La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba rechazó la declaración del Parlamento Europeo sobre los acuerdos entre la Unión Europea y Cuba relativos al Diálogo Político y Cooperación, por su "injerencia en los asuntos internos, y esgrimir elementos altamente lesivos a la soberanía del pueblo cubano".
Dicha comisión trata de ignorar que la soberanía popular depende del respeto a los derechos humanos.
La soberanía reside en el pueblo. Es el pueblo, todo el pueblo, no importa condición económica, política o social, el que determina soberanamente los asuntos de una nación, qué tipo de gobierno debe darse, cuáles patrones sociales seguir, qué leyes deben regir, cuál tipo o forma de estado, etc.
Pero para que la soberanía popular sea una realidad y no una ficción, debe haber primero pleno respeto a los derechos humanos, especialmente a los políticos, civiles y económicos, puesto que sin ellos no es posible al pueblo todo, decidir libremente sobre su sistema de gobierno y sobre sus gobernantes. En ausencia de libertades y derechos, los gobernantes pueden manipular la soberanía popular y presentarse como garantes de ella, cuando en verdad la están violando.
Para nadie es un secreto que el Gobierno de los hermanos Castro en Cuba, instalado por la violencia en 1959 y que perdura hasta nuestros días, actuando en supuesta defensa de un socialismo que nunca ha existido y contra la "intervención militar imperialista directa", que nunca se ha producido, viola sistemáticamente los derechos humanos del pueblo cubano.
Los Castro nunca se sometieron al veredicto popular. En 1976, es verdad, que una mayoría del pueblo votó por una constitución de corte estalinista, donde quedó aprobado un artículo quinto que presupone la existencia de un partido que determina todo en la nación. Pero contradictoriamente, tal artículo es violatorio de la soberanía popular y del derecho de todos los cubanos a decidir sobre su destino.
Además aquella constitución fue redactada por una comisión designada por Fidel Castro y no fue sometida a una amplia discusión popular libre. No existía libertad alguna de expresión, ni libertad de organización que hubieran posibilitado su cuestionamiento público. Por otra parte, se somete a votación cuando toda la fuerte oposición que generaron las medidas de los primeros años de "revolución", había sido muerta en combate (varios miles de alzados), estaba encarcelada (varias decenas de miles de presos políticos) o exiliada (más de un millón de cubanos).
Si esas fuerzas hubieran tenido la capacidad de organizarse legalmente para hacer oposición, si desde 1959 se hubieran respetado los derechos humanos de todos los cubanos, si se hubieran realizado elecciones libres, el Gobierno de los Castro no hubiera durando tantos años o sus continuadores hubieran seguido en el poder pero con una gran oposición organizada que hubiera modificado o temperados muchas de sus decisiones y de seguro no se habría aprobado una constitución como la de 1976.
Ya 58 años después, la situación sigue siendo la misma, pero con un modelo económico que ha demostrado su ineficiencia hasta la saciedad, y donde se siguen violando de forma masiva y flagrante los derechos políticos, económicos y civiles de todos los cubanos, como una manera de mantener el control de la sociedad.
El desgaste del sistema es ostensible y sus inconsecuencias, incapacidades y represiones son fábricas de producción continua de opositores de diverso signo, que se lo cuestionan todo, pero son reprimidos en diferente forma y están imposibilitados de ejercer los derechos reconocidos internacionalmente.
Siendo más que evidente que en Cuba la soberanía popular ha sido secuestrada por más de medio siglo, a esa creciente oposición no queda más alternativa que acudir a los organismos internacionales y a gobiernos extranjeros, en busca de ayuda para tratar de provocar cambios en el sistema que conduzcan a una apertura política. Y cuando se viola la soberanía popular, no hay derecho a esgrimir la no injerencia en los asuntos internos.
El Gobierno del general Raúl Castro se opone a ajustar sus leyes a las del derecho internacional en materia de derechos humanos y, al tiempo que reprime a la oposición y a la disidencia diversa, pretende dar lecciones internacionales de respeto a los derechos humanos en el campo de la educación y la salud, donde logró algunos éxitos a costa de enormes sacrificios del pueblo cubano y específicamente de los trabajadores y profesionales de esos sectores.
El fuerte y bien pagado aparato de propaganda internacional del régimen, apoyado por las fuerzas de la izquierda estatalista internacional, ha logrado confundir a sectores liberales y de la democracia internacional y hacerles creer que en Cuba el pueblo vive feliz y de acuerdo con ese gobierno impuesto.
Las realidades que vive el pueblo cubano no deben seguirse ignorando por los organismos internacionales de la ONU y la comunidad internacional.
Sin respeto a los derechos humanos no puede haber verdadera soberanía popular.