El Gobierno anunció este martes la imposición de un "valor referencial" en las operaciones de compraventa de viviendas para —dijo— evitar la "evasión fiscal".
Asimismo, avisó que se tomará más tiempo para otorgar subsidios e informó que entregará 16.887 viviendas estatales inconclusas para que los beneficiarios las terminen en un plazo de cinco años.
Las nuevas disposiciones, indicó el diario oficial Granma, son resultado de las "experiencias acumuladas" desde que se autorizó la compraventa legal de viviendas en 2011. Aparecen en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 15 y en la No. 16 de 2017, publicadas este martes.
El Decreto-Ley No. 288, que en 2011 modificó la Ley General de la Vivienda, estableció el pago de un 4% de impuestos sobre el pago pactado entre las partes participantes en la compraventa.
Para justificar el nuevo "valor referencial", Raquel Rodríguez Gato, jefa del grupo de Construcción e Inversiones de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos del Partido Comunista, dijo que la experiencia (…) ha demostrado en reiteradas ocasiones que el precio de compraventa declarado no coincide con el pactado realmente entre las partes y que, además, se enmascaran actos de compraventa con donaciones, lo cual trae consigo el incremento de la evasión fiscal".
El "valor referencial", explicó la funcionara, se aplicará "a los efectos del cálculo de los impuestos", y tendrán en cuenta "la cantidad de dormitorios, la tipología constructiva, las facilidades urbanísticas y la importancia de los asentamientos, así como la existencia de garajes o vallas de parqueo, patios y jardines", establecen resoluciones de los ministerios de Justicia y de Finanzas y Precios.
El Estado se aumenta el plazo para otorgar subsidios
Granma informó además de un aumento del tiempo que se toma el Estado para decidir subsidios destinados a la compra de materiales por parte de personas naturales que asumen la construcción de viviendas por esfuerzo propio.
En este caso, la excusa es que "existen más solicitudes de subsidios que financiamiento para otorgarlos", según el diario de PCC.
Hasta el momento, las entidades estatales tenían un plazo de 45 días para responder las peticiones de subsidios. "Ahora será de hasta 70 días hábiles", indicó Rodríguez Gato.
Se decidió que "el Consejo de la Administración Municipal realice —de acuerdo con el financiamiento disponible— como mínimo dos convocatorias anuales para la recepción de solicitudes de la población", agregó la funcionaria. "Las convocatorias y sus resultados se darán a conocer públicamente por los medios de información y comunicación locales".
Según Rodríguez Gato, "el financiamiento disponible para el subsidio se corresponde con el 60% del impuesto recaudado sobre la venta en la comercialización de materiales de construcción en las provincias".
Los solicitantes se quejan con frecuencia de la lentitud en la entrega de los subsidios, la falta de materiales de construcción disponibles para adelantar las obras y los precios.
La funcionaria dijo que otras resoluciones, del Instituto de Planificación Física y el Ministerio de la Construcción, están dirigidas a regularizar la situación de damnificados de huracanes y otros eventos que iniciaron la construcción de una vivienda sin la documentación establecida.
Las resoluciones establecen, "de manera excepcional por única vez" la legalización de las viviendas, precisó. En ese caso estarían unos 20.021 damnificados.
No obstante, Rodríguez Gato dijo que se hará una "evaluación caso a caso". Los afectados deberán "contar con el expediente donde se recoge la afectación climatológica que dañó la vivienda o provocó el cambio de lugar donde se edificó la misma, así como cumplir con los requerimientos de las regulaciones urbanas y constructivas", aclaró.
16.887 viviendas sin terminar
El Gobierno ha sido constante en incumplir sus propios planes de construcción de viviendas. Ahora dice que "potenciar la construcción por esfuerzo propio de la población" ha paralizado "un alto número" de obras que se ejecutaban por la "vía estatal".
El reporte de Granma reconoce que esto ha traído consigo el deterioro de diversas edificaciones inconclusas.
Por tales razones, y también "por única vez" se entregarán "16.887 viviendas estatales en ejecución a personas naturales que acepten su terminación por esfuerzo propio", señaló el diario.
Esas personas deberán pagar el "valor de transferencia", explicó Rodríguez Gato. Dijo que en la entrega se dará prioridad a los damnificados por fenómenos climatológicos, albergados y casos sociales.
Todos tendrán "un máximo de cinco años" para terminar la construcción. De incumplir con ese plazo, deberán devolver el inmueble al Estado que, según la funcionaria, reintegrará lo pagado por la transferencia del inmueble.
Aunque tengan que terminar de construirlas, quienes reciban una de estas viviendas asumirán las obligaciones establecidas para las viviendas asignadas por el Estado.
El diario del PCC se quejó de casos de beneficiados de inmuebles asignados por el Estado y "células básicas habitacionales" construidas por esfuerzo propio con subsidio gubernamental "que con afán de lucro han vendido sus viviendas a altos precios".
Otra de las medidas anunciadas este martes establece la obligación de "reintegrar al presupuesto estatal el monto del beneficio recibido", si el propietario de un inmueble de esas características realiza una operación de compraventa en "los primeros 15 años a partir de su adquisición".