El independiente Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) presentó este martes —Día Internacional de la Lucha contra el Racismo y la Xenofobia—, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un reporte sobre la situación de las personas afrodescendientes en Cuba.
El informe, resultado de una investigación del CIR, recoge 187 casos de violaciones de derechos humanos a personas afrocubanas, indicó a los relatores de la CIDH Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador nacional de la organización de la sociedad civil cubana.
"Todo lo que hacemos lo realizamos de forma pacífica y dentro del esquema de valores y principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos", explicó Madrazo sobre los peticionarios, ciudadanos afrocubanos "interesados en contribuir a la eliminación del racismo" en la Isla.
Marthadela Tamayo, quien durante dos años ha investigado e impartido talleres sobre violencia de género y maternidad precoz en el asentamiento El Tropical, de San Miguel del Padrón, La Habana, ofreció información que indica que en Cuba la pobreza y la marginalidad tienen rostro afrocubano, y que las mujeres son las más afectadas.
En ese asentamiento, donde las personas viven hacinadas en viviendas en mal estado constructivo, el 95% de la población es negra y mestiza. Más de la mitad son mujeres, la mayoría jefas de familia que llevan el peso de la economía doméstica, empleándose como vendedoras ambulantes. Muchas son madres solteras.
Perjudicados en el mercado laboral
Otro aspecto significativo en el informe es la creciente disparidad entre población blanca y la afrocubana en el mercado laboral estatal y privado. Al respecto, la periodista e investigadora Maricel Nápoles ofreció datos que muestran la ventaja de tener la piel más clara para obtener empleos que impliquen contacto directo con el público en el sector turístico y, por tanto, mejor remuneración. En un estudio, de 12 propietarios de negocios privados ninguno era negro. Sin embargo, de 31 mujeres empleadas en Santiago de Cuba como auxiliares de limpieza, solo una era blanca.
Nápoles abordó además las formas en que el Estado cubano restringe la posibilidad de crear sindicatos diferentes a los oficiales, y la represión que sufren los sindicalistas independientes, principalmente los afrocubanos, que son mayoría en esas organizaciones.
Los testimonios recogidos entre sindicalistas afrocubanos en todos los territorios del país reflejan que a la represión física y psicológica sufrida durante las detenciones o encarcelamientos, se suma el linchamiento moral que implican expresiones como "negro malagradecido, si a ti la Revolución te hizo gente", entre otras que ofenden la dignidad humana.
Las violaciones al derecho a la libertad de expresión y opinión, y al derecho a la libre asociación, también fueron incluidas en el reporte. Fernando Palacio Mogar informó a los relatores sobre la negativa de reconocimiento legal del Estado cubano a organizaciones comprometidas con la lucha contra el racismo, como el CIR, CUBALEX y la Cofradía de la Negritud.
Además, se restringe el derecho a la reunión con fines pacíficos mediante operativos policiales, señaló Palacio Mogar. Los periodistas independientes y activistas sufren detenciones arbitrarias y amenazas de encarcelamiento. Si son afrocubanos, las detenciones son más violentas e incluyen insultos relacionados con el color de la piel, aseguró.
El activista y periodista independiente Jorge Amado Robert Vera, víctima de esos arrestos arbitrarios e intimidaciones, relató su experiencia.
Dijo que el 3 de abril de 2016, cuando regresaba a su provincia, Santiago de Cuba, desde Matanzas, fue detenido violentamente, amenazado y despojado de sus pertenencias.
"Me dijeron que me iban a llevar a prisión por un supuesto delito de difundir noticias falsas y propaganda enemiga", relató. "Durante la detención, me confiscaron mi computadora personal, una impresora y tres teléfonos. No se me entrego ninguna acta de ocupación, lo cual me impidió posteriormente presentar una reclamación legal. Hasta el día de hoy, no me han devuelto estos implementos", dijo.
Robert Vera señaló que solo pudo recuperar, días después, su ropa y su billetera. Según dijo, el oficial que lo atendió en ese momento se refirió a él en los siguientes términos: "Este negro de mierda no va a publicar más en ningún periódico".
Los relatores quieren visitar Cuba
Los peticionarios presentaron varias solicitudes a la CIDH; entre ellas instar al Estado cubano a permitir visitas de la Comisión; a revisar sus marcos jurídicos y conciliarlos con las normas internacionales relativas a los derechos mencionados, y a actuar enérgicamente para erradicar la discriminación racial en la Isla.
Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora para Cuba, lamentó la ausencia de representantes del Estado, porque esta era una oportunidad para escuchar información presentada por ambas partes. Reiteró la invitación de la CIDH al Gobierno a posibilitar las visitas in loco que permitan contrastar la información recibida.
La relatora Arosemena mostró interés por la situación de niños y adolescentes en las comunidades mencionadas por los autores del informe.
El relator especial sobre Libertad de Expresión, Edison Lanza, expresó la solidaridad de la relatoría con los periodistas independientes y los defensores de derechos humanos en Cuba, y su preocupación por leyes que limitan la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. También preguntó por el acceso a la información y a internet de afrocubanas y afrocubanos.
Margarette May Macaulay, relatora sobre Personas Afrodescendientes y Discriminación Racial, afirmó conocer de primera mano, por sus visitas en Cuba, la discriminación de afrocubanas y afrocubanos en sector turístico, donde quienes ocupan altos puestos o realizan trabajos que dan acceso a propinas son mayoritariamente blancos.
Las personas negras son quienes limpian el piso, señaló la relatora. Dijo no entender cómo el Estado cubano puede afirmar que no hay racismo, y preguntó si existe alguna ley en Cuba que permita denunciar esta situación y valorar hasta qué punto el Estado incumple sus propias leyes.
En los 10 minutos adicionales que tuvieron los peticionarios para responder, Marthadela Tamayo describió la situación de niños y adolescentes en asentamientos marginales. "Los niños andan muchas veces sin ropa y descalzos. Muchas niñas son madres a los 15 años", denunció.
Maricel Nápoles explicó que, como según el Gobierno cubano no existe discriminación racial en el sector laboral, tampoco hay leyes para denunciarla y los ciudadanos ignoran sus derechos. La falta de derecho a crear sindicatos independientes también imposibilita luchar de forma más efectiva contra esta discriminación, dijo.
Madrazo Luna señaló que aunque el Gobierno en los últimos años ha admitido la existencia de racismo y discriminación racial en Cuba, debido a la presión de la sociedad civil, insiste en el argumento de que hablar de ese flagelo contribuiría a la desunión nacional, y afirma que el tema forma parte de una agenda subversiva.
Nápoles cerró esta segunda intervención de los peticionarios con una frase contundente, que pone en evidencia la situación del racismo en Cuba: "Los afrocubanos son minorías en las universidades y mayoría en las cárceles", dijo.
Antes de terminar la audiencia, Margarette May Macaulay solicitó a la sociedad civil cubana continuar enviando a la CIDH información sobre la situación de los derechos de los afrocubanos.
DIARIO DE CUBA: Racismo en Cuba, presente y futuro