El pasado 6 de febrero por la mañana, las autoridades de Guantánamo demolieron más de 200 viviendas precarias en la comunidad Venceremos 2, conocida como "La Fabela" y ubicada al noroeste de la capital provincial. Antes, tomaron precauciones: detuvieron a muchos de los hombres residentes en el lugar, según relataron testigos. Después, prometieron a los vecinos entregarles terrenos.
Dos meses más tarde, los afectados siguen esperando, sin casa, y se sienten engañados y abusados.
"Ese día fui a avisarle a un amigo que no podía vender helado porque ya habíamos visto a varios policías que venían a desalojarnos y tenían toda el área rodeada. El que salía no podía entrar y por eso mucha gente perdió cosas", contó Yunior Roque, un joven trabajador por cuenta propia. "Metieron los buldócer y aquello fue lo nunca visto".
"Algunos lograron recuperar cosas porque pidieron permiso a las autoridades y les dejaron sacar lo que pudieran. Las autoridades les prestaron un camión para que se llevaran los materiales. A todos nos pusieron una multa que ahora no se sabe si se mantiene. La gente está decepcionada. Todo el mundo se preguntaba por qué esperaron tantos meses a que la gente se acomodara, para luego venir a desbaratar", agregó Roque.
"Yo estaba en la casa de mi mamá y cuando volví allá vi que estaban destruyendo mi casa. Les pregunté si podían dejarme entrar y no me dejaron", relató Rosanelvis Romero Cuello, de 20 años de edad, embarazada y madre de dos pequeños.
"Los niños decían que no querían ir a la escuela porque iban a aprovechar para desbaratarles las casas. Había gente con discapacidad, niños con retraso mental, pero no creyeron en eso", se quejó Romero.
"En los ocho meses que estuve viviendo allí nos pusieron una multa de 2.500 pesos (moneda nacional), que no pagué pero muchas personas sí pagaron. Esta casa en la que estoy ahora es de mi abuela y viven diez personas, aquí estoy apretada, sin privacidad".
Romero Cuello dijo que las autoridades "primero cogieron presos a los hombres y después aprovecharon y les quitaron las cosas a las mujeres".
"El día anterior al desalojo, se llevaron presos a los hombres de la comunidad por delitos como hurto y sacrificio de ganado, robo con fuerza, entre otros que no tenían sentido", confirmó Yasneika Columbié Blanco.
"Al otro día (el del operativo de demolición) citaron a la mayoría de las personas para Planificación Física y, cuando llegaron a la oficina, ellos estaban destruyendo el barrio", añadió.
"Ya mis hijos se habían ido para la escuela y llegaron estos policías con perros y escopetas. A todos nosotros nos pusieron multas", se quejó.
"A mí me metieron preso cuatro días antes, según me dijeron, por hurto y sacrificio de ganado equino", denunció Raúl Laffita. "Les contesté que eso no era posible porque yo hacía ocho meses que no caminaba y me respondieron que yo participé en una muerte de un caballo".
"Me liberaron sin cargos cinco días después y, cuando vine, ya habían demolido. De ese barrio detuvieron como a seis hombres por el mismo delito", precisó.
"Todas las personas que estaban allí fueron a votar en las 'elecciones' porque se les dijo que eso no era problema político, sino de Vivienda. Teníamos un CDR constituido, con buena organización, y había un busto de Martí que, por cierto, nos lo decomisaron", apuntó Laffita.
"Esto me recuerda lo que me decía mi papá y lo que yo veía por televisión, que es lo mismo que hacían los dictadores como Batista, que sacaban a la gente de la casa y les quemaban hasta los muebles. Les faltó meterles candela a las cosas allí. Ahora estoy amenazado de que si hago algo me van a meter preso. Dicen que me están velando", concluyó.
Yasneika Columbié Blanco insistió en que las autoridades les "dieron esperanza de legalizar un terreno. Ahora estamos viviendo en casa de mi abuela que solo tiene dos cuartos y yo solo soy la nieta, o sea, la agregada", lamentó
También Keiler García escuchó la promesa de los terrenos. Pero, "al final, nada de nada. Yo soy huérfano de padre y madre y por ello estuve en una Casa de la Patria (orfanato). Una vez que crecí, tuve que irme. Hice una casa en ese lugar y ya ves".
"Viví ocho meses en ese barrio y desde el comienzo nos advirtieron que teníamos que irnos de ahí porque en ese terreno no se podía hacer casas", dijo Silvia Sánchez Díaz, quien tiene un hijo y en estos momentos está embarazada. "Decidimos arriesgarnos a vivir allí por necesidad. Me he acercado a la oficina de Vivienda para solicitar un terreno y me han dicho que ellos ahora no tienen".
Los entrevistados afirmaron sentirse engañados por el Gobierno.
"Hasta ahora hemos ido unas cuantas veces a Vivienda para el terreno que nos prometieron y no nos dan respuesta de nada.Hemos sido engañados por el Gobierno", sentenció la joven Rosanelvis Romero Cuello.
