El Gobierno de Cuba prevé achicar su Asamblea Nacional de 605 diputados y comenzará a trabajar en una nueva Ley Electoral después de que concluyan en noviembre los debates del proyecto de nueva Constitución, anunció este miércoles Esteban Lazo, presidente de ese órgano, reportó AFP.
"A nosotros nos parece muy grande", dijo Lazo, refiriéndose a la institución que dirige.
Según la agencia estatal cubana Prensa Latina, Lazo explicó que "la asamblea actualmente no puede sesionar" en la restaurada "sede del Capitolio Nacional debido a la gran cantidad de diputados" que existe actualmente.
Debido al poco espacio, el Parlamento actualmente se reúne en el Palacio de las Convenciones de La Habana. "Debe ser más pequeño" el número, apuntó Lazo durante un encuentro con su homóloga sudafricana Baleka Mbete, de visita en la Isla. Lazo no ofreció detalles de en qué medida o cómo será reducido.
Lazó precisó que "seis meses después" de que concluya el actual proceso de debate del proyecto de nueva Constitución, "la primera tarea del Poder Legislativo debe ser preparar una nueva Ley Electoral".
El proyecto de nueva Carta Magna, que reemplazará a la de 1976, será debatido por los cubanos hasta el 15 de noviembre, en asambleas vecinales y centros laborales. Luego irá a referendo el 24 de febrero de 2019.
La nueva Constitución abre las puertas al mercado y la propiedad privada. También reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo y restituye la figura del presidente de la República, y creará además el cargo de primer ministro. Sin embargo, no renuncia al papel rector del Partido Comunista.
El Movimiento Cristiano Liberación había presentado meses atrás una petición al órgano legislativo "por una Ley Electoral que garantice el derecho de todos los cubanos a elegir y ser elegidos".
"Cuba es una República desde hace 114 años, pero lamentablemente durante la mayor parte de este tiempo, la soberanía popular ha sido usurpada por el poder. Los últimos 64 años han sido de ausencia total de democracia y de libertades políticas", sostiene el MCL en el texto que acompaña la campaña.
La nueva Ley Electoral debe garantizar "que la ciudadanía es la relación jurídica entre el Estado de un país y sus ciudadanos. La ciudadanía por nacimiento no se pierde por vivir en el territorio de otro Estado. La ciudadanía es un derecho subjetivo que ni las leyes ni el Gobierno pueden derogar (…)".
"La nueva ley electoral debe devolver a todos los cubanos por nacimiento que residen fuera de la Isla su derecho pasivo de sufragio (voto) y prescribir los plazos de residencia estable y permanente en Cuba, a cumplir, por los ciudadanos cubanos por nacimiento residentes en el exterior interesados en ejercer su derecho activo", añade.
"Para la nominación y elección de puestos de representación popular", el MCL entiende que la nueva ley debe cumplir los siguientes requisitos:
"Los aspirantes a los puestos de representación deben de residir de forma estable y permanente en la localidad que pretenden representar" y que "deben ser nominados únicamente por un porciento razonable de los ciudadanos con derecho al voto de la localidad, que lo expresaran mediante su firma y sus datos de identidad personal", una gestión que "corresponderá a los aspirantes y el equipo que pueda formar, excluyendo de la misma a todas las instancias oficiales o que sean financiadas por el Gobierno".
Asimismo consideran que "cada puesto en disputa pueda contar con la participación de varios candidatos que aparecerán el día del sufragio en la boleta electoral" y "que los candidatos nominados puedan realizar su campaña de propuesta ante sus electores, usando los espacios públicos así como a través de los medios de difusión masiva que son propiedad social, garantizándose la igualdad de derechos al acceso de los mismos".
Por otra parte, la nueva legislación debe contemplar "que los miembros activos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o el Ministerio del Interior representan Instituciones al servicio de toda la Nación y su función es defender la integridad de la Nación y la soberanía nacional, por lo que no deberán participar en el proceso electoral como aspirantes, aunque sí como votantes, reservándoles además la responsabilidad de garantizar el orden y el respeto a la decisión soberana del pueblo".