El Gobierno cubano a través de sus voceros, ha declarado enfáticamente que no se puede avanzar más en las relaciones con EEUU, porque no están dispuestos a hacer concesiones al imperialismo, ya que todo Estado (palabra textual de Raúl Castro, recordando el primer aniversario de la decisión de los gobiernos de EEUU y Cuba de restablecer sus relaciones) tiene el derecho de elegir el sistema político y económico que desee.
Pero el Presidente no tiene en cuenta que ese es un derecho del pueblo, no del Estado.
El Estado, su tipo, su forma de gobierno, deben ser decididos por el pueblo democrática y libremente. Ningún Estado, ningún Gobierno, ninguna burocracia tiene el derecho de determinar el sistema político y económico en que debe vivir un pueblo. Se trata de una mala interpretación del principio de autodeterminación de los pueblos, que no es de los Estados.
La revolución triunfante de 1959 fue apoyada por todo el pueblo, porque sus objetivos eran restaurar la Constitución de 1940 y la institucionalidad democrática interrumpidas por el golpe de Estado de marzo de 1952. En cambio el grupo armado de la Sierra Maestra que hegemonizó aquel proceso, sin previa aprobación ni consulta democrática, a golpe de decretos fue poniendo toda la economía en manos del Estado y fue armando un modelo político de partido único de dirección unipersonal. Ciertamente la revolución es reconocida como fuente de poder y derecho, pero la legitimidad la otorga el voto popular.
En fin, que se fue estructurando la llamada "dictadura del proletariado" como sistema de gobierno y una economía sustentada en la propiedad estatal explotada de forma asalariada (capitalista), en realidad un capitalismo monopolista de Estado manejado por un partido, con un líder todo poderoso, entuerto que los rusos denominaron "socialismo" desde la época de Stalin.
La Constitución de 1976, hace casi 40 años, fue el resultado de lo ocurrido desde 1959 y su objetivo fue refrendar aquel "socialismo" previamente establecido.
Esa sociedad que pretende eternizar la misma dirección que la impuso, se fue organizando en Cuba entre 1959 y 1976 a sangre y fuego, mediando una guerra civil, con más alzados en las montañas que contra Batista, en la que hubo más muertos, perseguidos, encarcelados y exiliados que en las dos revoluciones juntas de los años 30 y 50 (contra Machado y Batista), periodo durante el cual se expropió arbitrariamente a propietarios de grandes, medianas, pequeñas e individuales empresas, nacionales o extranjeras, fueran privadas, de capital asociado, cooperativas o pertenecientes a asociaciones o a los sindicatos como el hotel Habana Hilton.
Para entonces, la oposición a Fidel Castro, a su partido comunista, a su alianza con la URSS, había sido aplastada junto con su base económica. La burguesía nacional, la pequeña burguesía, los trabajadores asociados de distintas formas, los sindicatos y los pequeños propietarios perdieron sus propiedades. Los partidos y organizaciones de derecha, centro o izquierda que no apoyaban al Gobierno fueron desarticulados, diezmados. El viejo Partido Comunista corrió igual suerte.
Varios miles de opositores habían muerto en combate, habían sido fusilados o estaban en prisión y condenados a largas penas de cárcel por traición a la "patria, contrarrevolución y atentados contra la Seguridad del Estado". Más de un millón de cubanos, de seis en total, se fueron del país huyéndole al "comunismo", a la represión o como exiliados políticos.
Paralelamente y en relación con ese conjunto de acontecimientos, se fueron agudizando las contradicciones con EEUU, lo cual lo llevó a apoyar a la oposición armada, a la Crisis de Octubre y aplicar el bloqueo-embargo económico y comercial, aún vigente en buena medida.
Cuando la Constitución de 1976 fue aprobada, para el "Gobierno revolucionario" establecido no había otras leyes que las que él dictara y los derechos humanos no eran otros que los derechos que reconocía ese gobierno a hacer "la revolución socialista". Esta dirección nunca se sometió al voto popular ni permitió elegir ningún parlamento que hiciera leyes. Entonces no existía libertad de expresión ni asociación, no habían otros partidos y esa constitución no fue producto de una asamblea constituyente democrática, sino concebida por un grupo de personas que respondían al Partido Comunista, cuyo Buró Político y Comité Central no fue elegido por ningún congreso, sino designados en 1965 por el pequeño grupo encabezado por Fidel Castro.
La Constitución de 1976 fue también el resultado de la alianza "socialista" con la antigua URSS neoestalinista, que abastecía al país casi gratuitamente de alimentos, medicinas, medios de producción, petróleo y armamentos y protegía con su sombrilla nuclear al Gobierno cubano, frente a las amenazas de EEUU; de ahí su parecido con la Constitución soviética de 1936.
Señores, todo ha cambiado. Estamos en el 2015. No existe la URSS, no hay sombrilla nuclear, ni el Gobierno tiene mecenas que mandan gratuitamente alimentos, petróleo ni armamentos; ni el capitalismo monopolista de Estado impuesto en nombre del socialismo ha funcionado y, encima de eso, el Estado se ha visto obligado a abrir espacios al trabajo por cuenta propia y a decir que está dispuesto a permitir cooperativas no estatales e inversiones extranjeras, aunque hasta ahora solo para su "cartera de negocios".
Así fue enunciando, sin concretar, un giro importante en economía, pero manteniendo el sistema político, olvidando que economía y política son un binomio inseparable, interdependiente.
Pero además, se han restablecido las relaciones diplomáticas con EEUU, cuyo gobierno presiona al Congreso para levantar el bloqueo-embargo y ya no puede seguir considerándose como el "enemigo imperialista que trata de anexarse a Cuba", aunque para nadie es un secreto que desearía aquí un gobierno aliado y democrático que respete plenamente los derechos humanos.
El modelo de socialismo estatal asalariado fracasado se sostiene por la represión contra todo lo que la dirección del Partido-Gobierno-Estado considera "contrarrevolución y fruto de la actividad enemiga del imperialismo", negándose toda autenticidad a cualquier pensamiento y acción autóctonos que se proyecten en forma diferente, porque las leyes siguen impidiendo la libertad de expresión, de asociación, de elección y de actividad económica al estilo clásico del estalinismo y por el deseo del pueblo de no provocar más hechos sangrientos, prefiriendo muchos el éxodo al enfrentamiento.
El pueblo de Cuba, desde las últimas elecciones democráticas de 1948, no ha tenido la oportunidad de decidir en plenas condiciones de libertad y democracia, con presencia de todas las tendencias políticas, sin ser reprimidas. Por todo lo antes explicado, la legitimidad de la Constitución de 1976 es cuestionable, aun cuando fue refrendada por amplia mayoría.
El "Gobierno revolucionario" que surgió del proceso insurreccional de los años 53-59, debió y todavía debe, devolver la soberanía al pueblo de Cuba, y eso no es hacer ninguna concesión al imperialismo. Es una deuda histórica. Es cumplir con la demanda popular, que llevó a la revolución de 1959, todavía postergada.
Lo que toca es restablecer la institucionalidad democrática nunca honrada, creando condiciones de respeto a los derechos fundamentales que permitan a todos expresarse y reunirse libremente, para que juntos, todos los cubanos, en libertad y democracia, vayamos en pos de una nueva constitución, una nueva ley electoral democráticas y un Estado de derecho.
Solo impide esa restauración el interés de una elite gobernante en no abandonar el poder.
La soberanía popular debe ser restablecida en un clima de paz, libertad, derechos y democracia, que nos permita hacer florecer la soñada Cuba martiana, en la que quepamos todos.