"Creo que, junto a nuestra identidad de cubanos, la otra condición que nos distingue es la de ser, de facto, ilegales. Nuestra cotidianeidad está viciada de ilegalidades en todos los sentidos. Casi nada es nuestro, salvo nuestra prole. Se vive en un préstamo moral constante, condicionado en que a cada paso, en cada gestión, en cualquier emprendimiento, estaremos violando alguna regla que solo sabremos tiempo después, cuando leemos una nota de prensa sobre la exhumación de un decreto-ley." Son estas las conclusiones de Luisa Barrientos, extrabajadora de Salud Pública, mientras chequea los últimos detalles del albañil que labora en la ampliación de su apartamento, en un edificio multifamiliar en la ciudadela de Alamar.
La inquietud de ahora entre la población cubana está justificada. Las venideras reformas en las leyes de vivienda —que suponen entraran en vigor para enero de 2015— llegarán acompañadas con acciones del Estado en lo referente a erradicar las ilegalidades urbanísticas. Ilegalidades que fueron señaladas el pasado 7 de octubre —en reunión presidida por José Ramón Machado Ventura, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros– y donde se hiso énfasis en aquellas relacionadas con el ordenamiento del trabajo por cuenta propia en las arterias principales, con los barrios ilegales y con la construcción de viviendas por esfuerzo propio.
En medio de la crisis devenida en Periodo Especial, el Estado cubano se vio obligado a permitir la reutilización de espacios comunes de las comunidades para el cultivo de hortalizas, vegetales, frutas, viandas y crianza de animales de corral, con el objetivo de sostener en alguna medida el consumo alimenticio que no podía garantizar a la población. El cómo y el hasta dónde de estas ocupaciones, quedaría en la decisión y aprobación de la vecindad. Estas permisividades nunca contarían con ningún marco jurídico o legislación legal regulatoria, aun cuando por lógica debía imponerse la observación de las regulaciones urbanísticas.
Cuando la crisis comenzaba a amainar, cuando paulatinamente se restablecieron los mercados de alimentos, cuando cultivar y cosechar uno mismo el alimento cotidiano ya no representaba la primera urgencia, estos espacios fueron reconvertidos en ampliaciones de viviendas particulares, improvisados parqueos colectivos de autos, o talleres de los más variopintos oficios.
Por otro lado, la crisis —que azotaba con más fuerza en las provincias— condicionaría el aumento desmesurado de la migración interna hacia La Habana y con ello el punto climático de la proliferación de los llamados barrios ilegales, comúnmente conocidos como "llegaipón".
El candente problema de la vivienda
Todo debate acerca de estas ilegalidades debe remitirse, y situar en contexto, al tema neurálgico que significa la vivienda, y que "la máxima dirección del país" no ha podido rebasar más allá de las promesas.
"Se sabe que, como promedio, en cada vivienda cubana conviven hasta tres generaciones de familias", advierte Tomás Díaz, extramoyista del ICRT que construyó hace más de diez años, con la venia de los vecinos, una habitación en el área común del jardín en un edificio de Boyeros.
Y agrega: "Muchos de los problemas sociales, sin pretender justificar nada, devienen de las tensiones generadas en los hogares, donde la convivencia, ya de por sí compleja, se agrava con la carencia de espacio vital. Con esa carga psicológica, el cubano vive su diaria existencia y es omnipresente desde que abordas la guagua, durante la jornada laboral, hasta que regresas a casa para enfrentar, además, la manutención y educación de tus hijos. La gente ya no quiere vivir hacinada, ni al borde de un derrumbe. Cuando empecé a levantar el cuartico llegaron los inspectores de Vivienda y especialistas de Planificación Física del municipio; pero solo te ponían una multa, de 600 pesos, y no regresaban más. Era como un acuerdo tácito que se impuso como práctica. Nunca hablaron de regulación urbanística alguna. ¿Tal vez no era el momento?"
Aunque en la reunión de altos directivos se insistía en que "la esencia de estas acciones no está en prohibir construir, sino en indicar cómo y dónde debe hacerse para no violar las normas urbanísticas y en tal sentido exigir a todos por igual", la experiencia transitada en más de cinco décadas dispara las alarmas de los ciudadanos.
Respecto a esta cuestión en particular un arquitecto —que comentaba precisamente el artículo "Integrar acciones: clave para erradicar las ilegalidades urbanísticas", publicado en Granma— deslizaba un detalle puntual: "si los arquitectos tuvieran un marco legal que los respaldara o una asociación a la cual tributar para que se les permitiera ejercer su profesión por cuenta propia, la gente buscaría los servicios de arquitectos para construir sus casas".
El mismo criterio suscribe el ingeniero Evelio Santana, director del grupo Nosotros, brigada independiente de servicios constructivos y diseño de interiores: "Debemos emplazar a la monotonía constructiva del balaustre que permea la arquitectura de las ciudades cubanas, renovar el diseño sin que ello implique, por supuesto, prescindir de los patrimonios arquitectónicos que distinguen a cada ciudad".
Según el informe presentado por Samuel Rodiles Planas, presidente del Instituto de Planificación Física (IPF), el conjunto de proyecciones de trabajo se propone "erradicar en lo fundamental las ilegalidades estatales en todo el país para el 2015; en el caso de las cometidas por personas naturales, se priorizarán cada año las de más fácil solución y menor afectación a las familias".
Sobre ese punto discrepan Nila Mercedes Camejo y Caridad Román, vecinas de un solar del municipio Cerro. "Hace más de 40 años que vivimos aquí, cuando era totalmente de madera y estaba declarado inhabitable. Nunca el Estado nos ofreció —a excepción de papel de techo cuando pasaban los ciclones— una alternativa mejor durante todo este tiempo. Ahora que podemos adquirir materiales, por nuestra cuenta, en las tiendas y lugares establecidos para su venta, nos amenazan con demoler lo hecho. Los inspectores que se personaron no eran 'independientes', sino del Gobierno. Es cierto que existe un decreto que exige gestionar una licencia de construcción; pero ¿después de casi 50 años en que nadie se interesó por nuestra calidad de vida nos hablan ahora de ilegalidad? Ni siquiera hemos hecho ninguna innovación, sino simplemente sustituir la madera por mampostería e instalar nuestros baños en el interior de los cuartos porque nos hartamos de bañarnos en colectivos. Así que aquello de 'menor afectación de la familia' nos resulta imposible de creer."
¿Y los cuentapropistas?
Escépticos también se muestran los trabajadores por cuenta propia, a quienes hace apenas dos años se les prohibió montar sus establecimientos y las perchas de exhibición de sus productos en las arterias principales de la ciudad. Damián Torres, exfutbolista, vendedor de bisuterías y enseres menores en la avenida Carlos III, recuerda su indignación y su impotencia. "No se podían ubicar los estantes en los portales de las casas; tenía que ser en los interiores de las mismas. ¿Cómo supone un transeúnte que dentro de determinada casa se oferta el producto que demanda? Para algo existen las vidrieras. Habría que ser muy obtuso para no comprender que todo lo que se compra empieza por la visibilidad previa del producto. Vista hace fe, dice el refrán. Es cierto que todo el conjunto visual de la avenida se violentaba; pero algunos de los afectados propusieron la alternativa de los anuncios lumínicos para al menos guiar al cliente, entendiendo que ello representaría un gasto extra, pero todo sea por el negocio. Pues resulta que para los anuncios y vallas también existen regulaciones urbanísticas que, además, ninguno de los inspectores de vivienda ni de los funcionarios de Planificación Física sabían a ciencia cierta dónde consultarlas."
¿Hasta qué punto serían agravantes para los cuentapropistas las medidas para el ordenamiento del trabajo por cuenta propia en las arterias principales, entendiendo que el flujo principal transita por estas, tanto de paseo como de compras?
"Resulta improcedente ubicar mi stand por las calles 25 o 21, por ejemplo, en vez de por la avenida 23", increpa un tenedor de libros que goza de popularidad entre universitarios y extranjeros en el Vedado habanero. "Cualquier medida al respecto, y espero que haya sido tema de análisis en esa reunión o en las que vendrán, tiene que asumir que este país ya no es el mismo de hace 20 años atrás. No puedes hablar de cambios hacia afuera si antes no te cambias a ti mismo y aceptas esa transformación. Todo negocio necesita de estar visible, pues en ello radica la posibilidad de vender más".
En ese sentido casi impugna Eduardo Abellé: "¿Afea mis máquinas de frozzen y churros el ornato de la Avenida 10 de Octubre? En verdad no puedo explicarme cómo tendría éxito mi negocio si los aparatos están dentro de la casa o si los ubico en la calle paralela por donde casi nadie transita. Si no puedo situarlas en el portal, para no afectar la armonía urbana, tendría entonces que reestructurar la arquitectura de mi casa y entonces agregaría otro problema, y gastos inmensos además del tiempo que se pierde gracias a nuestra eficaz burocracia. De cualquier modo somos ilegales siempre".
Las inquietudes entre la población en general crecen al igual que la incertidumbre —que propicia todo rumor— pues el Estado no ha hecho mención alguna sobre adelantar detalles de los temas en cuestión. Todos —no solo los cuentapropistas— temen al "imprevisto" que se ha convertido en práctica común en muchas de las decisiones tomadas por el Gobierno.
"Ahora resulta que el pueblo además tiene que ser fiscal y enemistarse entre sí. Así han sido todos los procesos en los que se exige la colaboración de las masas", anota Yoel Ríos, exprofesor de Contabilidad. "Me resulta lacerante que Rodiles Planas concluya que las limitantes para llevar a cabo la erradicación de ilegalidades y violaciones recaigan en los ciudadanos pues como dice: 'la población las tolera o asimila si no la afectan directamente'. Parece que olvidaron que cuando fue conveniente sostener el socialismo, allá por el Periodo Especial, ninguna de estas disposiciones o decretos se aplicaron ni se mencionaron. ¿Por qué ahora?"
La problemática es mucho más compleja que la que prefigura confrontar el Estado a través de sus instancias. Ni siquiera la solución —expresada por otro de los comentaristas al artículo de Granma— de que "el sistema de la Vivienda debía pasar al IPF, pues hoy es inoperante todo lo que allí se hace" es viable, en tanto el IPF representa otra estructura más en la cadena institucional; sin independencia de criterio para confrontar a la máxima dirección del país por su equívoco durante cinco décadas que ha provocado, como acepta el propio Rodiles Planas, "una madeja de disposiciones dispersas de difícil cumplimiento tanto para las entidades como para la población".