En el salón de reuniones preferido de Raúl Castro, dotado de cristales y cortinas blindadas en el 4º piso del MINFAR, se efectuó el pasado 10 de mayo la última reunión ampliada del Consejo de Ministros.
Adel Yzquierdo, titular de Economía y Planificación, tocó las alarmas, afirmando que el robo de combustible adquiere matices preocupantes, y que los principales atracos se producen en refinerías, bases de transporte y servicentros.
Aseveró Yzquierdo que el carburante hurtado es vendido en el mercado negro a menos del 60% de su valor, y que para contrarrestar el robo se deben adquirir equipos de metraje de combustible e instalar localizadores GPS para vigilar los itinerarios del transporte ferroviario, etc.
Por su parte, la ministra de Justicia, María Esther Reus, alegó que para castigar los numerosos robos, primero debe repararse la dispersión legislativa de más 80 normas jurídicas, con duplicidad de regulaciones y contradicciones entre ellas.
Igualmente se debe resolver el inconveniente de los más de 15 mil inspectores que ejercen sin preparación profesional para el cargo.
Ni el oficialista diario Granma ni los noticiarios ampliaron más detalles.
Inmediatamente, los rumores y las polémicas se expandieron por las calles, donde a más del 45 % de los consultados les preocupa la probable subida de los precios del transporte particular de pasajeros.
Y es que la mayoría de los propietarios de los viejos automóviles norteamericanos, conocidos como "almendrones", cambiaron sus motores —haciendo una alta inversión— para usar combustible diesel, lo que les ha permitido recorrer el doble de kilómetros por litro y les resulta más rentable al poder comprar este carburante en el mercado negro a precios asequibles.
El diesel se vende oficialmente a 1,30 dólares el litro, solo superado en 10 centavos por la gasolina especial, el combustible más caro en el mercado cubano.
Muchos creen que para evitar una crisis de transporte, el Gobierno establecerá una tarjeta de racionamiento para los transportistas particulares, pero nadie sabe si los precios serán subsidiados o no.
Maritza León, una excajera de los servicentros Cupet-Cimex, dice que el Gobierno "habla de robo, pero debería mirarse en el espejo".
En Cuba incrementaron los precios de los hidrocarburos en 18% (año 2010) y 7% (año 2011). El alza, según las autoridades, fue causada por la subida del costo del combustible a nivel mundial.
Lo contradictorio es que Cuba compra petróleo a Venezuela a precio de convenio. El 60% se paga con servicios médicos y el 40% restante con pago crediticio al 1% de interés con extensión entre 17 y 25 años. ¿Con esas facilidades de pago, por qué se empeña el Gobierno en apretarle las tuercas a quienes viven del transporte y, así, perjudicar a toda la población?
Un festín de buitres
El cuentapropista Enrique González deja en evidencia otra arista relacionada con el robo. Hace poco le reparó un ventilador a un chofer estatal que no tenía dinero y que le propuso pagarle con cinco litros de gasolina. Enrique tiene un Fiat polaco heredado de su padre y el trueque le pareció favorable. "El combustible es como la tercera moneda en Cuba", justificó.
Pidiendo no ser identificado, un ex-chofer de 48 años cuenta que alteraba las hojas de ruta y después vendía a los pisteros estatales el combustible sobrante al 60% del precio oficial. Los pisteros le pagaban en efectivo tras verificar la tarjeta magnética en un scanner.
Un ex-pistero de 62 años de la corporación Cupet-Cimex que tampoco quiso identificarse afirma que "el robo de combustible es un problema más viejo que Matusalén". Cuenta que en 2001 hubo un "explote" de pisteros (despido masivo) en los servicentros Cupet-Cimex y Oro Negro-Cubalse.
El motivo de la expulsión, fue que los susodichos adquirieron tarjetas de combustible falsificadas en las oficinas del Consejo de Estado. Muchos de los cesanteados fueron interrogados en 100 y Aldabó, sede de la policía técnica DTI, pero el máximo responsable huyó al exterior con una fortuna. A pesar del escándalo, la prensa oficial ignoró el suceso.
El pistero alega que a él lo sacaron de su empleo los nuevos "trabajadores sociales" que el Gobierno instaló en las gasolineras en la madrugada del 26 de noviembre de 2005. "Al principio se incrementaron las ganancias, pero cuando los muchachos descubrieron las posibilidades de hacer dinero, robaron impunemente. El remedio fue peor que la enfermedad".
Dice que las mediciones en los tanques de combustible se hacen manualmente, mediante una regla graduada y una tabla de formulaciones. "Si para descargar el combustible utilizaran el metraje digital, se controlaría mejor el trasiego".
"El combustible es como un festín de buitres —agrega—. Los piperos luchan su tajada, parqueando los carros en desniveles o sacándole el aire a las gomas para que queden residuos de combustible en el tanque cuando descargan. Los inspectores admiten sobornos. Los clientes también roban, distrayendo a los pisteros y accionando las bombas a hurtadillas para rellenar sus tanques, esto es un relajo".
Otro chofer anónimo afirma que compró combustible de avión a un proveedor del aeropuerto, apuntando "que su Chevy 1954 caminaba como un Ferrari".
Pero Felipe Hernández de 84 años, quien trabajó en las trasnacionales Shell y Estándar Oil (Esso) antes de ser nacionalizadas por el Gobierno, dice que en aquella época, ni siquiera escuchó un rumor sobre robo de combustible.
El galón de gasolina costaba 32 centavos en los servicentros, en su totalidad particulares. A los trabajadores de este sector nos remuneraban con buenos sueldos, pero en aquellos tiempos la honradez era el principal requerimiento para mantener el empleo, porque costaba mucho trabajo conseguirlo.
"Según mi perspectiva —indica Felipe—, la solución más viable consiste en privatizar la industria del combustible y permitir que las trasnacionales la administren como antes de 1959, de lo contrario, ni con tanques y cañones lograrán que la gente deje de robar. Ya se acostumbraron a delinquir".