Marino Murillo Jorge, vicepresidente del Consejo de Estado, en la reunión del Consejo de Ministros del pasado mes de mayo, expresó: "las medidas que durante décadas se han puesto en práctica en la forma de gestionar la tierra, no han conducido al necesario aumento de la producción". La importancia de tal declaración no radica en el reconocimiento del fracaso, que es sabido, sino en la insuficiencia de las medidas aplicadas para revertir el deterioro causado por casi 50 años de socialismo totalitario.
En Cuba, el proceso de formación de talleres artesanales, comercios y servicios, del cual emergió un empresariado nacional, fue barrido por la revolución y sustituido por jefes y administradores de la propiedad estatal. Esa transformación generó desinterés en los productores, incapacidad productiva, escasez y conductas delictivas; un cuadro imposible de solucionar sin ir a las causas y sin retomar los análisis y aportes de pensadores y políticos cubanos que se preocuparon desde principios del siglo XIX por el fomento de una clase media.
El fracaso en Cuba no fue ninguna novedad. El intento de alcanzar una economía eficiente desde el monopolio del Estado había sido precedido por otros similares en Rusia, China, Vietnam, Mongolia, los países socialistas de Europa del Este y algunos del continente africano. El único que no ha cambiado es Corea del Norte, devenido modelo de lo que no debe ser y relegado al grupo de los vente países más atrasados del mundo, mientras la parte sureña de esa península se ubica en el pelotón de los veinte más desarrollados.
Ante la crisis, Raúl Castro planteó en 2007 la necesidad de "cambiar todo lo que deba ser cambiado", y en 2008 expresó que la producción de alimentos constituía "un asunto de máxima seguridad nacional". Sin embargo, las medidas implementadas nacieron subordinadas al predominio de la propiedad estatal, la planificación socialista y los llamados ideológicos, precisamente tres agentes culpables del fracaso reconocido por Marino Murillo. Por tanto, para superar el estado actual hay que liberar la economía de las trabas ideológicas, legalizar el derecho de los cubanos a ser propietarios y a recibir salarios en correspondencia con el costo de la vida, sin lo cual no hay ni habrá economía eficiente.
El camino transitado por el Decreto Ley 259 sobre la entrega de tierras ociosas en usufructo, el cual por sus limitaciones tuvo que ser reformado por Decreto-Ley 300, y que a su vez tendrá que sufrir nuevas modificaciones, indica que hay que desatar definitivamente el nudo que ha impedido la formación de pequeñas y medianas empresas privadas, mixtas o cooperativas, así como la formación de un empresariado nacional.
Si las empresas son organizaciones dedicadas a la satisfacción de demandas sociales y a generar beneficios a sus integrantes, no hay razón alguna que justifique la exclusión de los cubanos, un pueblo con iniciativas y un nivel de instrucción por encima del resto de los países que integran el bloque del ALBA, del cual Cuba forma parte y en los que existe una poderosa clase media que participa en los destinos económicos de sus respectivos países.
En Cuba, el germen de esa clase media está hoy en los trabajadores por cuenta propia. Lo que se requiere es dotarlos de personalidad jurídica y de derechos y libertades para vender sus productos, comprar los insumos, relacionarse con otros productores internos y externos, acceder a internet y asociarse para la defensa de sus intereses. La necesidad de esa clase se justifica, además, por los resultados negativos de muchas empresas estatales, como podemos ver en los siguientes cuatro ejemplos:
1. En el Valle de Caujerí, Guantánamo, se instaló una moderna fábrica de tecnología italiana para procesar toda la producción de tomate de esa zona. Sin embargo, según narra Lilibeth Alfonso en un reporte publicado en el periódico Venceremos del pasado 22 de marzo, a los productores se les informó que el 26 de febrero se recogerían los tomates envasados, pero el transporte no cumplió. Por eso varios productores perdieron miles de cajas de tomates envasados, mientras una cantidad similar permanecía sin recogerse por falta de envases, lo que representa una enorme pérdida. Además, la arrancada tardía de la fábrica y el tiempo parado por roturas ha obligado a trasladar el tomate contratado hacia la Fábrica de Guantánamo, con la consiguiente pérdida por la merma de peso y el gasto de transportación. Sin embargo, en esa misma zona existen campesinos con conocimientos y capacidad para montar pequeñas industrias locales que solo requieren de una decisión gubernamental.
2. Según Freddy Pérez Cabrera, autor de un artículo aparecido en el diario Granma el 20 de mayo, la Empresa de Suministros y Transportes Agropecuarios de Villa Clara mantenía 66 sistemas de riego diesel inactivos desde el 31 de octubre de 2012 en espera de la "conversión de precios". Esos equipos estaban destinados para ser vendidos a empresas estatales, pero solo cuatro de ellos fueron comercializados. Las gestiones para concretar un nuevo precio de venta con el Grupo Empresarial de Logística del MINAGRI y con el Ministerio de Finanzas y Precios, hasta ese momento no habían dado resultado. Por su parte la entidad encargada de fabricar dichos equipos carece de facultad para establecer o variar el importe de venta. Se trata de máquinas que antes se importaban y que ahora se producen en el país, en espera de la adecuación del precio.
3. Los talleres de la UEB Derivados del Alambre de Minas, Camagüey, se encuentran abarrotados de pallets cargados con 897 toneladas de clavos debido a la no extracción por parte de la empresa comercializadora, mientras esas puntillas están en falta en las unidades comerciales. Lo mismo ocurre con el taller de mallas galvanizadas, donde cientos de toneladas permanecen sin evacuar. Según Miguel Febles Hernández, en un artículo aparecido en Granma el 8 de abril de 2013, en esta fábrica, encargada de elaborar puntillas de 1 a 6 pulgadas, se invirtieron recursos para la instalación de máquinas de elevada productividad. Sin embargo, están a punto de detener la marcha productiva por la razón antes expuesta, lo que implica la pérdida de la estimulación salarial de los trabajadores. La traba consiste en que el principal transportista, "no cubre toda la demanda" pues no dispone de almacenes que permitan asumir grandes volúmenes de producción. Sin embargo, la población carece de las puntillas necesarias para las labores constructivas.
4. Un artículo de Freddy Pérez Cabrera, publicado el viernes 5 de abril de 2013 en Granma, nos narra que en el establecimiento Los atrevidos, en el año 2004 se adquirió una moderna máquina italiana a un costo superior a los 180 mil dólares y desde el año 2010 se acabó la tapa que sella el envase original para la crema de guayaba. Esta industria, capaz de confeccionar entre 1,5 y 2,0 toneladas en ocho horas de trabajo, se ve ahora obligada a emplear de ocho a diez trabajadores en vez de dos.
En los cuatro ejemplos reseñados se han invertido miles y miles de dólares que por diferentes razones no reportan los resultados esperados; una prueba indiscutible de la incapacidad del Estado, la inutilidad de la planificación y las trabas de los aparatos burocráticos, lo que pone a la orden la entrada en escena de las pequeñas y medianas empresas y con ellas el surgimiento de la necesaria clase media cubana.