Emilia Rodríguez Rodríguez, viuda de 55 años, ha visto desaparecer su casa a trozos desde 2008 entre los vientos de varios ciclones. A pesar de que el huracán Irma no pasó con toda su intensidad por Holguín, su vivienda recibió el golpe definitivo, al perder el tejado de planchas de fibrocemento que ya estaba seriamente dañado. Su rústico hogar de paredes de tierra y piedras ha quedado inabitable y ella está a punto de recurrir a medidas desesperadas.
"Con el paso del ciclón Ike en 2008, cuatro paredes de mi casa se derrumbaron. [Las autoridades] me vendieron cuatro bolsas de cemento que solo alcanzaron para reparar dos paredes. El resto quedo en igual o peor situación", relata Emilia, residente en la comunidad rural Los Palacios, a diez kilómetros de la cabecera del municipio San Germán.
"He tenido que ponerle pedazos de zinc viejos y cartón para tratar de buscar un mínimo de seguridad, para que no me roben lo poco que tengo", añade.
El paso del Sandy en 2012 "me tumbó casi el 80% del techo y el resto de las paredes. De inmediato llamé al delegado, Juan Peña, que tomó nota de todo el daño sufrido", recuerda.
Emilia asegura que acudió a varias instancias del Gobierno para gestionar una solución a su caso, pero "las respuestas me quitaron las esperanzas de algún día vivir en una vivienda confortable".
"Un funcionario de Vivienda, al ver el desastre, me recomendó que solicitara un subsidio, sin conocer todos los tropiezos que eso traería hasta el día de hoy. En 2013 hice la solicitud y en 2016 fue que me lo aprobaron, de 80.000 pesos (moneda nacional), pero solo me han vendido 30 barras de cabillas corrugadas y cinco metros de gravilla, que está cerca de los 4.000 pesos del total, y todo el mundo sabe que con eso no se construye una vivienda".
El Gobierno "parece no tener sensibilidad por mi caso, pues no lo ha considerado como crítico, aunque el delegado y el presidente del CDR (Comité de Defensa de la Revolución), Yoandro Peña Toledano, me han aconsejado que no continúe bajo este techo que me puede caer encima en cualquier momento", lamenta.
Emilia dice que está dispuesta a mudarse ilegalmente para el consultorio del médico de la familia, algo que el delegado no aprueba; tampoco su hija.
"Mi hija Mailín Ibáñez Rodríguez, por temor a que la Policía me saque por la fuerza, no está de acuerdo, pero ya estoy cansada de irme para casa de un vecino cada vez que se acerca un ciclón como este que acaba de pasar (Irma). Aprovecho para denunciar que nadie del municipio vino a preocuparse por nosotros".
"Yo tuve que irme para casa de un vecino y, de regreso a mi casa, me vi obligada a dejar el televisor, ya que el huracán se había llevado el caballete completo y se podía mojar. Esta vez no vino ni el delegado a preguntar si estábamos vivos o muertos, ni mucho menos alguien del gobierno municipal".
El esposo de Emilia falleció en 2001 y ella quedó sola con sus dos hijas. "Me otorgaron una pensión de 72,91 pesos para mis hijas. Al ver que con esa cifra era imposible vivir, escribí una carta firmada por el delegado, el presidente del CDR, Cesar Pupo Marrero como militante del Partido, y Anyer Pérez Vallejo, militante de la UJC (Unión de Jóvenes Comunista), como testigos de mi situación. La llevé a Holguín con el objetivo de lograr una posible ayuda económica. Me dijeron que no reunía el requisito que dice que si la persona no tiene 55 años de edad, está capacitada para trabajar como obrera agrícola, sin tener en cuenta que soy una mujer enferma".
Emilia recibe ahora una asistencia social de 147 pesos, pero sus hijas, ya mayores de 17 años, no pueden vivir con ella. Si lo hacen "me la pueden retirar debido a su mayoría de edad que las declara aptas para trabajar y mantenerme".
"Quisiera saber hasta cuándo tengo que luchar con dos cosas que no se sabe cuál es peor, si los huracanes o la burocracia e indolencia de los dirigentes de este país", se queja Emilia.