En algunos de los analisis sobre la situación cubana actual, se comete el error de separar las implicaciones de los cambios de índole económica de la esencia política de estos cambios.
En dictaduras como la existente en la Isla, donde el poder político absoluto impuso el control total sobre los procesos de la economía, las transformaciones en este sentido implican un costo político. Durante décadas, el gobierno de los Castro propició una burbuja de dependencia económica en la cual contuvo a los ciudadanos. A cambio de privarle de libertades esenciales, le ofreció una ilusión de bienestar social, que fue en realidad una economía de comunismo de cuartel.
Esa burbuja estalló por completo en el verano de 1993, cuando fue legalizada la circulación y tenencia de dólares en el país. Durante los últimos veinte años, el Estado ha tenido que ceder terreno en acápites donde su férreo control era inoperante, pero indiscutible.
La mayoría de los cubanos residentes en la Isla han vivido la mayor parte de su vida adulta con una venda de desconocimiento y miedos. Los miedos han comenzado a ser conjurados poco a poco en los últimos tiempos. La lucha por la supervivencia en un escenario económico cambiante conlleva la readaptación de las pautas personales. El desconocimiento de los cubanos sobre sus potencialidades como creadores de bienestar personal y familiar ha ido cediendo en estas circunstancias.
Es evidente la ineficacia de la estructura estatal para responder con efectividad a los dilemas que plantea la dinámica de la sociedad cubana actual. La solución que los gobernantes cubanos han aplicado en este caso pasa por desentenderse de los problemas del ciudadano común y centrarse en crear mecanismos de sostenimiento de su fórmula de poder como nomenclatura política. Y hace años que el cubano de a pie tomó plena conciencia del vacío del discurso político del régimen.
Frente a esta situación la mejor solución posible para todos podría ser la de soltar definitivamente y sin mucho ruido las amarras. Desentenderse de la suerte del poder político, del mismo modo que el poder político se desentiende de la suerte de los ciudadanos. Sin embargo, una economía supuestamente libre dentro de un régimen político totalitario es un contrasentido que el régimen insiste en imponer como solución.
Ninguna de las nuevas leyes y reglamentaciones que el "aperturismo raulista" ha puesto en vigor, garantiza el pleno derecho de los ciudadanos. Quien repasa con atención la nueva Ley migratoria y el decreto para la creación de cooperativas no agropecuarias comprende que todo este proceso puede ser abolido cuando al régimen le convenga. En ausencia de un estado de derecho y plenas libertades democráticas no hay garantía para la inversión privada y, por tanto, no hay verdadera libertad y desarrollo económico. La apertura económica debería ir aparejada a la transformación del sistema político, pero no ocurre así.
En estas circunstancias, quien no se sacuda de su mente los vestigios y reflejos condicionados de la dictadura de conciencia poco podrá hacer para adaptarse a los cambios más profundos que se avecinan. Quien no aprenda a vivir en democracia desde ahora, a nivel individual, no sabrá qué hacer cuando esta se haga efectiva en la vida
política de la nación.
La fórmula de la transición la tenemos todos. Cada cubano tiene su fragmento de esa fórmula, instalada en silencio como la pieza de un rompecabezas que cada día está más listo para ser armado. Cada pieza es interdependiente con las demás y al mismo tiempo puede valerse por sí misma.
La idea de que existen iluminados conductores de la transición es una trampa del ego donde muchos se refugian para eludir o justificar su falta de madurez y responsabilidad ciudadanas. Todos los que tenemos percepción de la necesidad del cambio estamos en el deber de llevar esta idea a nuestros compatriotas. Debemos hacerlo sin personalismos ni tomas de protagonismo estériles, que a la postre acaban reproduciendo la norma autocrática del poder que entre todos queremos abolir.