El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, anunció este lunes que mantendrá suspendido durante un mes más el título III de la ley Helms-Burton, lo que en la práctica impide a los cubanoamericanos reclamar ante cortes de EEUU propiedades que les fueron expropiadas tras la llegada de Fidel Castro al poder en Cuba.
En un comunicado, Pompeo explicó que ha decidido continuar con la suspensión del título III porque está en el interés de EEUU y acelerará una "transición a la democracia" en Cuba; pero explicó que la extensión tiene una excepción: podrán interponerse demandas contra aquellas compañías incluidas en una "lista negra".
En esa "lista negra" de EEUU figuran entidades que están "bajo el control" de la Inteligencia cubana, de las Fuerzas Armadas o efectivos de seguridad, así como el personal que establece "transacciones financieras directas" que podrían dañar al pueblo cubano, según explicó el Departamento de Estado en su web.
En esa lista están incluidas instituciones como el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior; así como gran cantidad de hoteles, como la cadena cubana de establecimientos turísticos Gaviota y establecimientos de ese grupo, como el Meliá Marina Varadero, en su mayoría pertenecientes al conglomerado empresarial de los militares, GAESA.
Desde su creación en 1996, el título III de la ley Helms-Burton ha sido suspendido por todos los gobiernos de EEUU cada seis meses; pero, en enero, cuando tocaba renovar esa cancelación, el Gobierno de Donald Trump disparó todas las alarmas al suspender la provisión solo durante 45 días.
La actual suspensión es de 30 días y expirará el día 17 de abril, detalló el Departamento de Estado en su nota.
Cuando la norma se aprobó hace 22 años, el bloque europeo y otros países con intereses empresariales en la Isla se opusieron ferozmente porque temían que sus compañías fueran demandadas en EEUU; y, por ello, la Unión Europea (UE) denunció a Washington ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La batalla concluyó con el compromiso de EEUU de mantener el título III suspendido a cambio de la retirada de la querella.
Los exiliados cubanos, muchos de los cuales ahora son ciudadanos de EEUU, han reclamado durante mucho tiempo la activación del título III con la esperanza de poder recuperar las fortunas que les fueron expropiadas tras la revolución cubana, hace 60 años.
El Gobierno de Donald Trump, contrario al "deshielo" con Cuba que inició su antecesor, Barack Obama, también ha amenazado en las últimas semanas con incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo que elabora el Departamento de Estado, de la que la Isla salió en 2015.
En sus dos años en la Casa Blanca, Trump ha restringido los viajes a Cuba, ha reducido su personal diplomático y ha endurecido el embargo con más sanciones a los hoteles de la Isla.
Entre los principales inversionistas en Cuba se encuentran el gigante británico de la industria del tabaco, Imperial Brands, que opera una empresa conjunta con el Gobierno cubano para producir habanos de calidad; las compañías hoteleras españolas, Iberostar y Meliá, que tienen decenas de hoteles a lo largo y ancho de la Isla, y el fabricante de bebidas francés Pernod-Ricard, que hace el ron Havana Club con una destilería estatal cubana.
EEUU está presentando la medida como represalia por el apoyo que La Habana le sigue brindado a su aliado el presidente Nicolás Maduro de Venezuela.
Al permitir algunas demandas, la medida podría dificultar las inversiones en Cuba, pues las empresas tendrán que hacer averiguaciones sobre su vulnerabilidad a los litigios. Sin embargo, es poco probable que la aplicación afecte mucho a la economía cubana.
Tras casi 60 años de embargo comercial, la economía cubana está creciendo a un modesto ritmo de alrededor del 1% anual y las inversiones extranjeras ascienden aproximadamente a 2.000 millones de dólares, mucho menos de lo necesario para impulsar la prosperidad.
Sin embargo, el turismo, la venta de servicios profesionales, las remesas y el petróleo subsidiado de Venezuela han permitido al Gobierno cubano mantener servicios básicos y cierto grado de estabilidad que a todas luces no parece afectado por las recientes medidas de Washington contra La Habana y sus aliados latinoamericanos como Venezuela y Nicaragua.