Recientemente, este diario se ha hecho eco de una muy buena noticia: pequeños empresarios privados se han unido en La Habana para crear la Asociación Cubana de Hombres de Negocios (ACHN), cuyo objetivo es "empoderar la gestión no estatal". Bienvenida sea esta iniciativa. No puedo decir otra cosa.
Desde los lejanos tiempos de Alexis de Tocqueville, sabemos que la "sociedad civil" es un conjunto de organizaciones e instituciones cívicas voluntarias y sociales que actúan como mediadores entre los individuos y el Estado de forma libre y sin injerencia de una de las partes.
En este enfoque clásico, cualquier tipo de organización social, política, social, comunitaria, religiosa, o incluso artística o deportiva, contribuye al desarrollo de los sistemas democráticos y contribuye a reforzar el sentido de participación, actuando a la manera de una barrera que impide la invasión por parte del poder estatal de los espacios sociales. En nuestro tiempo, algunos modelos de organización de la sociedad civil se plantean otros objetivos, desde el fortalecimiento de la sociedad, a conseguir una influencia en la esfera política, mientras otros se plantean el ejercicio de una acción política.
Cuba disfrutó de una potente y bien organizada sociedad civil, de las más modernas del mundo, hasta que en 1959 la llamada "revolución" puso patas arriba el entramado institucional de la nación, transformando de manera radical su estructura de participación. Antes de aquella fecha, en materia de organizaciones empresariales, Cuba alcanzó un gran renombre a nivel mundial.
En los años 50, cuando en otros países como España o Italia el movimiento organizativo empresarial era inexistente, los empresarios cubanos se encontraban formando parte de sociedades, clubes, organismos representativos, mutuas, y distintos tipos de asociaciones, todas ellas fuertemente arraigadas en la sociedad civil. Algunos de aquellos empresarios habían sido, en sus orígenes, pobres emigrantes españoles o italianos que, con el fruto de su trabajo y dedicación, y gracias a un ordenamiento jurídico y administrativo favorable, habían podido acumular riqueza, generar empleo y prepararse para disfrutar de una cómoda vejez.
Cuando en 1959 llegó el castrismo, con las expropiaciones sin compensación, nacionalizaciones, delaciones, detenciones y distintos instrumentos para la destrucción de la economía nacional, convirtió a aquellos prósperos hombres de negocios en exiliados pobres que acabaron sus días lejos de la Isla, soñando con aquel proyecto que no se pudo concluir o con un final que nadie podía justificar. El daño fue en la mayor parte de los casos, irreparable. Esto no admite discusión.
Por ello, esta asociación de hombres de negocios que surge en La Habana 58 años después de aquella destrucción de talento, riqueza y sociedad civil, me confirma que los valores empresariales vinculados a la sociedad civil, lo mismo que los religiosos y éticos que sufrieron igual transformación por parte del castrismo, no han desaparecido de Cuba.
Por suerte, están ahí, y los afiliados a esta asociación han dispuesto una asesoría legal, cursos de formación en marketing, administración de empresas, contabilidad y liderazgo, así como apoyo financiero para la creación y crecimiento de negocios. Todo ello, dentro de los estrechos márgenes que permite el castrismo para el ejercicio de la actividad privada emprendedora, no solo en la restricción en el número de licencias, sino en los instrumentos de control y represión, fiscales, jurídicos y legales que recaen sobre los emprendedores cubanos.
Una misión importante, aunque complicada
La defensa de los intereses de los negocios privados de los cubanos es una misión realmente importante, pero muy complicada. El régimen ha mostrado claramente su apuesta por la empresa estatal socialista y las empresas extranjeras asociadas con los grandes monopolios del sector militar y de Seguridad del Estado. Con ese diseño, los pequeños emprendedores cubanos, que continúan viendo como la acumulación de riqueza, la distribución de beneficios o la generación de empleo continúan siendo penalizados por el régimen, la asociación para la defensa de sus intereses puede interpretarse como un reto al poder omnímodo del régimen, poco dado a tener interlocutores díscolos. Véase, si no, cómo funciona la ANAP.
La mayor parte de las demandas que se han planteado los integrantes de la ACHN giran en torno a elementos básicos de la operativa empresarial, como el acceso a los principales círculos comerciales de la Isla, o las facilidades de la Cámara de Comercio para la financiación e interacción con el mundo empresarial extranjero. También denuncian la falta de personalidad jurídica, que es la herramienta del régimen para el control estatal sobre el sector privado.
Asociado a ello están las limitaciones para la importación de materias primas, mercancías o bienes de equipo, de exportar libremente bienes y servicios, de invertir en la economía nacional, así como de poder establecer una marca registrada y crear sucursales del negocio en otros lugares del país o el extranjero, entre otras. Actividades del día a día de las empresas que, en cualquier otro país del mundo, se realizan con absoluta normalidad, pero que en Cuba se encuentran prohibidas o sometidas a controles directos que hacen inviable cualquier planteamiento de negocio.
No es extraño que el régimen haya denegado la autorización a la ACHN en el Registro de Asociaciones regulado en la Ley 54 o de Asociaciones. No es el primer caso. Al régimen le preocupa, y mucho, que la actividad privada pueda organizarse, crecer, construir plataformas reivindicativas y en cualquier momento, presionar para obtener parcelas de poder.
El régimen está acostumbrado a crear "servidores" que atiendan su voluntad, pero nunca ha dispuesto el menos interés por negociar. Y aquí es donde están los riesgos para estos 40 pequeños y medianos empresarios de la capital y el interior del país que se han integrado en la ACHN.
La conclusión que cabe extraer es que en Cuba todavía hay que recorrer un largo camino para construir una sociedad civil diferenciada de la sociedad política, que como señala Jürgen Habermas, es una condición necesaria, pero no suficiente, para la democracia.
Sin una sociedad civil fuerte y organizada, no hay Estado legítimo. La ACHN nace para definir y defender los derechos individuales, políticos y sociales de los pequeños emprendedores cubanos y, con ello, tener la posibilidad de defenderse de la acción estratégica del régimen, principal amenaza para su desarrollo y consolidación. Tiene todo mi apoyo y desde aquí, públicamente, les ofrezco toda mi colaboración en aquello que precisen.
Es un primer paso adelante, sin duda importante que debe servir para que, desde la sociedad civil cubana, se pueda ir avanzando en la estructura de derechos de la ciudadanía y apostar por un elemento activo, transformador de una realidad que se resiste a cualquier tipo de cambio en la dirección correcta.