Según los medios oficiales, la nueva Ley de la Vivienda viene acompañada de un "ordenamiento" que mencionan en noticieros y Mesas Redondas sin explicar en qué consiste. Al parecer, el término puede ser interpretado a conveniencia por los funcionarios que deciden ahora: los directores municipales de Planificación Física.
Ya Ana Luisa Márquez Pérez, directora de Planificación Física de Habana del Este ha demostrado su incapacidad para distinguir entre los solares yermos que dispone la nueva ley para la construcción y las tierras cultivadas. Eso quedó claro cuando despojó de su finquita en Alamar a la agricultora Vilma del Castillo, amparándose en la legislación que pronto entraría en vigor. El pasado mes de noviembre de 2014, la localidad de Cojímar tuvo una muestra de las interpretaciones que Márquez Pérez da a la palabra "ordenamiento" y para lo que piensa usar su recién adquirido poder como decisora.
Hace ocho años, en un solar yermo a un costado del destartalado paradero de Cojímar, algunas personas habían construido casas sin autorización. Durante años, las autoridades de Vivienda habían aplicado multas reiteradas a sus habitantes, pero nunca los desalojaron porque las casas eran perfectamente habitables. Tenían las condiciones sanitarias, pagaban servicio de electricidad y los vecinos esperaban poder legalizar su propiedad y pagar el terreno que habían ocupado. Con el paso del tiempo, a las primeras, se fueron sumando otras casitas.
Llegó Ana Luisa y mandó a parar
El 26 de octubre de 2014 algunos vecinos recibieron la orden de demolición de sus viviendas. Debían realizarlo ellos mismos, o vendrían las autoridades a echar las casas abajo.
Los vecinos apelaron la decisión en todas las instancias posibles, sin respuesta. Escribieron a Fidel y Raúl Castro, a Vivienda, al Poder Popular. "El 21 de noviembre fuimos al Consejo de Estado", cuenta uno de los afectados. "Entregamos una carta, aquí está el cuñito de recibo. Nos atendió una funcionaria de apellido Cedeño. Cuando vio que la mayoría éramos orientales nos dijo que la orden de Raúl Castro era devolver a las personas a su lugar de origen."
Entre el 6 y el 8 de noviembre de 2014 las autoridades demolieron las casas, que eran más de 20, según testimonio de los vecinos. Participaron en la demolición Ana Luisa Márquez, el vicepresidente del Gobierno municipal, el director de la Vivienda y la policía.
"Aquello fue cruel", comenta un vecino. "Había dos mujeres embarazadas de ocho meses. Una de ellas y su esposo eran internacionalistas, que construyeron la casa con los ahorros que trajeron de Venezuela. Cuando el hombre le preguntó a la policía adónde se iba a ir, un funcionario le dijo: 'A tu mujer la metemos en un hogar materno, y a ti, preso'. Ahora están en un consultorio que les prestaron, que se está cayendo, pero no pueden arreglarlo porque no es de ellos."
Otra vecina cuenta el caso de un hombre que se sentó a ver como derribaban su casa y un funcionario le pidió que ayudara. Él respondió: "Tumben ustedes, que para eso están aquí". Por esa respuesta fue llevado por la patrulla para la estación de policía. "Todo lo que tenía dentro de su casa se lo llevaron en los camiones", comenta la vecina. "Desde la cama hasta el refrigerador. Y todavía no se lo han devuelto".
Los carteles de "Viva Fidel" que los vecinos habían pintado fueron considerados por Ana Luisa Márquez como "un chantaje" y todos los vecinos que fueron vistos tirando fotos con los celulares terminaron en la estación de policía hasta que concluyó la demolición.
Los afectados pidieron a las autoridades que les permitieran pagar los terrenos y hasta un alquiler por las casas que ellos mismos habían construido. La respuesta de los funcionarios fue que la demolición "era la decisión tomada por el Gobierno". Mientras tanto, la dulce Ana Luisa Márquez, con el vocabulario que corresponde a una directora de Planificación Física comentó: "Por mi papayona lo voy a demoler todo".
La historia de Nury
La casa de Nury, según cuentan los vecinos, fue la segunda en construirse. Llevaba ocho años viviendo allí y tenía la dirección de Cojímar en su carnet de identidad. Ella aún conserva todos los comprobantes de los materiales que usó, comprados en rastros y tiendas en CUC. También guarda las multas de Vivienda y su casa tenía un expediente en esa instancia, que luego se "perdió" misteriosamente.
El día 7 de noviembre, cuando fueron a demoler su casa, una vecina escuchó decir a una de las funcionarias: "Esta gordita nos va a dar trabajo", refiriéndose a Nury. Como resultado de esta preocupación, Nury fue llevada a la estación de policía de Alamar "para una entrevista". Durante cinco días su familia no supo nada de ella.
"A los días nos enteramos de que la habían llevado para el Vivac, así sin explicación, y que la iban a deportar para Cacocún porque ella nació allá." A los vecinos y familiares que preguntaron por ella en la estación de policía les dijeron que, a pesar de tener dirección en La Habana, había que deportarla. "Imagínate", aclara la vecina, "ella no tiene a nadie allá, vive en La Habana desde hace años".
"Aquellos días en prisión fueron horribles", cuenta Nury. "Me sentía mal porque yo no soy una delincuente. Tenía la presión altísima, pero me quitaron mis medicamentos, no me dieron nada para aliviarla en todo ese tiempo." Al final, la sacaron de la cárcel con escolta policial que la montó en un tren hasta Cacocún. "Allí me recibieron en con un carro jaula, como si yo fuera una asesina. Me metieron ahí y estuve llorando hasta la estación."
"Mi hijo me dice que es mejor que no estuviera aquí, que yo no hubiese soportado ver como derrumbaban mi casa", concluye.
Después de este episodio, Nury ha pedido a las autoridades que revisen su caso, porque no tiene dónde vivir. No le contestan, pero si lo hicieran, Nury teme que le pongan condiciones de construcción que ya no puede cumplir. "Mi salud no me permite volver a construir una casa como la que me quitaron, sin contar con el dinero. A lo mejor alcanzaba para pagar a plazos el terreno aquel, pero no para construir una casa nueva. Uno ve en la televisión que aquí en Cuba no se deja a nadie desamparado, entonces, ¿cómo se explica lo que nos pasó?"
Habla el CDR
La presidenta del CDR accede a dar su testimonio sobre lo sucedido en su vecindario. "Lo que hicieron aquí no es justo", opina. "Es verdad que la ley hay que cumplirla, pero no maltratando y despojando a la gente. Tiene que haber otra solución."
Antes de convertir su cuadra en ruinas había buenas relaciones en el vecindario. "Todos eran buenos vecinos, nos llevábamos bien. La gente de esas casitas participaban en todas las actividades, en los trabajos voluntarios. Pertenecían al CDR, a la FMC. Yo no tengo queja de ellos. Además, allí había niños chiquitos y mujeres embarazadas, que ahora están con un bebé en los brazos sin un techo donde criarlo. Eso no es humano."
Pero la palabra "humanidad" parece no entrar dentro del concepto de "ordenamiento" de Ana Luisa Márquez, del Consejo de Estado, el Instituto de Vivienda y el Poder Popular.
Durante años han existido apartamentos y casas vacíos, destruyéndose gradualmente mientras miles de personas viven en albergues, bajareques o portales, y el Instituto de Vivienda no hacía nada al respecto.
La nueva Ley de Vivienda promete promover la construcción de casas por esfuerzo propio de la población, pero es que la anterior, de 1988, también proclamaba el mismo objetivo en sus artículos 1 y 3. ¿Quién garantiza que esta vez la Ley ayude realmente a los más necesitados?
Lo que sí parece seguro es que, en Habana del Este, amparada bajo la nueva ley, las regulaciones urbanísticas y su cargo en Planificación Física, Ana Luisa Márquez continuará su carrera. Carrera que incluye arrebatar tierras cultivadas a quienes las trabajaban, deportar orientales y dejar sin techo y sin derecho a reclamar a las familias. Y para eso, puede prescindir de la delicadeza y del humanismo del que tanto presume la Revolución cubana. La total impunidad se la garantizan las enormes dimensiones de su órgano sexual.