El Gobierno reconocerá el papel del mercado y la propiedad privada en su "reforma constitucional", pero mantendrá la "irrevocabilidad" del socialismo y el papel rector del Partido Comunista, según un adelanto del anteproyecto que será presentado a la Asamblea Nacional del Poder Popular los próximos 21, 22 y 23 de julio.
"El sistema económico (…) mantiene como principios esenciales la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y la planificación como componente principal de dirección, a lo que se añade el reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de propiedad, entre ellas la privada", dijo el diario oficial Granma, que publicó el adelanto del contenido de la reforma.
La propuesta reconoce también "la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo económico del país". El Gobierno ha admitido que necesita al menos 2.500 millones de dólares anuales en capital extranjero, pero no consigue atraerlos.
Pese a todo, la ineficiente empresa estatal seguirá siendo "sujeto principal de la economía nacional".
En cuanto a derechos, se incorpora "la no discriminación por identidad de género, origen étnico y discapacidad".
Sobre la ciudadanía, la propuesta descarta permitir renunciar a la cubana. "Los ciudadanos cubanos, en el territorio nacional, se rigen por esa condición y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera", dice el texto. Esto indicaría que los emigrados deberán continuar viajando a la Isla con un pasaporte cubano, un negocio lucrativo para el Gobierno que cobra altos precios por el documento.
La propuesta conserva la gratuidad de la salud y la educación, dos sectores en declive que el Gobierno sigue usando para su propaganda.
También mantiene el reconocimiento constitucional, en materia de justicia y el debido proceso, a "la presunción de inocencia; la reinserción social de las personas privadas de libertad; ser tratados con respeto a su dignidad e integridad síquica, física y moral, así como ser procesado y condenado por tribunal competente, independiente, imparcial y preestablecido legalmente", aspectos que el régimen viola sistemáticamente.
La propuesta incluye asimismo cambios en la estructura del Gobierno, como la institución de la figura del presidente y vicepresidente de la República y la recuperación del cargo de primer ministro, existente hasta 1976.
Además, como había adelantado Raúl Castro, establece que el presidente podrá ejercer el cargo "por un período de cinco años" y por "hasta dos mandatos consecutivos".
La reforma de la Constitución es dirigida por el general y previsiblemente será aprobada, pues la Asamblea Nacional nunca vota contra propuestas del régimen y casi siempre las respalda por unanimidad.
Tras el paso por la Asamblea, el nuevo texto debe ser sometido a un referéndum para su ratificación por parte de la ciudadanía.