El Departamento de Estado de EEUU publicó este martes su informe sobre la situación de la libertad religiosa en el mundo en 2016. En el caso de Cuba, Washington subrayó el control gubernamental de las organizaciones religiosas en la Isla y el acoso sufrido por algunas.
El informe recordó que la Constitución de la Isla prevé libertad de religión y prohíbe discriminación basada en aspectos religiosos. A pesar de todo, el Gobierno monitoriza los grupos religiosos, y el Partido Comunista de Cuba, a través de la Oficina de Asuntos Religiosos (OAR), continúa controlando la mayoría de aspectos de la vida religiosa.
Asimismo, el informe señaló que el Gobierno hostiga a algunos líderes religiosos y sus seguidores, con amenazas, detenciones y violencia. Y citó el caso de las Damas de Blanco, a las que se les impide asistir a misa.
"Las fuerzas de seguridad del Gobierno tomaron medidas, incluyendo detenciones que a veces fueron violentas", detalló el informe en referencia a las Damas.
Además, el informe refirió el caso de la detención del pastor bautista Mario Félix Lleonart Barroso y de su esposa que "fue puesta bajo arresto domiciliario".
Evangélicos y otros líderes religiosos protestantes informaron que el Gobierno amenazó con expropiar algunas propiedades religiosas, pero no tomó ninguna acción durante el año.
De acuerdo con Christian Solidarity Worldwide (CSW), refiere Washington, hubo un aumento en las amenazas gubernamentales de cerrar iglesias como las de la Asambleas de Dios, pero las autoridades fueron capaces de llegar a un acuerdo que permitió a las iglesias permanecer abiertas.
Funcionarios de la embajada estadounidense se reunieron con funcionarios de la OAR y con el jefe del Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) —una organización oficialmente reconocida que tiene estrechos vínculos con el Gobierno y que comprende a la mayoría de los grupos protestantes— para discutir sus operaciones y programas.
Washington, además, se reunió con líderes de grupos religiosos católicos, protestantes y minoritarios en la Isla para discutir el ambiente de libertad religiosa.
El Gobierno de EEUU estimó en su informe que entre el 60 y el 70% de la población se identifica como católica y un 5% sería protestante (siendo pentecostales y bautistas las denominaciones más grandes).
Las Asambleas de Dios reportaron aproximadamente 110.000 miembros; los Testigos de Jehová, 96.000; los metodistas, 36.000; los Adventistas del Séptimo Día, 35.000; los anglicanos, 22.500; los presbiterianos, 15.500; los episcopales, 6.000; y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones), 100.
La comunidad judía, por su parte, dijo tener 1.500 miembros, de los cuales 1.200 residen en La Habana. Mientras habría entre 2.000 y 3.000 musulmanes que residen en el país, de los cuales 1.500 son cubanos.
También hay otros grupos religiosos que incluyen ortodoxos griegos, ortodoxos rusos, budistas y baháis, pero de estos el informe no recogió datos.
Sobre los practicantes de religiones afrocubanas, el informe solo arguyó que debido al sincretismo con otras religiones como la católica, "se hace difícil estimar exactamente su calidad de miembro total".
Muchos líderes religiosos dijeron que se mantuvieron alejados de temas abiertamente políticos. Algunos dijeron que temían que sus críticas directas o indirectas al Gobierno pudieran dar lugar a represalias u otras medidas que pudieran limitar el crecimiento de sus grupos religiosos.
Tanto la Iglesia Católica como el CIC informaron que podían llevar a cabo servicios religiosos en prisiones y centros de detención en algunas provincias.
Múltiples líderes religiosos católicos, protestantes y minoritarios de alto nivel coincidieron en que el ambiente de libertad religiosa "había mejorado en comparación con años pasados", de acuerdo con el informe.
Grupos religiosos reportaron un incremento en la posibilidad de sus miembros de desarrollar algunos proyectos de caridad y educacionales, tales como programas de servicios comunitarios previos y posteriores a la escuela y mantenimiento de bibliotecas con material religioso, así como restricciones en la importación de Biblias.
No hubo reportes de acciones sociales significativas que afectaran a la libertad religiosa. El Gobierno de Estados Unidos, según el informe, "anima a fortalecer a las instituciones religiosas apoyando visitas e intercambios de miembros de instituciones de Estados Unidos con sus homólogos cubanos".
Condena al Estado Islámico
Por otra parte, el informe condenó al Estado Islámico (EI) y sostuvo que hay varios factores que amenazan la libertad de culto en el mundo, entre ellos el "genocidio" del EI en virtud de la fe, pero también las acciones cometidas contra ciertos grupos religiosos por algunos aliados de Washington, como Arabia Saudí, Turquía o Baréin.
El Departamento de Estado estadounidense evaluó el estado de la libertad religiosa en 199 países y territorios del mundo, dentro de un informe anual que puede llevar a la imposición de sanciones contra los países peor parados.
"Casi el 80% de la población global vive sujeta a restricciones a su libertad religiosa o a hostilidades que la afectan. Cuando no se protege la libertad religiosa, la inestabilidad, los abusos de derechos humanos y el extremismo violento tienen más opciones de prosperar", dijo el secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, citado por EFE.
"Nadie debería vivir con miedo, practicar su religión en secreto o afrontar discriminación debido a sus creencias", añadió el titular de Exteriores al presentar el informe.
Tillerson decidió emplear el término "genocidio", utilizado por primera vez en marzo de 2016 por su predecesor, John Kerry, para referirse a los crímenes cometidos por el grupo yihadista EI contra distintos grupos religiosos en Irak y Siria.
"El Estado Islámico es claramente responsable de genocidio contra yazidíes, cristianos y musulmanes chiíes en áreas que están o estuvieron bajo su control", destacó Tillerson.
"El EI también es responsable de crímenes contra la humanidad y limpieza étnica contra los mismos grupos, y en algunos casos contra musulmanes suníes, kurdos y otras minorías. La protección de estos grupos (y otros atacados por el extremismo violento) es una prioridad de la Administración de Trump", agregó.
Esta es solo la segunda vez que Estados Unidos hace una acusación de genocidio durante un conflicto en activo. La primera fue en relación a los asesinatos masivos en Sudán en 2004, y el Gobierno de Barack Obama decidió emplear el término con el fin de contribuir a una eventual investigación internacional sobre los crímenes del EI.
El informe presentado este martes se elabora anualmente por orden del Congreso estadounidense, e instruye al secretario de Estado a decidir en un plazo de 90 días si hay algunos países "de preocupación especial" por la falta de libertad religiosa, lo que puede restringir la ayuda económica a esas naciones.
No obstante, el secretario de Estado puede decidir incluir a un país en esa lista negra pero no aplicarle sanciones si eso está en el interés de Estados Unidos, como ha ocurrido en los últimos años en el caso de Arabia Saudí.
Tillerson urgió este martes a los líderes saudíes a garantizar un grado más amplio de libertad religiosa para todos sus ciudadanos", y se mostró "preocupado" por "el continuo patrón de prejuicios sociales y discriminación contra los chiíes" en el país suní.
El informe también da malas notas a países con los que Estados Unidos tiene una relación más complicada, como China y Pakistán, y a otros a los que condena regularmente, como Irán y Sudán.
"En China, el Gobierno tortura, detiene y encarcela a miles de personas por practicar sus creencias religiosas", alegó Tillerson.
"La libertad religiosa está bajo ataque en Pakistán, donde más de dos docenas de personas están en el corredor de la muerte o bajo cadena perpetua por blasfemia", subrayó.
En Irán, los cristianos y otras minorías "son perseguidos por su ley" y "condenados a muerte bajo vagas leyes de apostasía", mientras que en Sudán "el Gobierno arresta, detiene e intimida a miembros del clero y de la Iglesia".
El informe no presenta grandes denuncias relativas a Latinoamérica, aunque sí alerta de que siete sacerdotes fueron asesinados en México en 2016 y otros fueron sometidos a "extorsión y amenazas de muerte".