El diario Granma nos tiene acostumbrados a las noticias sobre frecuentes reuniones de Miguel Díaz-Canel con dirigentes del Partido Comunista para tratar asuntos importantes para la vida nacional. El problema de la alimentación supuestamente ha sido abordado en varias ocasiones desde su designación como presidente, aunque los resultados no pueden ser peores.
La escasez de productos básicos y de primera necesidad como el pan, el pollo, el huevo, el aceite, la leche en polvo y la harina, agobia a millones de cubanos. Los videos de las peleas en las colas de los mercados reflejan un problema de conducta cívica, pero, más que todo, el desespero de los ciudadanos por la miseria y por lo que la Dra. Marlene Azor define como "angustia alimentaria". Una encuesta realizada en Cuba por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en abril de 2018 reflejó que para el 95% de los encuestados era "difícil" o "muy difícil" conseguir comida. Una situación que se ha agravado en los últimos meses. La pregunta es: ¿Qué ha hecho el Gobierno? Para solucionar el problema, nada.
En mayo de 2018, Díaz-Canel proclamó que el problema de los altos precios de los alimentos era causado por la "especulación" y, por tanto, prometió más control. Pocos meses después, el Gobierno señaló a otro supuesto enemigo —"el acaparamiento"—, y prometió racionalización, sin dejar de recordar que el código penal cubano tipifica esa conducta como delito.
Recientemente, directivos de la Corporación CIMEX (de capital estatal) expresaron que la escasez de alimentos se debe a dificultades en la importación estatal, a las tensiones financieras (falta de liquidez cubana) y a problemas de algunas industrias locales.
En medio de la propaganda oficial a favor de la imagen del presidente, de tantas reuniones y visitas "relámpago", y a la vez de ninguna solución, el diagnóstico de la gubernamental CIMEX pareciera comenzar a acercarse a la realidad, por lo menos en cuanto a las causas.
Es por ello que no deja de llamar la atención que, en paralelo a estas declaraciones, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa hable de lanzar una ofensiva aduanera contra la importación de mercancías por parte de particulares. Es decir, que a pesar de la situación por la que pasan los ciudadanos y de la incapacidad del gran y único monopolio del comercio y la importación en Cuba, que es el Estado, éste mismo quiere perseguir todavía más a quienes, a título privado y a veces gracias a la ayuda solidaria de familiares y amigos en el extranjero, quieren entrar productos a la Isla. O el Gobierno está desconectado de la realidad de los ciudadanos o su prioridad es mantener los márgenes comerciales de entre el 180% y el 240% a los productos destinados a la venta al público (cifra tomada de informes independientes).
En todo caso, mientras el Gobierno no emprenda un conjunto de reformas económicas, no se resolverá el problema de la alimentación. La escasez y los precios de la comida deberían ser una prioridad para los dirigentes cubanos, y en esto deben anteponer las necesidades de los ciudadanos a los dogmas de un sistema económico obsoleto y a los intereses mercantilistas de unos cuantos.