En un extenso artículo sobre la corrupción en Cuba, la prensa estatal responsabilizó al sector privado de tener una alta incidencia "en la permisibilidad y aceptación de estos hechos", que fundamentalmente están vinculados con "el desvío de recursos estatales, sobornos y abusos de cargos".
"Las medidas en proceso para la actualización del modelo económico cubano, esencialmente las nuevas formas de gestión no estatal de la propiedad, han generado presión sobre las entidades y sus directivos por la demanda de recursos y servicios (ante la carencia de un mercado mayorista de materias primas para desarrollar su actividad), a lo cual se une la insatisfacción de necesidades esenciales, lo que sin dudas incide en la permisibilidad y aceptación de estos hechos", señaló la revista oficial Bohemia.
Admitió que también "el incremento de los precios de los productos de primera necesidad, y la disminución del poder adquisitivo del salario, son factores objetivos que impactan en la actuación de personas inescrupulosas (…)".
El viernes el vicepresidente Marino Murillo culpó a una "insuficiente capacitación" de los recursos humanos de que la aplicación de las reformas económicas del general Raúl Castro hayan provocado "más errores que virtudes" y un "distanciamiento" entre los objetivos iniciales y la ejecución.
Los dos pilares fundamentales de las tímidas reformas se han centrado en la inversión extranjera y la supuesta apertura del sector privado.
Sin embargo, desde el año pasado el trabajo no estatal en la Isla ha sufrido un parón y el Gobierno está preparando el terreno para estrechar aún más el cerco a los que ha bautizado como cuentapropistas.
Bohemia citó "delitos económicos" en sectores relacionados con "la producción, distribución, comercialización y venta de alimentos y otros productos de alta demanda popular, a partir de cadenas delictivas que involucran a directivos, trabajadores y fuerzas de seguridad y protección, cuentapropistas y personas desvinculadas que quieren mantener un alto nivel de vida" con lo que calificó de "trapicheo".
Citó "la violación de funciones, normas éticas, además del débil control interno y la desidia" como "la base fundamental de abastecimiento al mercado ilegal".
Según la publicación oficial, en tales condiciones "se reiteran o han surgido novedosas formas de actuar antijurídicas mediante defraudaciones, evasiones fiscales, lavado de activos, falsificaciones, obtención de ilícitos provechos durante las transacciones comerciales o en el ejercicio de la administración de bienes, entre otras".
La raíz del fenómeno, 'fuera de casa'
Para la Fiscalía, existe "un creciente vínculo con el exterior en la ocurrencia de ilícitos penales, en ocasiones por el empleo de las nuevas tecnologías y disponibilidad financiera de algunos delincuentes, incluidos emigrados, repatriados y extranjeros, varios de ellos vinculados a las formas de gestión no estatal".
Identificó como los sectores "más perjudicados" las dependencias de los órganos locales del Poder Popular, Comercio y Gastronomía, Agricultura, Transporte, Industria Alimentaria, Sistema de Vivienda y Planificación Física, empresas nacionales importadoras y la actividad de comercio exterior y sucursales extranjeras en el país.
En los hechos de corrupción registrados en estos campos —añadió el medio— "por lo general están involucrados directores, subdirectores económicos y productivos, jefes de unidades empresariales de base, jefes de departamentos jurídicos y especialistas".
Según la Fiscalía General y el Tribunal Supremo Popular ante la Asamblea Nacional, los principales modus operandi identificados se corresponden con "las falsedades documentarias para justificar el desvío de productos y bienes durante su posterior comercialización en mercados estatales, tiendas y el mercado ilegal".
También con la "adulteración de documentos para legalizar la adjudicación de inmuebles o terrenos, a cambio de efectivo u otros beneficios personales; realización por cajeros de operaciones cambiarias a través de Cadeca, sin registrarlas contablemente por efectuarlas con efectivo particular".
Igualmente la corrupción de hace evidente mediante "pagos a trabajadores por cuenta propia por resultados de trabajo que no son reales; aceptación de beneficios otorgados por directivos de firmas foráneas durante el proceso de negociación y concertación de contratos, consistentes principalmente en la aceptación de comisiones, pagos de viajes al extranjero, cenas, regalos, entre otros".
Además, se han detectado casos de "cobro ilegal de servicios médicos; obtención de beneficios para retardar o incumplir la ejecución de sentencias de los tribunales y organizar y mantener negocios ilegales particulares paralelos a la actividad comercial de entidades estatales en el exterior".
Bohemia señaló que entre finales de 2015 y 2017 se llevaron a cabo 23 procedimientos confiscatorios al amparo del Decreto-Ley 149 de 1994 por un patrimonio total de 135 millones de pesos, en las provincias de Pinar del Río, Mayabeque, La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Las Tunas, Granma y Santiago de Cuba.
En total en esos territorios resultaron expedientadas 25 personas, de ellas varios funcionarios, y otras 126 como terceros beneficiados (algunos que actuaron como testaferros o prestanombres).
Consideró "ineludible" aprobar una ley anticorrupción para frenar estos delitos, pues permitiría aunar los procedimientos para combatir el fenómeno y aumentaría "la institucionalidad del enfrentamiento".
"La corrupción constituye una potencial amenaza a la seguridad nacional (...). Sus comisores terminan por enajenarse del proceso revolucionario, llegando incluso a preparar condiciones de vínculos en el exterior y a iniciar el camino de traición a la patria", sostuvo.
Por último, el artículo cierra con una exposición de los casos ya juzgados y cuyos implicados cumplen las sanciones impuestas, la mayoría de varios años de cárcel. Todos están publicados en varios boletines del portal web del Tribunal Supremo Popular. Entre los más sonados, el de Bucanero y el Banco Internacional del Comercio.
Bohemia calificó la corrupción generalizada por años dentro del sistema estatal cubano como un "lastre" a la credibilidad de la revolución y la compara con la que denominó "oposición contrarrevolucionaria", que "ataca la efectividad deseada en el sostenimiento del orden, la disciplina y la institucionalidad del país".