" en la Isla.
En un reciente viaje oficial, la ministra de Turismo de España, Reyes Maroto, anunció la creación en La Habana de un grupo de trabajo para "trazar medidas de acompañamiento" y anticiparse "a lo que pueden ser años de litigios".
Por su parte, la Unión Europea ha insistido que protegerá "con todos los medios a su alcance" a sus empresarios que apuestan "por crear riqueza y prosperidad en Cuba" frente a la "amenaza" del recién activado Título III.
La UE ya adelantó su intención de aplicar el "estatuto de bloqueo", que prohíbe la aplicación en territorio comunitario de las sentencias en EEUU sobre el capítulo tercero y permite a los demandados recibir indemnizaciones en cortes europeas.
Tampoco se descarta una posible demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), una medida a la que el bloque europeo ya recurrió cuando se aprobó la Helms-Burton en 1996 y que no fue retirada hasta que Washington se comprometió a mantener congelado el citado Título III.
