Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular conocieron el martes sobre los cambios que el Gobierno ha establecido para la Ley del Presupuesto de Estado en 2018 y que tienen que ver fundamentalmente con el cobro de impuestos, según recogió la oficial Agencia Cubana de Noticias.
Meisi Bolaño, vicetitular del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), corroboró que las transformaciones responden esencialmente a la aplicación gradual de la Ley 113 del Sistema Tributario.
Así, el próximo año "se permitirá que la facultad redistributiva del MFP, a partir del sobrecumplimiento de ingresos e inejecuciones de gastos, pueda aplicarse a la actividad presupuestada, siempre que no se incremente el déficit aprobado y dentro de los límites establecidos".
Según la funcionaria, se iniciará la aplicación gradual del impuesto por la ociosidad de tierras agrícolas y forestales. La política comenzará por las provincias de Pinar del Río y Cienfuegos, para su posterior extensión a otros territorios.
En la Isla existen hoy 151.000 usufructuarios en 1.200.000 hectáreas entregadas por el Estado, que puso en marcha el programa en 2008 en un intento por reanimar la agricultura, hasta ese entonces casi exclusivamente en manos del Gobierno.
En junio el Consejo de Ministros alargó el período de posesión de tierras en usufructo de diez a 20 años, pero endureció los requisitos. Entre estos que "las personas naturales tendrán que trabajarlas y administrarlas de forma personal y directa" y la aplicación gradual de "los impuestos previstos en la Ley Tributaria concernientes al uso, posesión y ociosidad de la tierra".
Menos del 25% de los suelos dedicados a la actividad agrícola posee niveles de productividad de primera y segunda categorías.
Según Bolaño, los productores agropecuarios individuales del sector no cañero deberán presentar declaración jurada sobre sus ingresos personales percibidos a partir de 2018. Actualmente solo aportan por ese tributo el 5% de las ventas que realizan al Estado.
La directiva presentó como "otra novedad", que se aplicará a los contratados en la Zona Especial de Desarrollo Mariel el impuesto sobre los ingresos personales a partir de 2.500 pesos. Argumentó que se equiparará así los términos y condiciones con el resto de los trabajadores del sector empresarial cubano.
Según la viceministra, se introducirá el Impuesto sobre los servicios de telecomunicaciones al monopolio estatal ETECSA, "con un tipo impositivo del 5% en pesos cubanos".
A las Cooperativas de Créditos y Servicios, entretanto, se aplicará el pago del Impuesto sobre Utilidades, mediante declaración jurada, por los ingresos que generen a partir de 2018.
Actualmente están exentas de esta contribución —dijo—, siempre que más del 50% de sus ingresos provengan de la comercialización de productos agropecuarios.
En marzo pasado, un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) consideró que Cuba recaudaba impuestos a "niveles próximos a las economías más avanzadas".
Los nuevos deberes fiscales, que afectan también a los dueños de pequeños negocios que el Gobierno llama cuentapropistas, han despertado polémica en la Isla, por ser considerados excesivamente altos para los bajos salarios que perciben los cubanos.