El Instituto de Planificación Física (IPF) informó este martes que en 2017 detectó 127.693 ilegalidades urbanísticas en la Isla, de las que al finalizar el año se solucionaron el 38,2%, unas 48.809, informa el diario oficial Granma.
La mayoría de estas ilegalidades urbanísticas se concentran en el ámbito constructivo "con la implementación de obras nuevas, aplicaciones o violaciones de licencias y proyectos".
La Habana es la provincia que más incidencia presenta, con un total de 40.661, de las cuales se resolvieron en 2017 unas 12.590, según se dijo este martes en la reunión del balance anual del IPF presidida por el general de División Samuel Rodiles Planas.
Asimismo, las autoridades dijeron que en 2017 surgieron 23.525 nuevas ilegalidades urbanísticas.
Según Rodiles Planas, las ilegalidades provocadas por entidades estatales o personas físicas en las playas afectan a todas las provincias del país, menos a Sancti Spíritus.
En cuanto a la entrega de parcelas y solares yermos estatales a la población, el IPF aseguró que durante los últimos tres años ha recepcionado 112.665 solicitudes de parcelas, de las que se han asignado 19.032.
"El bajo porcentaje de respuesta está dado fundamentalmente por la escasa disponibilidad de terrenos con condiciones mínimas de urbanización", según dijo Juan Miguel Ferrera, encargado de la Dirección Provincial del IPF en La Habana.
La situación de la vivienda y el estado de las edificaciones en el país es preocupante.
Conseguir materiales para la construcción es bastante difícil o suelen tener precios demasiado elevados que el cubano de a pie no puede pagar con el salario.
No existe una política ni estrategia nacional para remodelar las edificaciones ni para la conservación de las viviendas.
Los cubanos tienen que improvisar e ir solucionando los problemas constructivos de sus viviendas con medios propios y muchas veces caen en lo que el Gobierno califica de "ilegalidades urbanísticas".
La situación de la vivienda en el país es crítica, hay familias que tienen que improvisar e incluso sobrevivir en sitios readaptados como vagones de tren.
El Gobierno también impide las reparaciones realizadas por los propietarios y pone trabas y requisitos cuando no ofrece nada a cambio. Por ejemplo, en 2016 solo en La Habana las autoridades impusieron 5.471 multas por remodelaciones de exteriores.
Cuba cerró 2017 con un déficit de casi un millón de viviendas, según datos oficiales. Solo en La Habana, con poco más de 2.100.000 habitantes, existe un déficit de 206.000 viviendas, seguido de la oriental Santiago de Cuba con 103.000, en un país con una población total de 11.200.000 personas.
Informes oficiales reportaron 158.554 casas dañadas por el paso del huracán Irma entre el 7 y el 10 de septiembre pasados. De ellas, 14.657 sufrieron derrumbes totales y 16.646 parciales. Otras 23.560 perdieron sus techos y 103.691 resultaron con daños parciales en sus cubiertas.
El Gobierno anunció a mediados de 2017 que desde 1990 hasta 2014 construyó 316.595 viviendas, con las cuales se han beneficiado 908.627 personas, en un esfuerzo que presenta significativo, pero muy lejos de dar solución a la tragedia habitacional en Cuba.