El Consejo de Estado de la República de Cuba anunció mediante un acuerdo publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 50 de 2022 la "liberación" del juez Plácido Batista Veranes como presidente de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular (TSP), puesto que desempeñaba desde 2001.
La causa aducida por el Consejo de Estado para la "liberación" es "por renovación", sin dar más detalles. Por la edad de Batista Veranes, 71 años, podría tratarse de una jubilación.
El juez se encuentra en la lista de represores cubanos que elabora la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) por su papel en los juicios contra los manifestantes del 11 de julio.
De acuerdo con la FDHC, Batista Veranes fue uno de los jueces del tribunal que rechazó la apelación de 30 manifestantes del 11J contra la sentencia 10 de 2022, dictada en la causa 11 de 2021, por los delitos de hurto y sedición.
"El tribunal impuso penas de entre diez a 23 años de prisión a los manifestantes pacíficos, en su mayoría jóvenes", denunció la FDHC.
Según la información publicada en la Gaceta Oficial, la jueza cubana Iliana Julia Gómez Guerra, quien presidía la Sala de lo Penal del TSP, pasará a ocupar el cargo de presidenta de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado de dicha institución.
La ONG Justicia11J también señaló a Batista Veranes como uno de los principales responsables de las desproporcionadas condenas contra los cubanos que protestaron en julio pasado y pidió a "los gobiernos democráticos que, en solidaridad, apliquen sanciones a estos funcionarios públicos, culpables del delito de prevaricación, definido en los artículos 136, 137, 138 y 139 de la Ley No. 62 del Código Penal cubano".
El pasado mes de junio el juez de 71 años fue condecorado con la distinción de Magistrado Emérito, una categoría entregada por primera vez en la historia del sistema de tribunales populares cubanos por "sus años de servicio y vasta experiencia en la impartición de justicia", de acuerdo con una nota de Radio Reloj.
Además de los recientes juicios contra manifestantes del 11J, Batista Veranes fue parte del tribunal dictaminó el fusilamiento de los jóvenes que intentaron emigrar a EEUU en 2003 a bordo de la "lanchita" de Regla.
También fue parte del tribunal que en 1997 dictó la sentencia de muerte a Francisco Antonio Chávez Abarca, un ciudadano de El Salvador acusado de ser uno de los autores de las explosiones del hotel Copacabana, aunque finalmente no se llegó a ejecutar.
Antes de ocupar el cargo de presidente de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, del TSP, Veranos Batista formó parte del Tribunal Regional Popular de Marianao como jurista entre 1977 y 1978, año en que pasó a presidirlo hasta 1983.
En 1984 fue designado como presidente de sala del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, puesto que ocupó hasta 2001.
En un país donde no existe un sistema judicial independiente ni un Estado de derecho, las penas impuestas por ese juez son su responsabilidad compartida con los que allí mandan.
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