Fue a mediados del pasado año que la actividad —en pleno auge— empezó a ser escrutada y fiscalizada por las autoridades. En ese momento, varios de los organismos estatales encargados de controlar el llamado "cuentapropismo" se ensañaron con los gestores de compraventa de viviendas, una actividad que, a pesar de las limitaciones, iba camino de consolidarse.
Estos emprendedores comenzaban a desperezar el mercado inmobiliario en Cuba, pues solamente en la capital existían —antes de la intervención gubernamental— más de diez oficinas de gestores. En la actualidad solo operan alrededor de cinco.
El negocio de bienes raíces es uno de los más lucrativos a nivel mundial, de ahí la importancia que para el Gobierno tiene poder conocer y controlar el desenvolvimiento de ese mercado, que ya mueve decenas de miles de dólares en la Isla.
Los gestores inmobiliarios y sus empleados fueron sometidos a una exhaustiva auditoría en la que participaron desde la Fiscalía General hasta el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) del Ministerio del Interior. El resultado fue el cierre de varias inmobiliarias, como Espacio Cuba, Planeta Cuba y Adisa, por supuestas "irregularidades en su funcionamiento".
En la actualidad la entrega de licencias de gestor de compraventa de casas se encuentra "suspendida" y algunas de las oficinas que quedan en pie, como Casas Cubanas, están —según una fuente cercana a esa inmobiliaria— "bajo investigación" y sus computadoras en manos de las autoridades.
¿Qué alegaron las autoridades para el cierre de oficinas inmobiliarias?
Hace solo tres meses, la Dirección Provincial de Trabajo de la capital convocó una reunión donde se dieron a conocer las "violaciones" cometidas por los cuentapropistas y funcionarios advirtieron que no se permitirían esas infracciones.
Según un participante en esa reunión, quien pidió el anonimato, los funcionarios mencionaron "irregularidades" como las siguientes:
—Inversión de capital de "dudoso proceder" (la inmensa mayoría, como es obvio, procedente del exterior)
—Asociación ilegal: Varias de las casas gestoras contrataban arquitectos, abogados, diseñadores, entre otros profesionales, para ofrecer un servicio lo más completo posible, algo no permitido dentro de la licencia.
—Distorsión del alcance de la actividad: Según la fuente, los gestores no pueden ofrecer servicios que gestionan inmobiliarias en otros países, como consultoría jurídica, tasaciones de la vivienda, reparaciones del inmueble y transportación de los clientes. Estas actividades se consideran "violaciones".
—Evasión fiscal: Algunas inmobiliarias aconsejaban a sus clientes reflejar en los papeles un precio por debajo de aquel al cual realmente se vendía el inmueble, para así evitar tener que pagar impuestos más altos.
—Violaciones urbanísticas: En este punto las autoridades mencionaron que en los carteles colocados en la calle estos emprendedores se anuncian con un nombre que no corresponde a la actividad, al utilizar el término de "inmobiliario" y no el de "gestor de compraventa de casas".
—Los gestores o sus empleados no pueden realizar contratos con el cliente donde se refleje el nombre comercial de la oficina inmobiliaria, pues eso solo es posible para aquellas entidades con personalidad jurídica.
—Los gestores no pueden tener varias oficinas o sucursales en la ciudad, ni oficinas en el exterior.
—Tampoco es posible que los gestores acudan a las notarías para agilizar los trámites de compraventa de un inmueble.
En las auditorias y fiscalizaciones las autoridades investigaron también el uso de internet, en especial de antenas WiFi, y las páginas web de las casas inmobiliarias, las cuales en su mayoría utilizan un servidor en el exterior. Además, encontraron que muchos empleados ejercían sin licencia de cuentapropista y habrían detectado también falsificación de documentos.
El escrutinio no habría afectado a todos por igual. Si bien varias oficinas inmobiliarias cerraron por "violar lo establecido" o funcionan hoy con un perfil muy bajo debido a la coacción gubernamental, otras no han sufrido inspección alguna a pesar de que incumplen muchas de las restricciones que imponen las autoridades, como prestar asesoría jurídica, poseer sucursales o colocar carteles donde se dice claramente que realizan una "gestión inmobiliaria".
Según la camisa de fuerza estatal, el gestor de compraventa de inmuebles debe limitar su trabajo a presentar a comprador y vendedor y cobrar una comisión por la venta. Hasta ahí.
Una vez más el raulismo bajo la concepción de "no regresar jamás al capitalismo" busca mediante la coacción maniatar la iniciativa privada para impedir que prospere y traspase los límites de su control.