El Gobierno canadiense reiteró este viernes que no "reconocerá o aplicará" ninguna sentencia emitida bajo el Título III de la Ley Helms-Burton de EEUU por actividades económicas en Cuba.
La oposición de Ottawa a esa norma estadounidense está basada "en los principios de la ley internacional y refleja nuestra objeción a la aplicación extraterritorial de leyes de otro país", dijo la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, en un comunicado citado por EFE.
Desde el jueves, ciudadanos y empresas estadounidenses cuyas propiedades fueron confiscadas en Cuba tras enero de 1959 pueden demandar en los tribunales de EEUU a compañías que se beneficien de ellas, gracias a la activación del Título III de la ley Helms-Burton.
En 1996 los Títulos III y IV (este último restringe la entrada a EEUU de quienes hayan confiscado propiedades de estadounidenses en Cuba) fueron suspendidos por el entonces presidente Bill Clinton, por una demanda ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) presentada por la Unión Europea (UE).
La suspensión había sido respetada por los sucesores de Clinton hasta que Donald Trump ordenó reactivarla.
Canadá aprobó en 1996 la ley de Medidas Extraterritoriales Extranjeras (FEMA, por sus siglas en inglés), que protege los intereses de los canadienses e impide reconocer o ejecutar en Canadá decisiones judiciales a consecuencia de la ley Helms-Burton.
Freeland recordó este viernes que FEMA permite a los ciudadanos de Canadá "utilizar los tribunales canadienses para demandar a la persona que haya iniciado una acción bajo la ley Helms-Burton, incluso si el proceso no ha concluido".
"Esto permitirá a los canadienses recuperar cualquier cantidad que haya sido obtenida de ellos, incluidos los gastos legales, y pérdidas o daños incurridos", añadió Freeland.
El Gobierno canadiense agregó que está trabajando con la UE y otros "socios internacionales" para defender las actividades económicas de los canadienses en Cuba.
Hasta el momento se han presentado ya tres demandas en EEUU tras la activación del Título III, incluida una de la petrolera ExxonMobil contra la Unión Cuba-Petróleo (CUPET) y la Corporación CIMEX por los bienes que le fueron confiscados en la Isla.
Además, dos estadounidenses de origen cubano, herederos de antiguos propietarios de muelles en La Habana y Santiago de Cuba, demandaron el jueves a la empresa de cruceros Carnival.
