Elías Antonio Saca ((2004-2009) se convirtió este martes en el primer expresidente de la historia democrática de El Salvador en enfrentar un juicio penal por delitos de corrupción y admitirá su responsabilidad para obtener una pena de cárcel menor, reporta EFE.
En un movimiento legal inesperado, Saca y tres de sus excolaboradores aceptaron confesar —en fecha aún por establecer, ante los tres jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, en un "juicio abreviado"— la forma en la que extrajeron y lavaron más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal.
"Doy mi consentimiento al juicio abreviado. He conocido todos los detalles, hemos discutido con mi defensa y hablado con la Fiscalía", dijo Saca al ser preguntado por uno de los jueces sobre el trato.
Los otros implicados que se acogieron a este beneficio legal fueron los exsecretarios Privado, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente.
Los jueces del tribunal admitieron la solicitud e instalaron el "juicio abreviado" y también decidieron procesar de manera simultánea en "juicio común" a los otros tres implicados, dado que la Fiscalía no ha resuelto su solicitud de pactar.
El acuerdo estipula que Saca y Charlaix purgarán una pena de diez años de prisión, mientras que Rank y Funes solo serán condenados a cinco años de cárcel, sin la posibilidad de apelar ni recibir beneficios como la libertad condicional y deberán reintegrar parte de los fondos malversados.
Los otros procesados son Pablo Gómez y Francisco Rodríguez Arteaga, quienes podrían enfrentar hasta 30 años de prisión, mientras que Jorge Alberto Herrera, hasta 15 años de cárcel.
El jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF), Jorge Cortez, celebró el acuerdo alcanzado y calificó la futura condena de Saca como un "hecho histórico".
"Es el primer expresidente de la República que será condenado a pena de prisión y que estará por un largo tiempo en un centro penal" por delitos de corrupción, apuntó el jefe fiscal.
El abogado defensor de Saca, Mario Machado, dijo a periodistas que la admisión de los delitos no implica que Saca reconocerá la malversación de los más de 300 millones de dólares, sino que solo de una parte, sin entrar en detalles.
"Técnicamente es difícil probar lo que la Fiscalía busca probar, pero políticamente ya condenaron a los señores y esa presión cuesta cargarla", sostuvo el letrado.
Durante este primer día de juicio, que estaba planificado para unos dos meses de duración, la Fiscalía presentó sus alegatos iniciales.
"Estas personas montaron una estructura criminal dentro de la Presidencia" para "desviar esos fondos a beneficio particular", dijo uno de los fiscales del caso durante el juicio.
El representante del Ministerio Público explicó que Saca y sus colaboradores crearon una "reglamento interno" para tener una "justificación legal" de la extracción del dinero y que además les permitía depositarlos en cuentas particulares.
Añadió que los mismos eran movidos como "gastos reservados" para "actividades de inteligencia", por lo que la información relacionada era considerada como "secreto de Estado".
El partido que llevó a Saca al poder, el derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) resultó nuevamente salpicado en esta trama de corrupción, dado que el fiscal señaló que recibió 7,6 millones de dólares de los fondos malversados.
Esta no es la primera vez que el partido es implicado en un caso de corrupción. En 2015 el difunto expresidente Francisco Flores (1999-2004) fue enviado a juicio por supuestamente apropiarse de cinco millones de dólares donados por Taiwán y desviar otros diez millones a las cuentas de ARENA.
La exdiputada de ARENA y exvicepresidenta entre 2004 y 2009, Ana Vilma de Escobar, también aceptó en febrero de 2016 que estos fondos sirvieron para financiar la campaña electoral con la que Saca llegó al poder.
Saca, empresario de medios de comunicación, se convirtió así en el primer expresidente de la democracia salvadoreña en enfrentar un juicio por delitos de corrupción, dado que su predecesor en el Ejecutivo, Francisco Flores, fue enviado a esta etapa en 2015, pero falleció antes de que se instalara.
Los casos de corrupción que implican a expresidentes, incluido Mauricio Funes, asilado en Nicaragua y requerido por supuestamente malversar más de 351 millones de dólares, suman más de 666 millones de dólares.