"El que no pueda cumplir que me avise y me entregue el cargo", advirtió Nicolás Maduro al ordenar este lunes a 23 empresas estatales, incluida la petrolera PDVSA, que vendieran el 15% de su producción en la moneda virtual petro, creada el año pasado por el régimen venezolano pero hasta ahora con una incidencia nula en los mercados.
Esta medida, junto con el aumento en un 300% del salario mínimo, forman parte del plan diseñado por el Gobierno venezolano con el fin de reanimar la economía y frenar la pérdida del poder adquisitivo de una población fuertemente castigada por la espiral inflacionaria.
El país caribeño atraviesa desde hace varios años una gravísima recesión. Entre el 2013 y el 2018, el PIB se ha contraído en un 44%. La producción petrolífera ha alcanzado mínimos históricos, superando apenas 1.000.000 de barriles por día, cuando en 2012 la extracción diaria de crudo era aún de 2,6 millones.
La inflación también bate récords al oscilar en 2018 alrededor de 1.300.000%. Lo cual se refleja en una pauperización generalizada: actualmente, cerca del 80% de la población viviría por debajo del umbral de pobreza. No en balde, más de 2,5 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2014.
En este contexto, es poco probable que las medidas anunciadas por Maduro incidan en una mejora de la situación.
Ya el año pasado el Gobierno venezolano decretó en varias ocasiones el aumento del salario mínimo, sometió el bolívar a un nuevo tipo de cambio y lanzó el petro a los mercados.
Todo ello se tradujo en una depreciación incesante del bolívar y la dolarización de hecho de la economía al convertirse la divisa estadounidense en un refugio contra la hiperinflación y ser usada en todo tipo de transacciones: consultas médicas, carreras de taxis, el pago de los alquileres de las viviendas o incluso los productos de primera necesidad.
En cuanto a la criptomoneda, el petro, que supuestamente debía paliar la insuficiencia de divisas y la devaluación del bolívar, sigue sin encontrar aval en los mercados internacionales y ni siquiera logra una implantación adecuada en el territorio nacional.
Por tanto, lo decretado por Maduro este lunes no hace sino incurrir una vez más en una política monetaria que continuará alimentando el bucle inflacionario.
Una economía moribunda
El marasmo en que se encuentra atrapada la economía venezolana se debe a la confluencia de varios factores.
En primer lugar, el hecho de que más del 90% de las divisas del país procedan de los ingresos del petróleo vuelve la economía sumamente vulnerable ante las bruscas oscilaciones del precio del crudo que han caracterizado la última década.
A ello se suma una pésima gestión de la petrolera estatal PDVSA. No solo en las últimas décadas la producción se ha reducido de dos tercios, sino que el parque de refinerías está funcionando a un 30% de sus capacidades, debido a la falta de inversión y al envejecimiento de la infraestructura.
A su vez el clientelismo político ha incidido en la burocratización de la empresa que ha prácticamente cuadriplicado el número de sus empleados, pasando de 38.000 a casi 150.000.
También la ola de nacionalización de empresas, efectuada en la segunda mitad de la década pasada, ha pesado en el descalabro económico. Este proceso se hizo de manera errática. Con frecuencia se impusieron criterios arbitrarios y no hubo un diseño adecuado para la gestión del aparato productivo que llegó a manos del Estado.
El periodo de bonanza que marcó la primera década del siglo, por la alta cotización del petróleo, hizo que se descuidara la inversión en la industria y la agricultura. El país importa pues 80% de los productos que consume, pero las importaciones han disminuido en más del 70% desde 2012. Una ecuación que resulta en la escasez crónica de todo tipo de bienes y alimentos.
De semejante modo, el uso discrecional de los fondos del Estado ha dejado seriamente en peligro los programas sociales que lograran una reducción apreciable de la pobreza y la desigualdad en los primeros años del chavismo.
Así, en vez de alzar un edifico social sostenible, basado en mecanismos de redistribución universales e imparciales, el régimen venezolano, primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, ha tejido una gran red clientelar, pero por ello mismo demasiado frágil como para aguantar los altibajos económicos o las embestidas políticas.
De ahí el brusco incremento de la pobreza en los últimos años.
Por último, el altísimo grado de corrupción que conoce el país ha hecho que los círculos cercanos al poder hayan torpedeado los propios proyectos de desarrollo del Gobierno, mediante una malversación de fondos estructural y a gran escala.
En noviembre pasado la detención de Eulogio del Pino y Nelson Martínez y la orden de captura contra Rafael Ramírez, todos expresidentes de PDVSA, apuntaba a una purga en las altas esferas del régimen.
Contrataciones por sobornos, manejo irregular de los recursos destinados al mantenimiento de refinerías, desfalco del fondo de pensiones de los trabajadores, compra con sobreprecios de plantas eléctricas, serían solo algunos de los delitos detectados en un entramado de corrupción que superaría los 10.000 millones de dólares.
Hay que tomar con pinzas las acusaciones y los montos avanzados por el Ministerio Público, pero dan idea de la magnitud de la corrupción que medra en el régimen.
Según la ONG Transparencia Internacional, Venezuela tiene los niveles de corrupción más altos de la región.
Aislamiento político
A todo lo anterior se añade la creciente presión internacional. A las sanciones de EEUU y la UE se suman ahora las de los gobiernos latinoamericanos aglutinados en el Grupo de Lima.
Salvo México, los países más grandes de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú) acordaron no reconocer el nuevo mandato de Nicolás Maduro por ser producto de un proceso ilegítimo, ya que no cumple las garantías democráticas.
También decidieron prohibir la entrada en sus territorios a los altos funcionarios venezolanos y a sus familiares.
Para romper un aislamiento cada vez mayor, estos últimos años el régimen de Maduro ha ido estrechando vínculos con países como China, Rusia y Turquía. Pero, pese a las declaraciones del oficialismo, la colaboración económica con estos países sigue siendo relativamente modesta.
El Gobierno de Recep Erdogan, por ejemplo, ha prometido invertir más de 5.000 millones de dólares en distintas áreas de la economía caribeña. Sin embargo, tan solo PDVSA necesitaría al menos 15.000 millones de dólares para relanzar su producción.
De igual modo, si bien Rusia parece proclive a reestructurar los 17.000 millones de dólares que le debe el Gobierno de Maduro, este monto representa poco más del 10% de los 150.000 millones de dólares que constituyen la deuda externa venezolana.
De hecho, dada la falta de garantías para controlar el manejo de hipotéticas inversiones, las empresas chinas y rusas que operan en el sector petrolífero venezolano se limitan a mantener su nivel de explotación.
Sin dudas, el respaldo político de pesos pesados como China, Rusia y Turquía no es desdeñable en la escena internacional. Pero, a corto plazo, es poco probable que sean ellos los motores del rescate económico.
En lo inmediato, un cambio de situación en el país dependerá ante todo de factores políticos internos. Por una parte, queda por ver hasta qué punto la oposición tendrá capacidad de articularse y de volver a movilizar la ciudadanía.
Por otra parte, no menos crucial será la cohesión que logre guardar el oficialismo en la pugna por el dominio de las calles.
En este sentido, el reciente episodio del arresto del dirigente opositor Juan Guaidó es ilustrativo. Detenido el domingo pasado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), Guaidó fue liberado luego de que el Gobierno desautorizara la operación, anunciando la destitución y la investigación de los funcionarios que participaron en ella.
Un paso en falso que puede ser indicio de nerviosismo en un periodo sumamente delicado, cuando no de luchas intestinas en los círculos de poder.