Las audiencias judiciales que tienen a un grupo de presuntos falsificadores de documentos como protagonistas terminaron este miércoles en La Habana con muchas dudas por parte de los acusados.
Ni ellos ni sus abogados defensores creen que el juzgado sopese objetivamente los atenuantes. Tampoco los procesados por utilizar los servicios de la red para cambiar de dirección del interior del país hacia la capital.
"Este caso está muy politizado", consideró uno de los cinco acusados, entre oficinistas de Vivienda y ciudadanos, que habrían sacado provecho económico del negocio y para los que la Fiscalía pide hasta tres años de cárcel.
Para los líderes de la llamada "Red del Cerro", la petición es más dura, de entre 15 y ocho años de privación de libertad.
La red cayó a finales de 2016, semanas antes de la habitual sesión de la Asamblea Nacional en diciembre. Durante las reuniones en el Palacio de las Convenciones, Raúl Castro, entonces presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, insistió en castigar con mano dura la corrupción imperante.
La defensora de un cliente de la presunta red falsificadora, cree que aquel discurso fue clave para que este juicio adquiera un carácter "ejemplarizante".
"Mi temor es que quienes deban decidir la suerte de las víctimas se cieguen por esa política y por hacer cumplir lo que venga de arriba sin antes analizar caso a caso las realidades que vivieron quienes acudieron a los funcionarios corruptos", declaró abogada, quien pidió no ser identificada.
"Creí que pagaba por agilizar el trámite, no por falsificar documentos"
El proceso penal de la Causa 41/18, en el Tribunal Provincial Popular de La Habana, se extendió dos días por la cantidad de acusados: más de 20 entre "proveedores" y "solicitantes" de los servicios. De estos últimos, ninguno tiene antecedentes penales y son, en su mayoría, jóvenes con estudios universitarios.
Para ellos, la fiscal Esmerlinda Betancourt, quien redactó el expediente del caso, pide tres años de privación de libertad sin internamiento. Sin embargo, los acusa de cohecho y falsificación de documentos públicos, exactamente igual que a los acusados de liderar la red.
"Lo del cohecho lo entiendo y reconozco que pagué por algo que sabía era ilegal —dijo a DIARIO DE CUBA un recién graduado de la Universidad de La Habana que hizo el cambio de dirección en 2016—, pero que se me impute además la falsificación es totalmente injusto".
El joven entregó su expediente de migración en orden y contaba con una vivienda real para residir en la capital. Sin embargo, hasta medio año esperó sin respuesta a su solicitud.
"Yo creí que pagaba por agilizar el trámite, no por falsificar ningún documento. Los funcionarios de Vivienda son los timadores, no quienes procuramos sus 'servicios'. Ellos nos engañaron a nosotros tanto como nosotros creímos que engañábamos a la dirección de Ordenamiento Territorial", puntualizó.
El abogado del joven lo ilusionó al principio con la posibilidad de presentar una defensa que luchara por dejarle solo el cargo de cohecho, pero después de investigar en el tribunal le comunicó que era imposible.
"Este juicio, por la cantidad de personas involucradas, se pretende que sirva de escarmiento a corruptos y a corruptores —explicó—, y hasta eso lo puedo comprender porque en Cuba es un verdadero problema social, pero ¿piensan combatirla con injusticias, imputándole a la gente cargos que no le corresponden?"
Los acusados esperan, con pocas esperanzas, que en los próximos días el tribunal les comunique el veredicto.
Los culpables invisibles
La técnico de Ordenamiento Territorial Niuvis Marily García, quien se suicidó en noviembre de 2016; Sonia Milagro Barban, abogada de la Dirección Municipal de Vivienda del Cerro desde 2012, e Iluminada Machado, funcionaria del Consejo de Administración Provincial de La Habana en 2013, son las tres mujeres que presuntamente lideraban la Red del Cerro. Las sobrevivientes enfrentan sanciones de 15 y ocho años de cárcel, respectivamente.
Aunque el expediente de la causa no deja claro de qué modo se vinculaban las acciones de García con las de Barban y Machado, se cree que por trabajar en instancias del mismo municipio podrían haber estado en contacto.
Una posible lectura del caso sería que dos de las supuestas cabecillas respondían ante el Instituto de Planificación Física, regentado por el general Rodiles Planas, y una ante el Gobierno de La Habana. Entonces, ¿qué espacios institucionales pudieran quedar libres de corrupción en Cuba?
Sobre este particular, el jefe de la Dirección de Enfrentamiento a la Corrupción e Ilegalidades, Biliardo Amaro, admitió durante una alocución en el Palacio de las Convenciones de La Habana este año que la corrupción por parte de funcionarios públicos ha crecido.
"A partir de los 90 y acentuándose desde los 2000, la tendencia en estos hechos en nuestro país ha tenido un incremento cuantitativo permanente, pero sobre todo con una mayor cualificación de su organización, comisión, colectivización e incluso internacionalización", enfatizó.
Tanto así, que Amaro propuso al fiscal general de la República, Darío Delgado, "organizar un sistema de enfrentamiento al fenómeno creciente de la corrupción en el resto de las provincias del país". El Jefe del Departamento de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas en la Universidad de Holguín, Manuel Alberto Leyva,aseguró poco después de la conferencia de Amaro que la sociedad cubana considera "ajenos a ella, los delitos que afectan al Estado".
"Si en nuestro país los medios fundamentales de producción están en poder del Estado —subrayó el académico—, existe una apreciación de que lo que es del Estado es de todos y lo que es de todos no es de nadie".