El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, añadió este lunes cinco compañías cubanas a la lista de empresas que pueden ser demandadas en Estados Unidos por supuestamente beneficiarse de propiedades que fueron expropiadas tras la Revolución cubana.
En un comunicado, el Departamento de Estado informó de la actualización de la lista, cuyos cambios entrarán en vigor este martes, cuando sean publicados en el Registro Federal, el diario oficial del Gobierno.
Según un borrador de la disposición, las empresas incluidas en esa lista son: un local en Varadero y cuatro propiedades de la cadena cubana de establecimientos turísticos Gaviota, propiedad del conglomerado empresarial militar GAESA, entre los que se encuentran los hoteles Habaguanex, Playa Gaviota y Gran Manzana.
El pasado 4 de marzo, el Departamento de Estado anunció que, a partir del 19 de este mes, los cubanoestadounidenses podrán denunciar a compañías incluidas en la conocida como Lista de Entidades Cubanas Restringidas, creada a raíz de una orden ejecutiva del presidente de EEUU, Donald Trump.
Trump creó esa lista en junio de 2018 para prohibir las transacciones de ciudadanos estadounidenses con empresas "bajo el control o que actúan en nombre" de los servicios militares, de Inteligencia y de Seguridad de Cuba, de acuerdo al Departamento de Estado.
En Cuba, muchos de los hoteles son propiedad de compañías controladas por las Fuerzas Armadas y están gestionados en régimen de empresa mixta por corporaciones extranjeras, como el grupo Meliá, con sede en España.
Ante esta situación, EEUU ha determinado que, a partir del 19 de marzo, solo podrán interponerse denuncias contra la parte cubana propietaria de la entidad incluida en esa lista negra; pero no contra las empresas europeas que participan en esa sociedad.
De esa forma, Washington quiere evitar cualquier pleito por el título III de la ley Helms-Burton, que se mantiene suspendido desde que fue aprobado hace 22 años y que, de entrar en vigor, permitiría reclamar en EEUU propiedades confiscadas hace 60 años y de las que se benefician empresas de diferentes partes del mundo.
El Gobierno cubano considera "arbitraria" esa lista negra del Departamento de Estado y ha tratado de tranquilizar a los países y empresas que operan en Cuba, al asegurarles que tienen el respaldo de las leyes cubanas y del derecho internacional para seguir invirtiendo en la Isla.
En esa línea, este sábado varios grupos del exilio cubano urgieron al Gobierno del presidente Trump a activar por "completo" la ley que permitiría demandar en tribunales estadounidenses a "empresas extranjeras", y no solo a las cubanas, que usufructúan propiedades confiscadas tras la Revolución.
El abogado Nicolás Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba en Miami, en el sur de Florida, dijo a EFE que por ahora son meramente "simbólicas" y de presión las medidas emprendidas en ese sentido por Estados Unidos.
Indicó que la clave es implementar "plenamente" las demandas contra compañías extranjeras "con presencia económica" en Estados Unidos por "traficar" con bienes confiscados en Cuba.
"Eso sí va a desalentar la inversión extranjera en Cuba, porque pueden ser demandadas por la familia que era dueña de alguna propiedad", agregó.